AI denuncia “respuesta estatal deliberada” durante protestas en Perú

Tomado: DW Made for Minds

Hubo “sesgo racial y uso de la fuerza letal” en la represión de las manifestaciones, afirmó la secretaria general de Amnistía internacionaI, Agnès Callamard.

Familiares de personas asesinadas durante enfrentamientos con policías en Perú muestranas las fotos de las víctimas. (Archivo: 23.02.2023)

Amnistía Internacional (AI) aseguró el jueves (25.05.2023) que la muerte de 49 manifestantes en choques con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales en Perú muestra que hubo una “respuesta estatal deliberada y coordinada” que fue “ordenada o tolerada por altos cargos”.

“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”, afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Así lo afirmó durante la presentación del informe “Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas social registradas desde diciembre.

“Casi todos ellos procedían de entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y uso de la fuerza letal”, agregó Callamard en una rueda de prensa posterior a la presentación.

Amnistía señaló que hubo un muerto en Lima, donde ocurrieron las mayores protestas y el 20% de participantes se identificaba como indígena; mientras que en Ayacucho, donde el 82% son indígenas, murieron 10 personas.

“En Lima no vimos el mismo despliegue de fuerza letal que en otras regiones”, afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Perú se enfrentó a oleadas de protestas entre diciembre y febrero tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, que intentó ilegalmente cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Unos 49 civiles murieron en enfrentamientos con la policía y el ejército, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Los manifestantes exigieron la dimisión del sucesor de Castillo, la presidente Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva Constitución. Los líderes de las protestas han anunciado planes para reanudar las manifestaciones antigubernamentales en junio.

Boluarte, quien ha negado abusos por parte de las fuerzas de seguridad, está siendo investigada por la fiscalía general por “genocidio, homicidio y lesiones graves”. Está previsto que la investigación preliminar de la fiscalía concluya el 31 de mayo.

La oficina de prensa de la presidente declinó hacer comentarios sobre el informe de Amnistía.

 

 

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