El gobierno de Bolsonaro ha convertido a Brasil en un paraíso para los pesticidas

Tomado: New York Times

28 agosto del 2019

Desde enero, 290 agroquímicos han sido aprobados para entrar en el mercado brasileño y las autoridades están evaluando unos 530 productos más, lo que convierte al país en un oasis para la industria mientras muchos productos se prohíben en Europa y Estados Unidos.

Mucho antes de que la imágenes de la Amazonía en llamas recorrieran el mundo, y de que los medios internacionales empezaran a prestar atención a las políticas ambientales del gobierno brasileño, la noticia había generado una gran polémica en el país: desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia en enero, Brasil ha aprobado un número récord de nuevos agroquímicos para que ingresen al mercado.

En los primeros siete meses del año, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los registros de 290 productos nuevos, una cantidad que supera (y hasta triplica) la cantidad de pesticidas aprobados en el mismo período los años anteriores. Y el Ministerio de Agricultura inició los procedimientos para evaluar unos 530 productos más, lo que convierte a Brasil en un paraíso para los pesticidas.

La aprobación del gobierno brasileño es una buena noticia para las empresas internacionales de agroquímicos, ya que más del 65 por ciento de los nuevos productos registrados son fabricados por compañías extranjeras. Y además, la apertura del mercado brasileño llega en un momento en que varios de estos químicos están siendo prohibidos o ya han sido vetados en en otros países por su toxicidad o sus consecuencias en el ambiente.

Según el profesor Victor Pelaez, de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), Brasil ya es el mayor importador de plaguicidas del mundo. Y el país también figura desde hace años como uno de los principales consumidores: en el último estudio global realizado por la FAO en 2013, aparece como el mayor consumidor mundial de pesticidas en términos absolutos y el séptimo en comparación con la superficie cultivada.

Las empresas alemanas BASF y Bayer, la estadounidense DowDuPont —que en junio se disolvió en tres compañías independientes— y Syngenta —de origen suizo pero adquirida en años recientes por capitales chinos—, lideran el mercado brasileño en la oferta de pesticidas. Poco a poco, las compañías chinas también ganan espacio: Adama logró aprobar 24 nuevos registros de productos este año y Rainbow consiguió 17.

El mercado brasileño no solo es muy prometedor por su potencial —después de todo, Brasil es el tercer mayor exportador mundial de productos agrícolas—, sino porque es barato obtener permiso para vender pesticidas. Según Pelaez, en 2015 el costo de registro fue de unos mil dólares por producto. En los Estados Unidos, la misma compañía tendría que desembolsar unos 630.000 dólares para colocar su plaguicida en las tiendas.

Entre las nuevas aprobaciones, 87 productos son extremadamente tóxicos y 34 son altamente tóxicos según el propio gobierno.

El sulfoxaflor, por ejemplo, un producto patentado por Dow Agrosciences que se estrena en el mercado brasileño, fue suspendido en 2015 en Estados Unidos tras una demanda de organizaciones de apicultores que alegaron que no se conocía lo suficiente acerca de lo que les hacía a las abejas, y ha sido señalado por su efecto negativo en la reproducción de los insectos polinizadores. (El mes pasado, la agencia ambiental del gobierno de Trump anunció que volvería a autorizar su uso a pesar de las demandas por daños al ambiente o a las personas).

En Brasil se lanzaron seis productos a base de sulfoxaflor para fumigar cultivos de algodón, cítricos, frijoles, melón, sandía, soja, tomate y trigo, con algunas restricciones.

Otros productos aprobados para entrar al mercado brasileño tienen como base el fipronil, un insecticida que actúa sobre las células nerviosas de los insectos y, además de usarse contra las plagas en los cultivos de manzana y girasol, se usa incluso en collares antipulgas. El fipronil ha sido prohibido en países europeos como Francia desde 2004, acusado de diezmar las poblaciones de abejas. Según el registro publicado en el Boletín Oficial, está clasificado como moderadamente tóxico y muy peligroso para el medio ambiente. Fue legalizado y está indicado para cultivos de algodón, arroz, cebada, frijoles, maíz, pastos, soja y trigo.

También fueron aprobados nuevos productos que tienen como componente base el diquat, un herbicida cuyo registro fue revocado en la Unión Europea a finales de 2018 debido al alto riesgo para los trabajadores y los residentes de áreas cercanas a la aplicación del producto. En Europa tendrá que ser retirado del mercado para febrero próximo.

“Aparecieron venenos muy fuertes. Los fumigan por la mañana y por la tarde comienzan a aparecer abejas muertas”, dijo a finales del año pasado Salvador Gonçalves, presidente de la asociación de apicultores de la ciudad de Cruz Alta en Rio Grande do Sul, en una entrevista con Agencia Pública. Apenas tres meses después de la victoria de Bolsonaro, apicultores de cuatro estados brasileños registraron 500 millones de abejas muertas.

Otras noticias denuncian un número alarmante de intoxicaciones que afectan incluso a los niños que estudian en escuelas rurales ubicadas cerca de las plantaciones. En noviembre se registraron en el interior de Paraná más de 50 casos de niños con náuseas, vómitos e irritación de la piel. Desde 2007, 26.000 personas en Brasil han sido ingresadas en hospitales públicos con envenenamiento por pesticidas, de las cuales 1400 eran niños de hasta 9 años.

Aunque los expertos en salud pública y medioambiente advierten sobre las consecuencias del uso intensivo de pesticidas, el Ministerio de Agricultura y las empresas que los fabrican e importan han trabajado intensamente para convencer a la población de que el aumento de la competencia “reducirá el costo de los productos” y no tendrá ningún impacto en la salud o el medioambiente.

En sintonía con ese discurso, los sindicatos de agricultores de soja, algodón y pesticidas lanzaron la iniciativa AgroSaber, un sitio web cuyo lema es: “La mayor plaga es la desinformación”. El portal se dedica a defender que el uso de pesticidas es 100 por ciento seguro y que incluso “no hay evidencia científica que vincule los casos de cáncer con el uso de pesticidas”. A las historias que contradicen esta afirmación, las acusan de ser noticias falsas.

El sitio ha calificado incluso como fake news y “campaña de desinformación” a un programa humorístico de TV Globo, Zorra total, que bromeaba con las consecuencias del uso de agrotóxicos, y se empeña en comparar los pesticidas con “remedios genéricos”:

“La verdad es que, de los 290 registros publicados por el gobierno federal, apenas 7 moléculas son nuevas; o sea, 283 etiquetas son solo genéricas, al igual que los remedios tan populares entre los brasileños”, dice. “¡No creas en la musiquita, no creas en la animación colorida y no caigas en las fake news!”.

La propia ministra de Agricultura, Tereza Cristina, dijo en una reunión en mayo que los reportes sobre la contaminación por pesticidas son “noticias falsas” y convocó a los empresarios de agronegocios a “una fuerte reacción del sector contra las fake news”. En más de una ocasión, la ministra ha dicho que quienes publican esas informaciones son “enemigos” de la agricultura brasileña.

Al enfocar su atención en criticar y descalificar a quienes publican los hechos —la vieja estrategia de “atacar al mensajero” que tanto le gusta a Bolsonaro—, el gobierno brasileño parece no darse cuenta de que, lo quiera o no, será responsable ante muchas personas. Entre ellas, sus mayores clientes.

Mientras el Mercosur acaba de firmar un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, la cadena sueca de supermercados Paradiset —la mayor red de productos orgánicos del país—, decidió suspender la venta de productos brasileños, lo cual no es un buen presagio en esta era de integración comercial.

“Una mañana leí en el periódico que el gobierno de Bolsonaro estaba enloqueciendo con los pesticidas y que casi 200 habían sido liberados en el mercado. Me quedé muy molesto y frustrado ”, explicó el empresario sueco Johannes Cullberg, presidente de Paradiset, en una entrevista reciente. “He decidido que no puedo soportar ese tipo de comportamiento. Me di cuenta de que la única forma de mostrar mi insatisfacción es boicotear todos los productos brasileños en nuestras tiendas”, dijo.