Chile continúa ardiendo y el Gobierno no encuentra cómo sofocar las llamas

Tomado: France 24

27 Noviembre del 2019

La ausencia de acciones que satisfagan las demandas sociales mantiene a los chilenos en pie de lucha por quinta semana consecutiva. Piñera trabaja en cinco puntos para aliviar la crisis, pero su enfoque institucional lo aísla cada vez más de los ciudadanos.

“Nuestro país es un verdadero oasis en medio de una América Latina convulsionada”, presagiaba un inocente Sebastián Piñera poco antes del estallido social del 18 de octubre. “Prefiero este Chile despierto a un oasis pasivo y tranquilo”, respondió este 26 de noviembre el arquitecto chileno, Miguel Delso, de 32 años, que asistió al llamado de paro nacional convocado por la mesa de Unidad Social que reúne a la mayoría de sindicatos y organizaciones sociales más importantes del país que le reclaman a Piñera un mayor compromiso ante sus demandas.

“La percepción general que tiene la gente hoy es que estas movilizaciones no pararán por un tiempo, aunque la violencia ha bajado su nivel. No se ve voluntad del Gobierno por avanzar en una agenda social que responda a las demandas del movimiento. Más bien denota un interés en una agenda de seguridad”, dijo en diálogo con France 24, Pablo Fredes, licenciado en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, que vive a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda y ha sido testigo de primera mano del descontento de la ciudadanía.

Asediado por una crisis que puso a su Gobierno contra las cuerdas, Piñera trazó una agenda de cinco puntos para frenarla. El primero está relacionado con la agenda social, el tema que ha animado las movilizaciones y que representa los mayores desafíos para el gobierno: el aumento de las pensiones y el salario mínimo, el acceso a medicamentos más económicos y una mejora en el sector de la salud y la educación para mitigar la desigualdad. El segundo tiene que ver con la petición para redactar una nueva constitución. El tercero, con la disminución del salario de los parlamentarios y la baja de los altos ingresos de los funcionarios del sector público en general. La cuarta es el fortalecimiento del orden público, la paz ciudadana y la paz social. Y el quinto, propulsar la economía.

Pero precisamente este martes, el presidente anunció que en los próximos días presentaría un proyecto al Congreso con un plan de reconstrucción de las áreas más afectadas “que los violentistas han destruido en el último tiempo” y además un programa para reimpulsar la economía del país. Pero este mensaje se produjo luego de que firmara una legislación en la que dio luz verde a las fuerzas armadas para salir a las calles a custodiar infraestructura crítica. Medidas que abarcan solo el cuarto y quinto punto de su agenda. La de los oficiales, dijo el analista chileno Guillermo Holzmann, “envía una mala señal en medio de la crisis”. “El sacar a los militares no solo tiene un deja vu de la dictadura, sino que no tenemos legislación suficiente para establecer protocolos de manejo que la fuerza pueda usar cuando se tenga que enfrentar a un civil”, aseguró.

Piñera aseguró que “creemos que con estos cinco pilares que el gobierno impulsa estamos actuando, escuchando, con humildad y atención la voz de la gente, y estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para aportar con actitudes y con acciones concretas”, pero los manifestantes no reconocen todavía gestos de buena voluntad en el accionar del presidente.

“Principalmente estos gestos estarían en una agenda social que permita, principalmente, subir los montos de las pensiones, el sueldo mínimo, disminuir la deuda estudiantil, lamentablemente los ofrecimientos del Gobierno han sido mezquinos respecto a lo que pide la movilización”, aseguró Fredes.

Pero, adicionalmente, “cuesta poner de acuerdo a los congresistas en el régimen de pensiones, y el decrecimiento de nuestra economía complejiza el poder responder con recursos para satisfacer todas las demandas”, aseguró la analista Paulina Astroza. El 25 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó con 66 votos a favor y 77 en contra el acuerdo de pensiones pactado entre el Senado y el Gobierno de Piñera que contemplaba un aumento del 50% de la pensión básica para mayores de 80 años desde enero de 2020 y un aumento progresivo para los demás jubilados hasta 2022.

Astroza asegura que a Piñera le falta una hoja de ruta clara y salir del círculo vicioso de los anuncios, que no le ha dejado plasmar respuestas concretas en el rubro social. Pero Holzmann resaltó que “dentro de su programa de gobierno ha puesto la agenda social a la que se ha agrado un bono extra para aumentar el salario mínimo”. Lo complejo para en analista, es que el presidente asumió un “enfoque netamente institucional al asumir una agenda de seguridad para potenciar las instituciones encargadas del orden público, que ha sido uno de los más afectados en medio de las protestas. Para Holzman esto ha provocado que el Presidente se aísle, dejando un vacío de poder que no es percibido como tal por él”.

Fredes reafirma esta teoría. Para él, “existe una profunda distancia entre el Gobierno y el mundo social, expresado en una crisis de credibilidad del Presidente y de legitimidad del mundo político en general”. La nueva constitución, el bastón en que se apoya Piñera para devolver la credibilidad a su gobierno

Una de las mayores apuestas del Gobierno es la derogación de la actual constitución escrita por el dictador Augusto Pinochet en 1980, para darle vía a una nueva que demandan los ciudadanos. Y ese fue uno de los acuerdos que logró pactar el Ejecutivo de Piñera con la oposición en el que acordó una hoja de ruta para activar este mecanismo mediante un plebiscito que se fijó para abril de 2020 en el que la gente escoja si quiere una nueva carta magna y qué fórmula constituyente prefiere para hacerlo.

Astroza reconoce que este fue uno de los puntos en que Piñera cedió porque esta propuesta ni siquiera estaba contemplada en su plan de Gobierno, pero esta vía no resuelve el problema de fondo. Holzman asegura que “recobrar los lazos de confianza entre el pueblo y el Gobierno es fundamental y es el gran desafío” del mandatario conservador.

Frener explica que “Piñera representa a la élite empresarial y política, con un pasado turbio sobre cómo hizo su fortuna, cuyo Gobierno se terminó de desplomar por su propia agenda de Gobierno”. Explicó que eliminó beneficios sociales, que levantó el hastío que se atizó con la crisis climática que se acentuó este año en el país. “Hubo una sequía gigante, que reventó el problema del agua que acá es privada. Eso generó un efecto dominó. Se empezó a cuestionar el modelo económico y a acusar de saqueo de los recursos naturales”. Así, explicó, se sumaron más temas, hasta que reventó con el alza de los pasajes, añadió el joven estudiante de maestría.

Es que Santiago es una ciudad “demográficamente desigual”, reitera, y hoy esa es la principal demanda. Pero para Holzman, los dos problemas más urgentes del Gobierno ahora mismo es “hacer una reforma policial que asegure el respeto a los derechos humanos, viendo que la policía tiene un rol de represión; y segundo un anuncio de que el Estado toma responsabilidad en términos de control y participa más para asegurar una mejor salud, educación y pensiones”.

En pocas palabras, que, en materia de comunicación, que el Ejecutivo ha fallado, realmente transmita un mensaje que reitere un compromiso serio con las demandas de los ciudadanos, y que luego, cumpla. Esa es la verdadera base para devolver la credibilidad, dijo el experto a France 24. Las demoledoras denuncias de violaciones de DD.HH. que tienen en la mira a los carabineros

Santiago, como las demás ciudades funcionan a media máquina. La capital se pone en marcha a las 6 de la mañana con los primeros servicios del metro, y después de las 8 de la noche, se suceden los actos vandálicos, según Holzman. Pero dice que el Gobierno ha fallado en la represión de los más radicales y también en reprimir a los manifestantes pacíficos.

El más reciente informe de Human Rights Watch, denunció a los “policías chilenos, los carabineros, por violación de los derechos humanos, también informó del uso indiscriminado de armas y escopetas antidisturbios, “golpes feroces” a los ciudadanos y disparos con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente contra los manifestantes. Pero Amnistía Internacional fue más allá. La directora ejecutiva de esta ONG en Chile, Ana Piquer, aseguró que las violaciones de derechos humanos en el país son “generalizadas” y, por lo mismo, la responsabilidad va más allá de quién “apretó el gatillo”.

“La masividad de violaciones de derechos humanos es indiscutible, y este tema será material de investigación judicial y de debate político, la insistencia de órdenes institucionales, de una política fijada de los mandos superiores”, explicó a France 24, el abogado constitucionalista de la Universidad de Concepción, Carlos Maturana.

El saldo de 38 días de protesta en Chile es demoledor. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos del país, hay 2.808 personas heridas, 49 por disparo de bala, 1.180 por disparo de perdigones, 232 personas con lesiones oculares, de las cuales se confirmó que una perdió por completo la vista. Incluso hace cinco días los perdigones fueron prohibidos por los carabineros, luego de que la Universidad de Chile asegurara que contenían “solo un 20% de caucho y el 80% restante de está compuesto de elementos como sílice, sulfato de bario y plomo”.

El Gobierno cifra en 23 el número de muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado- pero la Fiscalía Nacional investiga actualmente 26 muertes. Pero también las violaciones sexuales, torturas y prácticas como desnudar a menores que obligaban a hacer sentadillas en las comisarías. El canciller chileno, Teodoro Ribera, sin embargo, dijo “yo no creo que haya sistematicidad en la violación de DD.HH., si alguien los viola es por un uso indebido de su poder o autoridad”.