Agronegocios, minería y extracción de maderas: las otras amenazas de la Amazonia Brasileña

Carlos Alberto Franco da SilvaDoctor y profesor titular de la división de geografía de la Universidad Federal Fluminense. Investigador de complejos productivos brasileños, especialmente de agronegocios y problemas sociales y ambientales.

En los primeros ocho meses de la presidencia de Jair Bolsonaro, el bosque del Amazonas ha experimentado un incremento en sus problemas socioambientales. Desde agosto de 2018 hasta julio de 2019 la deforestación en la Amazonia Legal ha aumentado en un 15 % en relación con el periodo anterior.

Así registra la NASA los incendios que el gobierno brasileño insiste en negar ante el mundo. Foto. NASA

Según el Sistema de Alerta de Deforestación (SAD-Amazon), en julio de 2019 se dio un incremento del 66 % en la deforestación, comparado con el mismo mes del año anterior. Esta ha ocurrido mayormente en los estados de Para, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso y Roraima. El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que emplea una metodología diferente, registró un incremento del 278 % en la deforestación en el mismo periodo.

La expansión del fenómeno sigue la línea del gobierno de Jair Bolsonaro para consolidar a la Amazonia como una frontera de recursos naturales que puede ser explotada para agronegocios, minería y extracción de madera, lo que muestra que el desarrollo sostenible ya no es más un compromiso del Gobierno.

El retiro de la vigilancia y el control de la deforestación es una gran preocupación para los ambientalistas. Los informes sobre la deforestación del bioma han llevado a una reducción de la financiación de los países asociados al Fondo Amazonia, que financia la conservación y la sostenibilidad para el uso de proyectos de la Amazonia Legal. En lo que va de 2019 se han registrado 103 proyectos y más de un billón de reales invertidos en el Fondo.

En el gobierno de Jair Bolsonaro, las poblaciones tradicionales de la “quilombola” (comunidades descendientes de los esclavos) y territorios indígenas han sido vistas como obstáculos para el desarrollo capitalista de Brasil y como aliadas con intereses internacionales a través de las ONG y de gobiernos euroamericanos. Por esta razón, el Gobierno está ordenando revisar la demarcación de los indígenas y de las tierras “quilombolas”.

Foto: Eismannhans

Ahora, a pesar de la importancia de la creación de una Unidad de Conservación Territorial Ambiental en el Amazonas (parques nacionales, reservas biológicas, reservas de extracción o reservas ecológicas) como una política de Estado, se han presentado muchos problemas con la tierra, que se han constituido en un campo de batalla de grupos sociales que disputan el poder y diversidad de derechos. Estas áreas también son el escenario de diferentes formas de relaciones sociales y de la apropiación regional de la sociodiversidad.

Algunos procesos de creación de Unidades de Conservación no son el resultado de acciones de grupos ambientales sino de una agenda política que propone llevar el discurso más hacia la población tradicional para traer fuentes financieras a escala global, como el Fondo Amazonia.

Según la investigadora Vilma Terezinha de Araújo Lima, desde la Unidad de Conservación del Territorio Ambiental existen problemas como: insuficiencia de personal de gestión; ineficiencia en la regulación de la tierra, la delimitación y categorización territorial; pobre monitoreo; poco acceso a las Unidades de Conservación y una débil legitimación de estas en relación con las comunidades tradicionales y la sociedad en general.

Otro problema desde las Unidades de Conservación del Amazonas es la legitimación de un colectivo simbólico asociado con la población tradicional y las ideas socioambientales como estrategia para obtener ingresos de las corporaciones en el marco de una ventaja competitiva dentro del neoliberalismo.

Entonces, se establecen asociaciones con la población tradicional para la apropiación y el uso del discurso de biodiversidad regional y la importancia no solo de mantener el bosque en pie sino también de conservar bien las emisiones de carbono y certificaciones ambientales de los productos con los consumidores interesados con problemas socioambientales. Para resumir, las redes políticas se forman con la colaboración de corporaciones, población tradicional, universidades, institutos de investigación y fundaciones, cooperativas extractoras y el poder público, entre otros, como lo señalan Jodival Mauricio da Costa y Edilene Lira (2019) en sus investigaciones sobre crisis ambientales.

Uno de los problemas de esas redes políticas es la precariedad de las poblaciones tradicionales de las Unidades de Conservación que forman parte de la las trabas del aparato capitalista y la dificultad de empoderar a diversos grupos sociales.

Finalmente, las luchas de la población tradicional contra el Estado, ONG capitalistas, hidroeléctricas y compañías mineras, fabricantes y taladores ilegales, entre otros, aún persisten. El resultado son 493.183 registros de conflictos en el área rural amazónica en 2018, o el 33,6 % de los conflictos por tierra y locaciones de agua en el Brasil. Las compañías hidroeléctricas, los agricultores, taladores, compañías mineras y los grileiro (terratenientes) son los protagonistas en conflictos con los ocupantes, recolectores de caucho, comunidades que se dedican a la extracción, los ribereños, los “quilombolas”,indígenas y desplazados.

No solo los incendios forestales han acabado con parte de la Amazonia Brasileña. Foto: Charles Ricardo

Resulta ingenuo suponer que el discurso ecológico del Estado bajo el mando de Jair Bolsonaro apunta hacia las organizaciones internacionales y los movimientos sociales. El Estado está al servicio de la consolidación geopolítica del capitalismo amazónico.

El rechazo hacia el gobierno de Jair Bolsonaro soporta la formulación teórica del Triple Corredor Ecológico A (Andes, Atlántico y Amazonas) propuesto por el colombiano Martín von Hildebrand y que señala el fin del país suramericano y su compromiso socioambiental en nombre de una supuesta defensa soberanía de Brasil en la Amazonia.

El Estado y las corporaciones son las primeras responsables por las deudas socioambientales en el Amazonas a través de incentivos agrícolas que perjudican la producción de la comida de las familias agricultoras.

Una foto previa de los bosques antes de los incendios. Foto: Walmirbatata

Los retos a futuro son múltiples: la fuerte presencia de los leñadores, rancheros y de la agricultura capitalizada en varias divisiones del Amazonas; la acción discriminatoria del Congreso Nacional de Redes Políticas de Agricultura frente a los intereses de la población tradicional; la prohibición de la demarcación de tierras indígenas; los conflictos alrededor del nuevo Código Forestal Brasileño; los conflictos sobre la apropiación de recursos minerales en territorios de personas indígenas frente al Estado soberano que le apuesta a la exploración del subsuelo; especulación de tierras e invasión de las Unidades de Conservación y la apropiación ilegal de tierras; y el impacto ambiental de importantes obras públicas, notables plantas hidroeléctricas y apertura de autopistas.

La expansión de su prédica llamada “economía verde” o “mercado ambientalista” refuerza la importancia de la lucha por una nueva política pública que contemple el derecho al territorio para los indígenas tradicionales y comunidades no indígenas de la Amazonia brasileña.

 

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