Aprestémonos para las luchas que se avecinan

Leonardo da Vinci ha querido presentar a los lectores un informe sobre el 012 y las luchas que se avecinan, para lo cual Yolanda Silva* entrevistó a comienzos de septiembre a tres directivos de Fecode, Gloria Ramírez, Raúl Arroyave y Jorge Guevara.

L. Da V. ¿Qué significa para el pueblo colombiano y el sector educativo la aprobación del acto legislativo 012?

Gloria Ramírez: Contra el Acto Legislativo se formó un gran Frente Común de resistencia. Se pretendía evitar la reforma a la Constitución Nacional, que recortó los recursos de los ingresos corrientes de la Nación destinados  específicamente para salud y educación.

Con la  reforma, ha cambiado este sistema se crea una bolsa  general llamada Sistema General de Participaciones, SGP, lo que significa una gran merma presupuestal para las entidades territoriales. Es decir, los departamentos y municipios, no van a recibir los recursos como están  hoy.  Ya no aumentarán de acuerdo con los ingresos corrientes (los impuestos de este país), sino  de acuerdo al producto interno. Es importante que entendamos que este impacto lo empezaremos a sentir dentro de dos años, cuando el gobierno no podrá nombrar ni un maestro más y tendrá que congelar los costos salariales y educativos. El gobierno ha planteado la reestructuración del sistema educativo, consistente en ampliar la cobertura incrementando la productividad de los docentes, es decir, la ecuación que vienen utilizando de pasar  un promedio de 28 estudiantes por docente y a futuro, de 35. Si se miran estas cifras, diremos que es normal que un profesor tenga 28 alumnos por grupo, pero este promedio no es real. En Bogotá  se trabaja con más de 40 alumnos y lo mismo sucede en las otras capitales. El gobierno ha cogido 300.000 educadores, los divide por el número de estudiantes y con este resultado dice: sin nombrar un solo educador más, se aumenta la cobertura educativa. Si no se cumple la ecuación, se cierra el colegio, esto es grave en el campo, donde se trabaja con 25 a 30 estudiantes, pues en algunos lugares hay  grupos de 15 a 18 alumnos esto amerita que haya un profesor en esa escuela  pero según el gobierno, los recursos van para otro lado.

El otro propósito es cambiar el sistema de financiación. Ya no va a ser una oferta donde el Estado presta un servicio a las comunidades que así lo requieran y así lo necesiten; va a pasarse al sistema de financiación por el subsidio a la demanda: tantos estudiantes tanto subsidio. No interesa si eso  alcanza o no para pagar la nómina de los educadores, sencillamente les dicen: si tiene 30 estudiantes y cada uno cuesta $500.000, eso es lo que se les entrega. Si faltan recursos tendrán que  buscarlos con las comunidades. Se aplica lo que ellos vienen diciendo: “la plata debe seguir a los niños”.

El gobierno plantea que  la plata de la educación los niños, se queda en los docentes. Lo que  llaman “factores de renta”, los que se deben minimizar. Esto significa congelar el escalafón docente, bajar los salarios, aplicar metas de desempeño, que no tengan estabilidad laboral para de esa manera aumentar la productividad. Les tenemos que  decir a los padres de familia que esto significa el traslado de la responsabilidad del Estado, hacia las comunidades  que progresivamente tendrán que asumir los costos de la educación.

Son puntos supremamente graves de lo que se viene. Nosotros nos estamos preparando muy bien, porque el gobierno ha empezado una campaña publicitaria ofensiva, hablando de la calidad de la educación. Pensamos que la enseñanza pública es un servicio que el Estado debe, mejorar e invertir recursos en los niños y en las escuelas. No podemos abordar la calidad desde un punto de vista mercantilista dejando a un lado el ser integral, los valores, la convivencia que también son razones importantes del proceso educativo. Eso es un reto. FECODE se ha opuesto y seguirá oponiéndose a que la escuela sea tratada como una empresa, a que los niños sean tenidos como unos clientes y, desde luego, todo esto acompañado de la precarización de las condiciones para el ejercicio profesional de la educación.

Reiteramos nuestra indeclinable decisión de continuar defendiendo la educación pública como la educación para todos: gratuita, paga por el Estado y un servicio de calidad, que tiene que empezar por apostarle a capacitar y actualizar el recurso humano y a las condiciones especiales para desarrollar el trabajo docente. Desde luego, también mejorar las condiciones de los estudiantes, porque un alumno con hambre no puede rendir; es lo que el gobierno no ha tenido en cuenta cuando hace las comparaciones con el sistema privado.

<< Reiteramos nuestra indeclinable decisión de continuar defendiendo la educación pública como la educación para todos: gratuita, paga por el Estado y un servicio de calidad, que tiene que empezar por apostarle a capacitar y actualizar el recurso humano y a las condiciones especiales para desarrollar el trabajo docente. >>

L. Da V.: ¿Qué triunfos se pueden resaltar en la lucha contra el 012?

1. R.: Nosotros tenemos que decir que el gobierno impuso su política económica y educativa. ¿Qué se logró? No hubo un acuerdo, porque el gobierno nunca movió sus dos ejes centrales. Pero  logramos algunos importantes elementos nuevos, por ejemplo:
2. Logramos que la educación media siguiera siendo financiada por el Estado
3. La concurrencia, porque querían entregarles la educación a los municipios y a los departamentos y la nación no volvería a asumir los costos cuando no alcanzara la plata. Se logró que por lo menos allí quedaran los criterios de la complementariedad, de la solidaridad y de la subsidiaridad. También quedaron unas palabritas que son “prestación del servicio adecuado”. Esto por más recursos para educación.
4. La ampliación de la cobertura, que nos parece muy importante y, desde luego, haber quitado el criterio de la “estratificación de la pobreza relativa”, que nos lleva a la estratificación de la educación.
5. También logramos que saliera de allí el artículo que congelaba el escalafón nacional docente y el salario de los educadores. Una retaliación absurda de los ministros de Hacienda y Educación, quienes pretendían llevar a nivel constitucional la congelación de los salarios de los maestros.
6. Finalmente, se logró que a través de la fuerza de un grupo de parlamentarios que el periodo de transición terminara en el año 2009. A partir de allí, el SGP seguiría creciendo al ritmo de los ingresos corrientes de la Nación y ese es el punto importante. Aunque los porcentajes para salud y educación, no quedaron establecidos, pueden ser inferior a lo que se tiene hoy.

L. Da V.: ¿Qué opina de la reforma a la ley 60?

Raúl Arroyave: La aprobación del  012 implica automáticamente la derogatoria de la ley 60 de 1993. En este sentido, el gobierno tiene que presentar un nuevo proyecto de ley que reglamente lo aprobado en el 012. Dicho proyecto deberá establecer todo el funcionamiento  del sistema general de participaciones y definir  las competencias de las diferentes entidades territoriales,  la distribución de los recursos y de las funciones.

Con lo aprobado queda muy poco margen para evitar una debacle en la educación con la nueva reglamentación. Quedaron planteadas las bases para una municipalización total. Sin embargo, aquí el gobierno tiene una dificultad  en su pretensión de sacar a los departamentos. No vemos como pueda ser esto posible, dado que ellos también descuerdo con el acto legislativo son  propietarios del sistema general de participaciones. El gobierno pretenderá que la educación se municipalice y que a través de los municipios, la administración sea delegada plenamente en los planteles educativos. Con esto se cumplirá “el viejo sueño del nuevo sistema escolar”, que ésta Administración ha venido impulsando desde un principio, con un crédito financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo: la conversión de las escuelas y colegios en empresas sociales del estado con plena autonomía administrativa, laboral y financiera. Los rectores pierden su carácter de docentes para transformarse en gerentes educativos, cuya preocupación  fundamental va a ser la gestión y la venta de servicios. El gobierno en este proyecto de reforma a la ley 60 invierte el proceso en virtud del cual se tenían que financiar los costos de las necesidades educativas. Entonces va a reglamentar lo que ha dado en llamar ahora “la canasta educativa”. Es la base para establecer la financiación por el subsidio a la demanda y la focalización del gasto que supuestamente  beneficiará a los más pobres de los pobres. Esto es supremamente grave, puesto que implica la privatizar la educación. Mediante la llamada canasta educativa, el subsidio a los  estudiantes y la focalización, no se garantiza el financiamiento adecuado de los costos por parte del Estado. Por el contrario, a medida que los recursos  escaseen, aumenten la población estudiantil y los costos, el subsidio va a ser inferior y, obviamente, el sobrecosto  va a  ser descargado en los padres de familia, con lo que  se va a dar un claro y abierto proceso de privatización.

Paralelo con lo anterior  en un anteproyecto que se conoció en  mayo, el gobierno pretendía modificar drásticamente el Estatuto Docente y la ley General de educación. Con la reforma al estatuto el Gobierno quiere tener un régimen discrecional de traslados de los maestros, reubicándolos arbitrariamente. Lo que significa sin duda alguna la pérdida de la estabilidad laboral, el rompimiento de la unidad familiar y la abolición del régimen de traslados que ha venido rigiendo desde el decreto 180 de 1982. Además el gobierno pretende modificar del escalafón: abolir  varias categorías, reformar la estructura salarial; hacer mucho más largos los ciclos para el ascenso,  que no sean de 3 sino de 6 años. Busca también que el ascenso de un grado a otro no esté determinando por el tiempo de servicio y una capacitación profesional, sino que sea por los concursos de mérito o por evaluación de desempeño. Es decir, que el gobierno tenga la llave mágica para abrir o cerrar los flujos en el escalafón nacional, dependiendo de las afujías presupuestales. Como si esto no bastara, el gobierno está pidiendo facultades extraordinarias para, mediante un decreto, legislar en materia laboral y pensional, con lo cual queda totalmente amenazado el régimen laboral de los maestros, no solo el estatuto y el escalafón, sino el sistema pensional en su conjunto. Por esta razón insistimos, en que la principal batalla que teníamos que librar era la derrota del acto legislativo, dado que si se montaban las bases constitucionales para toda esta política, después iba a ser muy difícil su derrota.

 << Entendiendo que estos golpes y esa persecución, no pueden doblegar nuestro espíritu de lucha, el llamado es a que agrupemos nuestras fuerzas y avancemos en la dirección de la más decidida resistencia contra toda esta política para lograr finalmente su plena derrota. >> 

Como a  pesar de la gran movilización nacional, el gran espíritu de resistencia y lucha de las masas no se pudo derrotar, esta política impuesta por el F.M.I. y aplicada dócilmente por este gobierno, no tenemos  otro camino que unificar otra vez a la comunidad educativa  en torno al debate de la reglamentación del acto legislativo. Tenemos intereses comunes. Los padres de familia deben luchar al lado nuestro porque serían los más afectados con la privatización de la educación; los maestros deben levantarse como lo hicieron contra el 012 porque aquí está en peligro la misma esencia de la carrera docente; los estudiantes, porque la educación pública es la única posibilidad para millones de jóvenes. Bajo estas circunstancias, el llamado es a que nos aprestemos para las luchas que se avecinan, a que depongamos discusiones internas, que en este momento aparecen como secundarias o estériles; a que superemos las dificultades que se han venido generando en el distrito capital y en otras regiones del país, con los descuentos y la represión del gobierno, entendiendo que los golpes y la  persecución no pueden doblegar nuestro espíritu de lucha; el llamado es a que reagrupemos nuestras fuerzas y avancemos en la dirección de la más decidida resistencia contra toda esta política para lograr finalmente su plena derrota.

L. Da V.: ¿Qué significa  para la lucha social, la constitución del Frente Común?

Jorge Guevara: Cuando el Doctor Pastrana firma el convenio extendido con el F.M.I. en Diciembre de 1999, fue claro el compromiso del gobierno en dos líneas:

1-  Conseguir recursos que garanticen el pago de la deuda externa. Para eso aplicó su segunda reforma tributaria y tiene en camino la aprobación de la reforma territorial para buscar nuevos  recursos en las regiones.

2-  El compromiso del ahorro. Implementa la ley 617 que conlleva la reestructuración del gasto a nivel territorial, lo que significa una racionalización de éste. En Bogotá ha implicado la destitución de más de 4.800 trabajadores, otros tantos  en todas partes. Otra medida es recortar los gastos. Nada mejor que quitarle las transferencias a las regiones. El 012 tenía como propósito fundamental modificar el sistema de liquidación de las transferencias que había hecho la constitución. El paro contra el 012 era un paro para defender tres artículos de la constitución nacional: 347, 356 y 357 que fueron peleados muy duro en la Constituyente de 1991. Eso no fue fácil. Se le ganó al bipartidismo: que la nación responda por el gasto educativo

Ese recorte  va  a significar 9 billones, de pronto más en el transcurso de los siete años de la transición. Con ese acto se afecta la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Era viable plantear que esa lucha era de todos. En esa perspectiva, FECODE, en el congreso de Santa Marta, hizo un replanteamiento  acerca de la constitución del Frente Común lo que significó llamar a todos los sectores para la lucha contra el 012. Yo creo que hablar del Frente Común en ese sentido es muy importante. ANTHOC entra a la pelea, los padres, los estudiantes. También Fecode ha dicho: esta es una lucha colectiva, necesitamos que todo el mundo actúe en ella. En Bogotá y en el resto del país tuvo una gran repercusión la participación de  jóvenes y  padres de familia.

Hay que  fortalecer el Frente Común con las organizaciones, las asociaciones, las federaciones de padres, los consejos estudiantiles y demás personas que tienen que ver con salud y educación. Falta una mayor dinámica de las centrales obreras, del Comando Nacional Unitario,  hemos planteado que aquí no vimos una fuerza importante en esa línea. Todavía no hay un proyecto articulado en lucha social de todos los sectores y a eso tendremos que llegar.

L. Da V.:¿Qué tareas le esperan al Frente común después de la aprobación del 012?

G.: Las tareas van ligadas al desarrollo del 012; en primer lugar, la de enfrentar la  reglamentación del acto legislativo. El  Frente Común tiene que luchar con Fecode para que eso no quede allí. Nosotros vamos a proponer que la educación la manejen los departamentos. La política de contratación de la educación con el sector privado la derrotamos en el gobierno de Gaviria con el artículo 8 que permite la contratación con organizaciones  sin ánimo de lucro y cobrando lo del sector público. Frente a la  plantelización, o sea, entregarle a la institución educativa el manejo pleno de la educación, decimos que eso no puede ser  porque el día que se acaben los recursos, debe responder la institución; la ampliación del gobierno escolar a más padres de familia tiene ese fin.

En el plano de modificar el régimen especial y prestacional de los maestros, yo creo que hay que señalarle a los padres de familia una cosa: el régimen especial de los docentes fue modificado por la ley 91; hay una transición la cual defendemos. Ahí vamos a pelear para que se mantengan las condiciones laborales y prestacionales de los maestros. Nosotros estamos planteando que la ley 60 es una ley específica que reglamenta las transferencias y competencias. Lo relacionado con la ley 115, el currículo, el manejo de la institución educativa tiene que ir a una ley general de educación que vaya  a las comisiones respectivas del congreso, lo mismo lo de materia prestacional. Vamos a hacer un esfuerzo para desligar ese debate. Si logramos eso, quedarían vigentes los artículos 6º y 8º de la ley 60 que permiten mantener lo que hoy tenemos los educadores.

L. Da V.:¿Cómo se está aplicando la globalización educativa en Bogotá?

G.: La política de globalización está orientada al debilitamiento del Estado y a una violación de la soberanía nacional.  El Estado  tiene que brindar a la población los elementos básicos que son salud y educación; la política de privatización, de acabar el Estado, de contratar a los particulares, es una política grave para el desarrollo de la educación pública. En Bogotá esto ha sido muy agresivo con la entrega al sector privado de colegios muy buenos y bien dotados  pagando hasta los celadores por parte del Estado, cosa que  es muy grave.

<< Lo que busca el gobierno es conseguir recursos que garanticen el pago de la deuda externa. Para eso aplicó su segunda reforma tributaria y tiene en camino la aprobación de la reforma territorial. >> 

En segundo lugar la política de no negociar por parte de la administración es muy lesiva. En Colombia habíamos logrado algo importante y era que el gobierno negociara con las organizaciones. Así logramos la ley 91, la 115, la ley 60, el estatuto docente, Esa política que habíamos ganado, en Bogotá se ha perdido. Negociar con las organizaciones sociales es vital. Antanas Mockus la ha desconocido y tuvo una expresión muy clara en el paro de los transportadores: “yo no negocio la autoridad”. Creo que ha llegado a un acuerdo y finalmente aceptó la propuesta de los transportadores del pico y placa para todos un solo día a la semana. Con la negociación se hubiera podido evitar muchos conflictos con los trabajadores.

*Yolanda Silva, educadora del Distrito Especial y miembro del comité  editorial de Leonardo da Vinci.