¡Movilicémonos contra el recorte a las transferencias!

Para impedir que el gobierno apruebe un nuevo recorte a las transferencias para educación y salud, se necesita de un movimiento más poderoso que el realizado en el 2001 contra el 012.

El pasado 24 de abril fue aprobado en el Senado, en quinto debate —de un total de ocho—, la reforma constitucional con la que el gobierno quiere recortar las transferencias, que son los recursos que la Nación les traslada a los departamentos y municipios para atender la salud y la educación.

Uribe y su Ministro de Hacienda dicen que esa enmienda es necesaria para resolver el déficit fiscal (gastos mayores que los ingresos). En 2001 se aprobó algo similar, el Acto Legislativo 01, que entre 2002 y 2005 les quitó $11 billones de pesos a los entes territoriales. Entonces se afirmó que su aplicación sería transitoria, es decir, que duraría hasta el 2008; para ese momento, según cálculos de la Federación Nacional de Departamentos, los gobiernos seccionales habrán perdido $17 billones de pesos.

El nuevo cambio pretende volver permanentes las medidas del Acto Legislativo 01, con lo cual los entes territoriales perderán $49 billones entre 2009 y 2016 ¿Por qué el gobierno nacional les quita plata a servicios tan vitales como la educación y la salud? Para comprender este problema es necesario saber qué es la descentralización.

Los países de América Latina mantienen una enorme deuda con la banca internacional y, a comienzos de los años ochentas, Argentina y Brasil declararon que no podían cumplir con el pago a los financistas, lo cual generó una gran alarma. Por ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI), creado para velar por los intereses de los banqueros del mundo, diseñó una serie de mediadas para que los países deudores, por encima de todo, pagaran. Dentro de esas políticas estaban la venta de las empresas del Estado (privatizaciones) y la descentralización, consistente en que el gobierno nacional les traslada a los departamentos y municipios la responsabilidad de atender la educación, la salud, el saneamiento básico y otras obligaciones; para cumplir con tales compromisos, deben aumentar los impuestos (esfuerzo fiscal); a su vez, la Nación se compromete a trasladarles una parte de sus ingresos, que son las famosas transferencias.

El mecanismo, fuera de que no garantiza la adecuada prestación de los servicios aludidos, ahonda las desigualdades entre las regiones, pues los departamentos y municipios con rentas superiores tienen más posibilidades de asumir las nuevas cargas, mientras que a los más pobres se les aumentan las penalidades. Ahí tenemos como ejemplo los niños que mueren de hambre en el Chocó La Constitución de 1991 convirtió la descentralización en parte clave de la organización del Estado. Allí se decía que de la plata que le entra al gobierno central, un porcentaje que crecía de año en año, debía pasársele a los entes territoriales para cubrir los gastos en salud y educación.

El Acto Legislativo 01 de 2001, que fue una imposición del FMI, lo que hizo fue decir que hasta el 2008 las transferencias no serían un porcentaje de los ingresos de la Nación, sino un fondo fijo, al que llamó Sistema General de Participaciones (SGP), que se reajustaría con base en la inflación más 2%, hasta 2005, y en 3,5%, de ahí al 2008. Fijémonos en el resultado: En 2001 las transferencias representaban el 43% de los ingresos corrientes de la Nación, en el 2005 fueron sólo el 34,3% y en el 2008 bajarán al 33,5%. Esa plata que el gobierno les quita a la enseñanza y a la salud de los colombianos se destina al pago de la deuda, a la seguridad democrática y al derroche politiquero del uribismo. Veamos este cuadro que compara los montos de las transferencias y los del pago del servicio de la deuda y los muestra como porcentajes de los ingresos corrientes de la Nación:

Transferencias y servicio de la deuda como porcentajes de los ingresos corrientes de la Nación 2000-2006 millones de pesos.

Año	Ingresos corrientes de la Nacion	Transferencias	% Ingresos C.N	Servicio de la deuda	% Ingresos C.N
2000	21.1	8.6	40.9	15.6	74.1
2001	25.5	11.0	43.01	21.0	82.4
2002	27.6	11.2	40.50	22.9	83.1
2003	31.7	12.5	39.50	27.3	86.0
2004	37.1	13.6	36.68	28.8	77.7
2005	42.6	14.6	34.32	31.5	73.9
2006	46.3	15.7	33.80	38.9	84.0

Las cifras no mienten. La verdadera causa del déficit fiscal es el desangre que le produce al país el endeudamiento, cuyo servicio se acercó a $40 billones el año pasado. Lo otro que está demostrado es que los gobiernos, y mucho más éste de Uribe, están dispuestos a echarle toda la tijera que sea menester a la inversión social, con tal de satisfacer la gula de los agiotistas.

La lucha debe ser lo suficientemente poderosa para derrotar los designios imperiales 

Todo recorte trae sus consecuencias. Para poner en marcha la reforma del Acto Legislativo 01 el gobierno expidió la Ley 715 de 2001. A su vez, esta Ley fue reglamentada con una serie de normas que han fomentado la privatización, afectado la calidad de la salud y de la enseñanza y arrebatado derechos al magisterio y a los trabajadores de los hospitales.
Cientos de hospitales de la red pública se encuentran en quiebra y son forzados a vender todos los servicios. La salud se encuentra privatizada y la calidad de la atención que reciben los pacientes depende de la capacidad de pago. Las plantas de personal son sometidas a re-estructuraciones y miles de trabajadores son lanzados a la calle y reemplazados por personal vinculado mediante cooperativas de trabajo asociado.

En la educación se hacen convenios con colegios privados a los que se les da un subsidio por alumno atendido (subsidio a la demanda); se construyen colegios que se entregan en concesión al sector privado; se promueve que grupos de padres o maestros creen cooperativas para ofrecer el servicio educativo. Y cuanto más recursos le quitan a la educación, más se habla de su calidad. Veamos los hechos: el gobierno incrementó el número de alumnos por maestro y generó hacinamiento en las aulas; para reducir la deserción y la repitencia, el decreto 230 de 2002 estableció la promoción automática que es un fomento a la mediocridad; se pasó a un sistema de estándares y competencias que reducen los contenidos de la enseñanza para adecuarlos a las demandas de la globalización; los colegios eliminan asignaturas como artes y educación física, y en últimas, lo único que interesa es reducir costos.

Los maestros han sido sometidos a una avalancha de medidas para despojarlos de sus conquistas. Mediante el nuevo Estatuto Docente se creó un régimen de deberes sin derechos, y se pusieron toda clase de talanqueras para los ascensos; mediante concursos, cerca de 80.000 maestros provisionales fueron «legalmente» despedidos, y se han deteriorado los salarios y las pensiones, entre otras muchas medidas.

El nuevo Acto Legislativo propuesto traerá como consecuencia una agudización de todas estas políticas. Los gobernadores y los alcaldes del país han expresado su rechazo al proyecto. Lo mismo hicieron las organizaciones sindicales de los maestros y de la salud. Fecode recogió firmas para promover un referendo, pero esto no basta. Para impedir la aprobación de una norma tan nefasta se necesita de un movimiento popular de amplias proporciones que se tome las calles. Allí debe recalcarse que no se trata de defender la Constitución de 1991, sino que estos padecimientos sólo cesarán cuando el país rompa sus ataduras con el capital usurero.

Existe el peligro de creer que es suficiente con hacer gestiones en el Congreso y confiar en la labor de unos cuantos parlamentarios de oposición. Aquí es necesario aprender de la experiencia del 2001.

La lucha contra el proyecto de acto legislativo 012, que fue la más grande batalla popular contra el gobierno de Andrés Pastrana, no tuvo la fuerza suficiente para impedir la aprobación de la norma. Las directivas de los sindicatos más fuertes se limitaron a poner la plata para unos buses que llevaran estudiantes y padres de familia a las marchas y se centraron en el lobby parlamentario, pero no hicieron suficientes esfuerzos en una profunda agitación de masas para la cual la situación era altamente propicia. Con la derrota, la dirección de ese entonces en organizaciones como Fecode, concluyeron que la lucha había perdido vigencia y que se debió concertar con el gobierno para tener algún logro que presentar.

La lección es otra: no es que la lucha no sirva, sino que debe ser lo suficientemente poderosa para derrotar los designios imperiales. Para ello se requiere concentrar los mayores esfuerzos en la agitación y en la preparación de las propias fuerzas. En la hora presente es prioritario redoblar los esfuerzos en la agitación entre las bases y entre la comunidad para aclarar las nefastas repercusiones de la norma que se tramita y movilizar todas las fuerzas posibles para presionar al Congreso.