Tomado: France 24
David González
La decisión se da tras décadas de lucha de los indígenas de Salta por recuperar y proteger sus territorios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Argentina es responsable por afectar la propiedad comunitaria indígena y violar los derechos de los pueblos ancestrales involucrados en el litigio.
En Salta, región fronteriza de Argentina con Paraguay y Bolivia, comunidades indígenas lograron un triunfo tras años de lucha por la que consideran sus tierras ancestrales, en una extensión de aproximadamente 643.000 hectáreas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las comunidades este 3 de abril y sancionó al Estado argentino por haber obstaculizado el “acceso efectivo” al título de propiedad, con todo lo que implica.
La petición inicial de las comunidades fue presentada en 1998, con apoyo de la organización legal CEJIL. Tras años de pugna jurídica termina en esa jurisprudencia que favorece a los pueblos indígenas Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete).
La decisión final obliga al Estado a entregar la propiedad de tierra a las comunidades de Salta en un plazo máximo de seis años. El título debe ser único y colectivo dirigido a la asociación Lhaka Honhat, donde se agremian los pueblos indígenas demandantes.
“Nosotros, como comunidades indígenas, desconocemos la propiedad privada, por eso buscamos el título único comunitario“
Según consta en la jurisprudencia de la Corte, las comunidades pedían al estado argentino que respetara sus territorios desde 1984, año en el que por primera vez pidieron al Estado que no parcelara y protegiera su propiedad. Entonces el gobierno quería promover que habitaran esa zona fronteriza a través de concesiones de propiedad a habitantes individuales.
La disputa no avanzó y por el contrario, entre los años 1999 y 2004 el Estado realizó obras en el área protegida y se dio un proceso de parcelación individual, proceso al que se opusieron firmemente las comunidades. Incluso, en la zona de un puente internacional construido en 1999 se realizaron protestas para intentar detener los procesos.
En marzo de 2005, cuando el proceso ya hacía trámite en los tribunales internacionales, la provincia de Salta dijo que realizaría un referendo para saber si entregaban las tierras a los colonos o no. El Gobierno nacional se opuso a la consulta, que finalmente fue reglamentada por la ley provincial en julio. A pesar de la oposición de los caciques, la gente votó ‘Sí’ en un 98%: querían que las tierras fueran entregadas.
La pugna por la propiedad en sí tiene el trasfondo la lucha por dos modos de vida distintos. La población criolla cría ganado, pone alambrados y realiza tala ilegal del ecosistema. Ese modo de relacionamiento con la tierra pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas.
La Organización de Familias Criollas que representa a los habitantes no indígenas de la zona defiende su derecho a vivir y a explotar esa tierra.
En 2007 llegaron a un acuerdo que nunca se implementó. A France 24 manifestaron meses atrás que “no tenemos una hectárea de pastura que haya hecho el estado, que es lo primordial que se necesita para las familias que se tienen que trasladar, porque al achicarse el espacio tienen que tener qué darle de comer a sus animales”.
La visión de para qué quieren la tierra es distinta desde los pueblos indígenas. El cacique Francisco Pérez dijo en una entrevista a medios locales en 2019: “Nosotros, como comunidades indígenas, desconocemos la propiedad privada, por eso buscamos el título único comunitario, porque nos corresponde como derecho. Lhaka Honhat significa, en mi idioma, ‘nuestra tierra’, ni mía ni de él, nuestra. Nuestra quiere decir de los chorote, nivaclé, wichí, toba y tapiete, de los que vivimos desde hace mucho tiempo en el territorio”.
Ahora la CIDH les dio la razón.
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