A derrotar el proyecto de ley 120!

                                                              Análisis del proyecto de ley 120

Mientras se libraba la lucha del magisterio contra el 012, hoy Acto Legislativo 1 de 2001, se explicó ampliamente que la reforma constitucional conduciría a modificar la ley 60 de 1993. Esto se concretó el 25 de septiembre pasado cuando el gobierno presentó al Congreso el “Proyecto de ley (120) de distribución de competencias y participaciones”.

Se trata del más grande atentado contra la educación pública, los derechos democráticos y las reivindicaciones económicas del magisterio, alcanzados en décadas de aguerridas batallas. De ahí que para derrotar esta política se requerirá de un combate de aún mayores dimensiones que el librado contra el 012 y, por tanto, de la más inquebrantable unidad y decisión de los educadores y su organización gremial, además del apoyo de los padres de familia, el estudiantado y del resto de trabajadores.

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El Título I del proyecto sobre «disposiciones generales», define la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP: 58.5% para educación, 24.5% para salud y 17% de propósito general. De entrada, se reduce el porcentaje que antes se destinaba a educación; pero, además, se ordena descontar directamente casi 400 mil millones de pesos de la «bolsa común», el 3.4%, con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, para cubrir el pasivo pensional de educación, salud y otros sectores.

El Capítulo I del Título II establece las competencias de la nación en materia educativa. Ésta deja de prestar y administrar el servicio, pero centraliza férreos poderes que le permiten obligar a las entidades territoriales a congelar o a reducir el gasto educativo a cargo de la nación; a abolir el estatuto docente, y a consagrar como régimen disciplinario el de la ley 200 de 1995. También excluye de la carrera docente a distintos funcionarios como los supervisores, y busca hacinar aún más a los alumnos en las aulas imponiendo un absurdo criterio “técnico”, bajo el falso supuesto de que la cantidad de maestros es excesiva pero que está mal distribuida.

El criterio de alumnos por maestro llevará también al cierre de numerosos planteles que no cumplan con la cantidad requerida de estudiantes.

En el Capítulo II a los departamentos, distritos y municipios se les asignan las funciones de prestar el servicio educativo directamente o mediante contratación con entidades privadas; realizar concursos, efectuar nombramientos y autorizar ascensos; trasladar docentes y personal administrativo a su antojo con el único requisito de expedir los respectivos actos administrativos; evaluar el desempeño de rectores, directores, docentes, directivos docentes y trabajadores administrativos; inspeccionar, vigilar y supervisar los establecimientos, para lo cual pueden contratar interventorías y auditorías con particulares. Todas las competencias, salvo la nominación y el traslado de docentes, se podrán delegar en los establecimientos educativos.

Contratar sin ningún límite con instituciones particulares, con cargo al SGP, es el anuncio de la generalizada entrega de escuelas y colegios a negociantes privados de la educación para que hagan grandes ganancias a costa de los dineros públicos. Lo mismo sucederá con las áreas de supervisión y vigilancia como ya está sucediendo en Bogotá. La transferencia total de la administración a los alcaldes y rectores, es decir la municipalización y la “plantelización”, anula el escalafón nacional. Por otra parte la ampliación de la cobertura quedará en manos de entes territoriales quebrados, que traspasarán esos costos a la población empobrecida.

El Capítulo III trata de las instituciones educativas, los recursos y los rectores. Las instituciones se definen como el conjunto de bienes y personas cuya función es prestar un año de educación preescolar y como mínimo nueve de básica. Se acaba con el preescolar de tres niveles y con la obligación estatal de brindar la educación media. Prácticamente, se le niega a los pobres el acceso a la enseñanza media. Los rectores concentrarán el manejo del personal docente y administrativo; participarán en la selección de los docentes, les distribuirán las asignaciones académicas; evaluarán su desempeño y les impondrán sanciones disciplinarias; decidirán quiénes se capacitarán y quiénes no. Los rectores quedan prácticamente con la facultad nominadora y de hecho se suprime el Sistema Nacional de Educación y la carrera docente. Toda la suerte de los educadores queda a merced del rector. Pero estos mismos, los rectores gerentes, como los llama la Secretaría de Educación del Distrito, quedan al arbitrio de alcaldes o gobernadores, mediante la evaluación de su desempeño cada dos años.

Según el Capítulo IV, los recursos del SGP para educación se destinarán al pago salarial y prestacional del personal administrativo y docente y a abonar las facturas del servicio que hayan prestado las instituciones privadas ¡esto último sí será francachela y comilona con los dineros de la educación pública! Los recursos estatales no se utilizarán para satisfacer las necesidades de la educación sino para cubrir unas sumas mínimas por alumno, teniendo como límite el monto del SGP para educación. Quiere decir que los recursos por alumno serán cada vez menores, dado que el Acto Legislativo prácticamente los congeló mientras que la población crece. Todo ello sin contar con el déficit actual de más de tres millones de cupos.

En el Capítulo V sobre disposiciones especiales en educación, se establece que las entidades certificadas, aquellas que pueden manejar los recursos, son los distritos, las capitales departamentales y los municipios de más de 100 mil habitantes. Los de menos de 100 mil que cumplan los requisitos, podrán certificarse. Los distritos, municipios y departamentos no podrán adquirir compromisos, ni autorizar plantas de personal, ni efectuar ascensos en el escalafón, ni asumir ningún otro costo que supere los montos asignados para educación por el SGP. A la discrecionalidad para trasladar maestros que se les otorga a los entes territoriales, se agrega que si éstos no usan esa facultad, la nación podrá obligarlos, y a los afectados se les niega la posibilidad de disputar legalmente contra la desmejora laboral y no habrá lugar a reclamaciones de ningún tipo. Sólo se podrán crear cargos docentes y administrativos si se demuestra la disponibilidad de fondos y se cuenta con la autorización expresa y escrita de la nación, esto es simplemente congelar la nómina.

En el mismo apartado se habla de «sostenibilidad» que, en cuanto al régimen pensional, consistirá en que los nuevos costos que se generen por la reforma del régimen actual, o sea por el incremento de las cotizaciones patronales y de los maestros, no podrán financiarse con cargo a los recursos del SGP. ¿Quién, junto con los maestros, correrá con esa nueva carga? ¿Acaso los departamentos y municipios en bancarrota? Además los funcionarios que se vinculen a partir de esta ley se regirán por un nuevo sistema de carrera docente. El ascenso en el escalafón no será automático; sólo será posible cuando los recursos sean suficientes para realizarlo, haya una plaza vacante, el docente gane el concurso, y se expida el acto administrativo de reconocimiento, debidamente respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal: adiós a los ascensos. Los directores de núcleo serán empleados públicos sometidos al régimen ordinario de carrera administrativa.

Y como prueba del odio fascista contra los educadores, se les prohíbe tajantemente representar a los padres de familia, a los ciudadanos, o a cualquier otro sector de la sociedad en las juntas o consejos de los centros educativos.

Argumentando el incumplimiento de alguna norma o de estándares de calidad, las autoridades superiores impondrán a las entidades territoriales interventorías de evaluación a cargo de empresas privadas, las cuales además de determinar contenidos y métodos educativos, se alzarán con jugosos recursos del SGP. Esto puede conducir al nombramiento de una peculiar administración temporal o especial, también paga con recursos del SGP.

El proyecto señala que en el último año del período de transición se establecerán las nóminas definitivas de cargos docentes y administrativos de los planteles, lo que pone a todos y cada uno de los maestros colombianos en interinidad. Por ello ya el ministro anunció el despido de 150 mil maestros. Se liquidará la planta de servicios generales ya que sólo se transferirán los cargos administrativos directamente vinculados con el servicio educativo.Violando hasta lo establecido en la reforma constitucional de la transferencias, que dispusó vincular automáticamente, desde el 1 de enero de 2002, a los 90 mil maestros que se hallaban contratados por Orden de Prestación de Servicios, OPS, ahora se pretende que concursen y se sometan a un nuevo régimen de carrera docente.

En el capítulo VI se dice que la ley tendrá un período de transición de dos años; que la planta de personal docente y administrativo será provisional durante un lapso igual; que el nombramiento en las plantas provisionales financiadas por el SGP lo harán las entidades territoriales, «dando prioridad» al personal actualmente vinculado que cumpla con los requisitos. Si no se le dan tantas vueltas, es una confirmación de que se le ha puesto punto final a la estabilidad y que todos los maestros empezaremos a hacer cola para ver si nos nombran.

De un tajo se nos quiere arrebatar lo poco que hemos conquistado en una dura brega. Si se imponen las pretensiones del gobierno no quedará en pie el estatuto docente, ni su régimen de ascensos y disciplinario.

Se atomizará a los maestros, quienes tendrán que vérselas con los rectores convertidos en pequeños patronos. Se impondrá la contratación por meses, con jornadas extenuantes y salarios miserables.Campeará el mercantilismo con la educación. Crecerán la deserción escolar y la ignorancia. Fecode, nuestra poderosa organización, que ha amparado nuestros derechos y librado batallas en defensa de la educación y de los intereses nacionales, sufrirá un rudo golpe.

Ante tamaño reto los profesores, la juventud, y todos los demás amantes del progreso y de la nación, tienen el compromiso ineludible de salir a la lucha para impedir que Pastrana y el FMI lleven a cabo sus infames propósitos. La dirección de la ADE debe ponerse al frente, explicar ampliamente qué es lo que está en juego, alentar a los desanimados, orientar a quienes estén confundidos, y superar todas las dificultades. Con el argumento de que no hay condiciones, no se le puede facilitar al régimen la aplicación de su política. Es necesario que todos comprendamos que el único camino es el paro, la movilización y la protesta para que la nueva ley no vulnere los principales derechos de educandos y educadores, y que quienes llamen a conciliar o a que se maquille el proyecto de ley, fomentan ilusiones y debilitan la voluntad de lucha de los maestros y del pueblo. No hay sino una sola salida inteligente, desarrollar la más portentosa batalla que jamás hayamos realizado.

 

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