En salud: se acabó el régimen especial de los maestros

Por: Concha Benavides

El doctor Camilo Hernández afirma: “la salud integral del ser humano, no está determinada únicamente por la posibilidad de acceder al sistema sanitario o de prestación de servicios, sino que tiene que ver directamente con las posibilidades de alimentación, educación, vivienda, empleo”(1)

De tal manera que en Colombia y en el resto del globo, mientras subsista el actual sistema que concentra la propiedad de los medios de producción en pocas multinacionales, generalizando la explotación y la miseria para las masas populares, no se podrá alcanzar una verdadera salud integral. Tendremos entonces, los trabajadores y el pueblo, que pensar en aspiraciones más grandes, como la de construir una sociedad en donde las mayorías vivan de manera digna y puedan tener una verdadera salud. Mientras tanto, si media la lucha, podremos conseguir una aceptable atención médico-sanitaria.

El régimen especial, como se denominó la suma de conquistas del magisterio, tenía que ver con pensiones, cesantías y salud. Fue creado mediante la ley 91 del 89, que contemplaba, como lo muestra el cuadro comparativo hecho, atención médica general y especializada las 24 horas, toda clase de diagnósticos, procedimientos y medicamentos sin límite y sin relación al costo o la ganancia; en suma, era una atención integral. Era un régimen solidario, en el sentido de que, sin intermediarios, los aliviados contribuían a sostener el servicio de los enfermos, y era unificado para todo el país. Allí no se tenía en cuenta el número de cotizaciones, ni tampoco había un POS. Creó además, comités locales del FNPM, con participación fiscalizadora de los representantes del gremio.

El origen de los males está en que la salud sea un negocio y no un derecho. La contratación con entidades privadas hizo que el régimen especial se fuera perdiendo poco a poco; el acuerdo 04 fue sólo el puntillazo final. La ADE y Fecode no organizaron la pelea por estar interesados en los contratos de la salud, y porque disfrutan de gajes burocráticos en el gobierno de la capital.

Comparado con el régimen que creó la ley 100 del 93 para el conjunto de los trabajadores y de la población, el de los maestros presentaban innegables ventajas, pese a que la dirección sindical de entonces permitió que en la ley 91 quedara consagrado: 1) la pérdida de la retroactividad de las cesantías para los educadores nombrados a partir del 90, y 2) que la salud se contratará con entes privados.

 La ley 100 del 93, cuyo ponente al congreso fue Álvaro Uribe Vélez, mercantilizo la salud al crear la intermediación de las EPS y  las ARS; las primeras captan y administran los recursos del régimen contributivo y se lucran de ellos, y las segundas perciben los fondos que el Estado destina a la población atendida bajo el régimen subsidiado y se embolsillan buena parte de esos dineros públicos. Cuando la salud deja de ser un derecho y se convierte en un negocio el sistema se vuelve perverso. Tras doce años de aplicación de la nefasta norma el país presencia atónito la quiebra de la red hospitalaria nacional.

Hospitales que prestaban servicio para 3 ó 4 departamentos, como el Universitario De Barranquilla, el de Caldas, el de Cartagena, la Hortúa, el Lorencita Villegas, cerraron sus puertas y cerca de 100 más se encuentran ad portas de tal situación, entre ellos, el Materno Infantil. Durante el reinado de esta ley han reaparecido epidemias de enfermedades que se creían ya superadas por la ciencia y se ha disparado la mortalidad infantil.

El robo de miles de millones de pesos por las ARS es una denuncia diaria. Como lo afirma la Contraloría, el 48% de la población urbana y el 60% de la rural se encuentran excluida de la atención médica. Solo hay 9.3 médicos por cada 10.000 habitantes a pesar de que el presupuesto de salud pasó de ser de 2% y máximo 3% del PIB, antes de la ley 100, al 11% actualmente.

Empeora el servicio y suben los aportes

Ya desde el anterior contrato con Médicos y Asociados, al magisterio se le redujeron los servicios en los tratamientos odontológicos, oftalmológicos y ortopédicos, que quedaron por cuenta del bolsillo del maestro. La empresa, termino ofreciendo lo más elemental. Las citas de medicina general se demoran hasta ocho días, y las de especialistas, como ahora Fersalud, no se pueden solicitar directamente sino a través de consulta externa, y sólo en la sede principal. Los diagnósticos, como el resultado de una citología, se demoran cuarenta días; además los controles neurológicos o exámenes como resonancias, sólo pueden hacerse cada año. Se sabe de casos en los que al maestro se le ha dicho durante más de un año que tiene una simple gastritis, y terminan diagnosticándole cáncer en el Cancerológico.

Sin existir, el POS se aplicó, gracias al desconocimiento que la mayoría de educadores tienen sobre sus derechos. En caso de cirugías estéticas cuya necesidad no se origina en la vanidad sino en accidentes, o malformaciones genéticas, éstas deben correr por cuenta del educador. En la ley 100 a esto se les llama exclusiones, y aquí, pérdida del régimen especial en salud.

Ni que decir con el lío con los medicamentos. Es frecuente escuchar: “si le parece este es un mejor medicamento pero debe comprarlo porque no está en el POS”. Al igual que sucede con las EPS, la tendencia es a formular solo genéricos. Si la droga es costosa y en el mercado no se consigue, sino la de marca, se evade recetarla o se le dice al paciente que en el momento no la hay, hasta que éste tiene que comprarlo de su bolsillo.

 A medida que se desmejoran los servicios, el gobierno incrementa el monto de los aportes. La ley del Plan de desarrollo de Uribe, la 812 de 2003, que como se ha denunciado en este periódico, fue votada por los senadores Dussán y Avellaneda, aumentó en un 50% la cuota del docente al Fondo Prestacional al pasarla del 5% al 7.5%. Para los pensionados la cosa fue peor, pues el aporte pasó del 5% al 12%, es decir, un incremento de 150%.

Acuerdo 04 ó consolidación de la Ley 100

Después de aprobado el aumento vino el acuerdo 04 para completar el despojo. El Consejo Directivo Del Fondo Prestacional, lo expidió unilateralmente en cumplimiento de la política de Uribe, y adujo que dicha Junta tenía facultades para cambiar el modelo de salud; que eso era lo que había recomendado el estudio del Centro Nacional de Consultoría (cuyo costo fue de 200 millones, pagos de nuestro pecunio, al encontrar que buen número de docentes se quejaba del servicio médico; que era necesaria la “competitividad”, y que se iba por un servicio de “excelencia”.

 El acuerdo se basa en este sofisma: “el modelo de prestación de servicios de salud a los docentes parte del respeto del régimen excepcional”, articulo 1, numeral 1. Esto es negado en los numerales siguientes: el numeral 2 introdujo modificaciones en la cobertura que excluyen a los hijos entre 18 y 25 años que no estudien “de tiempo completo”; en el numeral 3 dice que se mantendrá “el plan integral de beneficios, vigente para el magisterio” pero que “los medicamentos no incluidos en el Vademécum tendrán un procedimiento para su aprobación previa”; el numeral 4, sobre la selección de contratistas, dice que “en cada región habrá más de un prestador de servicios”; el numeral 5 plantea que “los docentes tendrán la libertad de elegir entre las diferentes entidades seleccionadas para cada región”, en el 6,

la Fiduciaria propone dividir el país en 8 regiones para prestar los servicios médico-asistenciales, y termina diciendo: “los contratistas deben garantizar la prestación del servicio en todos los municipios de la región por lo menos hasta el primer nivel”, y finalmente el punto 7 basa la estructura financiera en la Unidad Por Grupo Familiar, UPGF, “equivalente a la UPC del sistema contributivo[2]”

Cuando la salud deja de ser un derecho y se convierte en un negocio, el sistema se vuelve perverso

Como quedo dicho, el Régimen especial del magisterio en salud se venía perdiendo a partir de la contratación con las IPS, inmersas en la competencia creada por la ley 100, e impelidas por tal competencia a limitar y desmejorar los servicios, así en el papel se mantuviese el verbo “respetar”. Si no se cumplió en ese entonces, mucho menos ahora cuando la política del gobierno es eliminar las excepciones y nivelar a todos los trabajadores con el rasero de la ley 100. Por ello, a la hora de precisar el alcance de los cambios introducidos por el acuerdo 04 en materia de cobertura, plan de benéficos y estructura financiera, aparecen las similitudes con la mentada ley. Las condiciones en la cobertura y los vademécum se crean para restringir los servicios y así ahorrar costos.  Lo mismo sucede con la UPGF, como se muestra en el cuadro comparativo.

Aunque en la propaganda se habla se aumentar cobertura, la verdad es que con la aplicación de esta nueva norma se elimina la atención de padres de maestros casados y solteros, atención que se mantenía en varios sitios del país. Al igual se elimina la tensión para hijos mayores de 18 años, que no estudien de ¨tiempo completo¨.

Por otro lado, la ¨libre elección¨ no es sino un señuelo del gobierno uribista que busca aprovecharse de las inconformidades de los maestros con el servicio que venían recibiendo, para meter de contrabando un modelo que acaba con las ventajas que aún se conservaban. La elección la definió de antemano el gobierno con las condiciones que se estableció para asignar los contratos, condiciones que sólo pueden cumplir las empresas con mayor poder económico e influencia política. Cecilia Vélez lanzó una ofensiva de propaganda para convencer a los maestros de las supuestas bondades del nuevo modelo, y ordenó que en los colegios se presentara un video en el que se muestran las bellezas de la “libre elección”.

En Colombia y en el resto del globo, mientras subsista el actual sistema que concentra la propiedad de los medios de producción en pocas multinacionales, generalizando la explotación y la miseria para las masas populares, no se podrá alcanzar una verdadera salud integral.

Los beneficios son en realidad para un puñado de empresas, que ya se frotan las manos ante los jugosos contratos que se derivan de la atención al gremio más numeroso del país. Ya vimos al poderoso Ardila Lule con propaganda llamativa en su canal de televisión, frente al cual las empresas pequeñas no tienen nada que hacer. ¡Bonita libre elección!

Las que sí tienen juego son las empresas en las que hay inversiones de las cooperativas del magisterio: Mejor Salud, constituida por las cooperativas de Bogotá y Cundinamarca y Fersalud o “Médicos Asociados”. En la feria por hacerse a los contratos, éstas ofrecieron el oro y el moro: atención de enfermedades de alto costo, tarifas preferenciales, y daba risa la  oferta de camas unipersonales,  como si hubiese hospitales con camas bi-personales. En la puja contaron con los activistas del sindicato y de casi todas las fuerzas políticas quienes en su propaganda dijeron que el negocio que se iba a dar era de “nuestras cooperativas”, y que si todas las empresas se habían enriquecido a costa de nuestra plata, porque no darle esa platica a “nuestras cooperativas”.

Otro elemento del acuerdo es el que autoriza a las empresas prestar el servicio a todos los municipios de la región por lo menos en primer nivel, que es algo así como el que  prestan los Centros de Salud barriales, en el que el usuario debe llevar la gasa, el alcohol, las jeringas y el servicio es casi de primeros auxilios. Este es otro golpe contra el régimen especial, pues de allí se van agarrar los negociantes para ofrecer lo menos que pueden en atención médica.

El papel de la dirección sindical

Como queda claro el régimen especial en salud se ha venido perdiendo en los últimos años. Los delegados del magisterio al Fondo Prestacional y la dirección  sindical, no informaron al respecto, no pasaron escuela y por escuela explicando qué derechos se podían defender, no convocaron asambleas, mítines u otras actividades para alertar al gremio, no se generó una situación para frenar tales atropellos y aunque se mantenía en el papel, lo cierto es que lo fueron acabando poco a poco, sólo quedaba darle el golpe de gracia y lo lograron con el acuerdo 04.

 ¿Quiénes  tienen la responsabilidad de esta situación? En primer lugar, el gobierno, cuya política en  materia de seguridad social obedece a las imposiciones del FMI. Y en segundo lugar, una dirección sindical comprometida con su enemigo de clase y no con sus agremiados. Esta  nueva derrota se produjo con la complacencia de la dirección sindical que echó para abajo el paro indefinido aprobado para octubre  de 2004, y más bien se dedicó a la pelea para hacerse a los contratos de la  salud, como es el caso de Bogotá y los territorios nacionales ¡qué manera de pelear!

 El “debate” público  entre ADE y FECODE fue sólo una farsa más: ésta última dijo que para evitar la dispersión se debía votar por una sola empresa- por supuesto la que ellos estaban montando-, y la ADE manifestó que debíamos abstenernos de votar, para luego salir con que estaban con la “libre elección”. Mientras tanto su gente en las cooperativas, enviaba cartas a las casas de los maestros “recomendando” su Mejor Salud. Los sindicalistas organizaron asambleas, para aclarar lo de la “libre elección” y llevaron solo a los representantes de su nuevo negocio. El resultado: las cooperativas manejadas por los dirigentes sindicales obtuvieron uno de los más importantes contratos, mientras los maestros perdían su régimen especial en salud.

Al respecto, surge la pregunta, ese poco de activistas que visitaron escuelas y colegios para la recientes elecciones de la ADE ¿Por qué no explicaron la gravedad del problema y mostraron la necesidad del paro indefinido? ¿Por qué, en lugar de estar pensando en el negocio, no utilizaron recursos como los videos de Cecilia Vélez aclarando las oscuras pretensiones del gobierno? ¿Invirtieron cientos de millones como lo hicieron en la campaña de la ADE para sacar afiches, volantes, anuncios radiales, programas de televisión, argumentando  con una posición de clase estos problemas? ¿Le dijeron a los maestros que esto de la salud y las pensiones era algo demasiado importante y que la única forma de defenderlo era el paro indefinido? Claro que no. Un paro no se hace con un  simple llamado por radio o televisión, hay que prepararlo con tiempo y hacer toda una ofensiva de tareas para que sea un éxito.

Mientras las direcciones sindicales se mantengan en manos de burócratas que ponen sus intereses personales por encima de los de las bases, las condiciones no cambiarán

Lo más fácil es achacarle la culpa a las bases, como se ha hecho en los últimos años, siempre inventándose la falsa idea de que no hay condiciones; en el fondo siempre le mienten a los maestros, como lo hace el gobierno. Hay que inventarse cualquier pretexto para no luchar. Así, el gobierno termina siempre imponiendo lo que sus amos del Norte le exigen, mientras los maestros van de derrota en derrota.

Otro aspecto determinante para que los dirigentes sindicales no peleen es que están comprometidos a fondo con el gobierno de Lucho Garzón y Abel Rodríguez, pues disfrutan de una cantidad de cargos que les han dado a sus allegados o familiares. Para la muestra, estos botones: a Susana García del Polo Democrático y ex -directiva de la ADE, el Cadel de Kennedy, al esposo de Estela Olaya, directiva de la ADE, el de Puente Aranda; a Marina Turga, de la Unidad Democrática y ex directiva de la ADE, la nombraron supervisora; a reconocidos dirigentes como Isidoro León y Laureano García, entre otros, les dieron importantes cargos en la administración central, fuera del nombramiento de rectores, coordinadores, traslados, etc.

Mientras las direcciones sindicales se mantengan en manos de burócratas que ponen sus intereses personales por encima de los de las bases, las condiciones no cambiaran. Con la pérdida del régimen especial en salud, y en pensiones se concluye una nueva etapa de despojo total de las conquistas que consiguiera ese combativo magisterio de los años sesenta y setenta. Hoy dicen que las condiciones son diferentes, ¡claro que sí! En aquellos días se creía en la necesidad de la organización y en la lucha de las masas, factores históricamente primordiales en las conquistas de los trabajadores. En ese entonces, los intereses del magisterio no se dejaban en manos de los tejemanejes de tal o cual senador o representante a la Cámara. Tampoco se hacía como hoy, la apología de las tácticas del dialogo y las concertación y, mucho menos, se permitía la traición. En lugar de todo ello, las organizaciones políticas y la organización gremial tenían como trabajo permanente una constante capacitación de toda índole entre los educadores colombianos.

En ese entonces, los intereses del magisterio no se dejaban en manos de los tejemanejes de tal o cual senador o representante a la Cámara. Tampoco se hacía como hoy, la apología de las tácticas del dialogo y la concertación y mucho menos, se permitía la traición

Vendrán épocas difíciles por un lado, pero buenas por otro, porque al fin la masa correrá el manto del engaño y tendrá que volver a creer en sí misma y  en su lucha. Entonces se podrá construir una organización limpia de toda clase de alimañas, que impulse un gran movimiento para rescatar la salud de manos de los negociantes y contribuya a la lucha de todo el pueblo por tumbar la asquerosa ley 100, e inicie  nuevamente la brega por un estatuto que profesionalice al maestro y lo dignifique. Entonces sí, el magisterio hará su aporte para crear una patria libre, prospera y grata para los hombres de trabajo.