Con la expedición, el pasado 19 de junio, del decreto 1278 o Estatuto de Profesionalización Docente, el gobierno le infligió al magisterio, aprovechando el abatimiento en que se halla, una apabullante derrota. La desmoralización se debe no sólo a la avalancha de medidas oficiales lesivas, sino también a la inconsecuencia de la dirección de Fecode, que fue incapaz de encabezar la resistencia.
Luego de las jornadas memorables de mayo y junio de 2001, y ante la proliferación de análisis entreguistas, en Leonardo da Vinci señalamos que lo que se imponía era darle una mayor fortaleza a la lucha, movilizar más y más sectores populares, profundizar la conciencia, desarrollar la organización de los maestros y forjar una unidad más vasta. Por el contrario, se desató una campaña perniciosa contra «las actitudes contestatarias», y a favor de «tácticas inteligentes», como la de «no dejar constancias sino legislar», y otras cantaletas paralizantes por el estilo.
Al amparo de tal situación, el gobierno, sin ninguna dificultad, hizo aprobar en el Parlamento la Ley 715, con la que se le propinó el «más rudo golpe a la educación pública y al magisterio», como habíamos advertido. Con ella se demolieron las conquistas alcanzadas en decenios de lucha, y se facultó al Ejecutivo para disponer a su antojo de la suerte de los educadores. Pastrana, borró del mapa el estatuto docente, plasmado en el decreto ley 2277 del 14 de septiembre de 1979.
La actitud en boga de encontrarles los lados buenos a las normas afrentosas y de ufanarse de un supuesto embotamiento de sus aspectos más negativos, por gracia de la táctica de arrumar la rebeldía y erigir en norma la concertación, contrasta con la posición que Fecode adoptó en 1979, cuando señaló que se habían conquistado unos «mínimos logros en relación con las aspiraciones fundamentales del gremio», y que seguiría batallando por «los derechos democráticos de carácter sindical y político que tradicionalmente le han sido conculcados al magisterio». Con las «teorías» en uso, se procura velar episodios vergonzosos de liquidacionismo como el experimentado durante el trámite de la ley 715, o el de la participación, el primer semestre de este año, en el Grupo de Trabajo, conciliábulo establecido en esa misma ley, al que Fecode se arrimó mansamente, extendiéndole así su aval a las facultades dadas al gobierno para expedir la nueva normativa docente.
Lo anterior se reflejó en los dos pronunciamientos del ejecutivo de la Federación, publicados en El Tiempo el 19 de mayo y el 23 de junio del presente año. En el primero, se adjudican, faltando a la verdad, el haberse opuesto a las normas reglamentarias del Acto Legislativo, es decir, a la ley 715, y afirman, maliciosamente, que su «implementación», -no la ley misma- mediante «arbitrariedades y atropellos», ha sido la causante de las aflicciones del profesorado. Para completar, se limitan a proponer vaguedades cómo: «seguir dando la lucha», «trabajar sin descanso por la unidad y la protesta de la comunidad educativa»; «sacar adelante todas las tareas que potencien la más vigorosa movilización y lucha»; pero, eso sí, cuidándose de no fijar siquiera un plan mínimo para la batalla. En la declaración de toda una página del 23 de junio, luego de expedido el nuevo estatuto, aparte de describir la andanada oficial, se reducen a gimotear porque el gobierno se burló de su «permanente voluntad de diálogo y concertación».
De la manera oprobiosa descrita fue expedido el decreto ley 1278 que, a grandes rasgos, contempla los siguientes atentados: La profesión docente se convierte en una «función» que puede desempeñar cualquier profesional, bachiller o soldado sin ninguna preparación pedagógica; se implanta la jornada única para los docentes por medio de la asignación de toda clase de cargas curriculares y extracurriculares; se barre arbitrariamente con la estabilidad: períodos de prueba, amañadas evaluaciones de competencias y de desempeño, supresión de cargos, y hasta los logros de los estudiantes son utilizados para despedir educadores. Se congelan los salarios, y los ascensos dependen de la disponibilidad presupuestal y del «mérito», desechando los factores claves del tiempo de servicio y la capacitación, para la cual el Estado abandona cualquier apoyo; se instaura la incompatibilidad entre salario y pensión, mientras se desmejoran los ingresos de los educadores; se ahonda la municipalización educativa al entregarle su administración a los entes territoriales certificados; se ratifican y profundizan las normas fascistoides que birlan al magisterio los derechos democráticos mínimos, al prohibir incluso las reuniones de docentes con estudiantes y padres de familia y proscribir las comisiones sindicales y la participación en política.
Por demás, y en sentido contrario a lo que se afirma en la 715, ese cúmulo de disposiciones no sólo se aplicarán a los maestros que inicien a partir de ahora la carrera docente, lo que de por sí ya es grave, sino que quedan varias vías expeditas para imponer sus determinaciones incluso a los antiguos, como se puede ver en el decreto 1283 que faculta para despedir con base en las evaluaciones, a cualquier educador o directivo, antiguo o nuevo. De igual manera, permite al ministro, a gobernadores, alcaldes y rectores, presionar el traslado «voluntario» del profesor a la nueva normatividad.
<<La lucha contra la arremetida oficial debe ser antepuesta a cualquier otra tarea, por importante que parezca; debe buscarse la unidad con el resto de los trabajadores afectados por las últimas medidas dictadas y las presentadas por Uribe al Congreso y decretarse la resistencia y la desobediencia civil a las decisiones que empiecen a ponerse en práctica contra el magisterio>>
La actitud de la Federación facilitó la imposición de la política oficial. Y, ahora, consumadas todas las pretensiones del gobierno, ya de poco vale que uno tras otro los directivos se dediquen a describir con lujo de detalles, y como materia de la justa eleccionaria de octubre por los cargos en el comité ejecutivo, los atentados que contiene la ley, cuando no se trató de impedir que se consumaran convocando consecuentemente a los maestros a la lucha o propiciando por parte de los sectores más claros un agudo debate ideológico que destapara a tiempo toda la maniobra.
El cuadro anterior lo complementa el ascenso al poder de Uribe Vélez, cuyas políticas educativas en Antioquia, su protagonismo en la elaboración de las normas más antipopulares de los años de la apertura, los puntos de su «revolución educativa», sus primeras medidas de gobierno y el nombramiento como ministra de Cecilia María Vélez, ejecutora celosa de todo el recetario neoliberal en la educación en Bogotá, demuestran que el magisterio no tendrá tregua durante el próximo mandato.
Se impone, entonces, que la dirección del magisterio rectifique seriamente el comportamiento del último año. La lucha contra la arremetida oficial debe ser antepuesta a cualquier otra tarea, por importante que parezca; debe buscarse la unidad con el resto de los trabajadores afectados por las últimas medidas dictadas y las presentadas por Uribe al Congreso y decretarse la resistencia y la desobediencia civil a las decisiones que empiecen a ponerse en práctica contra el magisterio. Sólo así, profesores, estudiantes y padres de familia podrán enfrentar con alguna posibilidad de éxito el sinnúmero de normas destructoras de la educación pública.
La experiencia reciente nos demuestra que esto sólo será posible si a la pelea contra los atentados del régimen se le adosa el desenmascaramiento de quienes, desde un apócrifo campo opuesto, le llevan agua al molino de los enemigos del pueblo. De nuevo están a la orden del día la lucha contra el despotismo y el combate frontal contra el oportuni
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