Declaración, programa mínimo y criterios de unidad del Encuentro Nacional de Emergencia 2020

Tomado: Coordinadora Nacional Sindical, Social  y Popular.

Unidad y lucha para derrotar el plan estratégico del gobierno de Duque y Uribe

La grave crisis económica, política, social y administrativa por la que atraviesa el país y la ofensiva de los poderosos contra las gentes laboriosas hacen necesaria la más amplia unidad de los obreros, pueblos originarios (campesinos, indígenas y afrodescendientes), mujeres, jóvenes y demás sectores populares para frenar la antidemocracia y el despojo. Las luchas que se han venido librando constituyen importantes avances, pero aún requieren mayor unidad, cohesión, contundencia y continuidad para lograr los objetivos propuestos.

La decadencia y agresividad del uribismo

El gobierno de Iván Duque, el Centro Democrático y el jefe de ambos, Álvaro Uribe, se están hundiendo en el desprestigio a causa tanto de las fechorías que han cometido durante años como de las medidas que han adoptado contra el bienestar del grueso de la población, medidas que no han sido tomadas exclusivamente por la camarilla uribista, sino que, por corresponder a las exigencias del gran capital colombiano y extranjero, han sido puestas en marcha por otros gobiernos nacionales.

El uribismo es el sector político que agrupa a los capitalistas y terratenientes más retardatarios. Los brotes de rebeldía le provocan pánico y, por ello, clama que las Fuerzas Armadas y de Policía y los reservistas procedan a cometer masacres “con sentido social”, como las denominó Álvaro Uribe. Azuzó, entre otras, la matanza para enfrentar las gloriosas jornadas de los días 9 y 10 de septiembre, en las cuales más de trece jóvenes fueron asesinados y cerca de 400 personas más heridas de bala en las ciudades de Bogotá y Soacha, cuando los uniformados, con el apoyo desvergonzado de Duque, usaron armas de fuego contra la población indefensa. Los asesinatos que a diario se cometen a lo largo de la geografía nacional no logran saciar la sed de sangre del uribismo en decadencia. A la vez, demanda el estado de excepción, pues su carácter autoritario no tiene paciencia para los que considera obstáculos de la democracia que dice defender.

Lo aterrorizan no solo los levantamientos populares sino también las investigaciones sobre “terrorismo de Estado” (falsos positivos, desapariciones, desplazamiento forzado, parapolítica, matanza de líderes sociales), paramilitarismo y corrupción, delitos en los que han sido campeones los dirigentes del Centro Democrático. Comprenden que necesitan mantenerse en el poder para sacar adelante el tapen tapen, que les es tan vital como el aire. Por ello, se apoderan de la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos de “control” y vapulean a la JEP, a la Corte Suprema, y al juez que les abra cualquier indagación lo someten al vituperio y la amenaza. Su última y desesperada carta consistió en apoyar la campaña reeleccionista de Donald Trump, con la esperanza de lograr cobijo en el magnate fascistoide.

La falsa opción de otras agrupaciones políticas capitalistas

Distintos sectores políticos procapitalistas aspiran a hacer leña del declive del uribismo. Prometen ceñirse a las formalidades de la democracia burguesa y respetar los veredictos de las cortes y los acuerdos de paz. Eso sí, continuarán a fondo con el paquete de medidas destinadas a exprimir sin ninguna compasión a todos los sectores del pueblo, aplicar lo que dicten el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, proteger los intereses de banqueros y de los grupos monopolistas colombianos y extranjeros. En síntesis, puño de hierro en guante de seda. Buscan, pues, que la brega heroica del pueblo colombiano se limite (¡una vez más!) a ser la escalinata de quienes aspiran a tomar el relevo al mando de la república oligárquica.

La ofensiva antipopular en marcha

La situación que vive el pueblo colombiano no encuentra salida en ninguno de esos enfoques políticos procapitalistas, sino que, por el contrario, sus tribulaciones y angustias se agravarán. Ya el desempleo sobrepasa el 20 %, y las propias cifras oficiales de pobreza y pobreza extrema alcanzan el 35,7 % y 10 %, respectivamente; guarismos del 2019 y no incluyen todavía los correspondientes a la pandemia.

Lo que buscan los capitalistas y su gobierno consiste en sacar provecho de la calamidad que viven las mayorías e imponer medidas para facilitar los despidos y disminuir o eliminar las indemnizaciones cuando estos se hacen sin justa causa; estatuir el predominio de la contratación por horas, sin prestaciones ni seguridad social; fortalecer los fondos privados de pensiones y reemplazar las mesadas por los míseros beneficios económicos periódicos, BEPS; envilecer todos los salarios y fragmentar el mínimo en uno para jóvenes, otro para mujeres y otro para el agro; con esto y el decreto 1174 del 2020, la garantía de pago de al menos el salario mínimo desaparecerá. Con el incremento del teletrabajo y el trabajo en casa sin controles ni restricciones, será frecuente que el empleado asuma parte de los costos de las empresas en equipos y servicios públicos. El proyecto de Ley 010 ahonda la privatización de la salud y sube los gastos para los pacientes. El proyecto de Ley 331 legaliza la tercerización del personal médico, asistencial y administrativo de las entidades de salud. Con el Sisbén IV, se pretende excluir de este servicio y de los subsidios de energía y gas a cerca de seis millones de familias de bajos recursos. Además, el gobierno prepara un nuevo incremento de impuestos a los asalariados y del IVA a los productos de la canasta familiar. Las tarifas de los servicios públicos se han convertido en otra forma de extorsión.

A los productores agrarios pequeños y medianos se les continúa arruinando mediante la importación de alimentos y la carencia de crédito barato y asistencia técnica. Al tiempo, miles de familias carecen de un pedazo de tierra para trabajar, y los jornaleros viven en condiciones miserables.

La crisis de la pandemia destapó la contradicción entre “la economía o la vida” ya que, el mandato de Duque solo se muestra preocupado por las utilidades de las grandes firmas y no quiere ni oír acerca de disposiciones que frenen el contagio del covid 19; así, los colombianos están librados a su suerte con más de un millón de contagios y 36 mil muertes; tampoco cumplió con las urgentes inversiones en salud ni, menos aún, con la renta básica y el mínimo vital tan necesarios para millones de familias. Los créditos subsidiados para profesionales y pequeños y medianos negocios no aparecieron, pues todo quedó a disposición de la avaricia de los banqueros. El presupuesto nacional se dilapidó más en corrupción y favores a los favorecidos y favoritos y en gastos hasta ahora desconocidos o no ejecutados. Con semejantes manejos, el hueco de la deuda pública se convirtió en tronera —para abonarle al pago se destinará más del 20 % del presupuesto nacional del próximo año—, y los desposeídos serán, otra vez, los llamados a cubrir los faltantes y los intereses leoninos, mediante el pago de mayores tributos, la mengua de los salarios y la pauperización de la enseñanza y la salud, entre otros.

Se profundiza el extractivismo, incluido el fracking, puesto que las multinacionales están ansiosas de saquear aún más los recursos naturales, contaminando y destruyendo pisos bioclimáticos, páramos, ríos y bosques. Hasta la consulta previa a las comunidades les parece demasiado estorbosa, y ya sus mandaderos políticos trabajan para reducirla a la inutilidad.

El gobierno avanza en la fumigación por vía aérea con glifosato o con otro producto tóxico toda la geografía nacional dizque para acabar con el narcotráfico, en cumplimiento de las órdenes del gobierno estadounidense. Las tropas de esta potencia se pasean por el territorio nacional, hacen uso de las siete bases militares e imparten órdenes a las Fuerzas Armadas colombianas. Su presencia ni siquiera se atiene a las normas de la muy laxa constitución política.

Las masacres y los desplazamientos forzados continúan en beneficio de despojadores de tierra, potentados y bandas de asesinos. El gobierno cuando no es cómplice es testigo mudo de tamaños horrores.

El arrasamiento de los derechos democráticos y de las libertades hace parte esencial de semejantes políticas de espolio, aplicadas a un país que figura ya entre los más desiguales e injustos del mundo.

La situación de Colombia hace parte de la crisis mundial

La crisis que vive Colombia hace parte de la que viven el capitalismo y el imperialismo mundiales caracterizada por una fuerte tendencia al aumento de la especulación financiera y la deuda pública y privada. La marcada tendencia al exceso de capacidad industrial instalada y de declinación de la tasa de crecimiento de las economías de mayor desarrollo ha determinado un encono de la lucha por el control del mercado mundial, una acelerada carrera por rebajar los salarios y saquear aún más a los países que sufren el yugo colonial, una rápida destrucción del medio ambiente en un intento de recuperar las tasas de ganancias. La rivalidad entre las potencias se agudiza y provoca guerras que cubren áreas cada vez más extensas del planeta, una amenaza inminente a la paz mundial.

Aunque los Estados Unidos son todavía la principal potencia capitalista, están perdiendo terreno cada día, lo cual los hace más belicosos. La red de alianzas que tejieron durante décadas para garantizar su control mundial se está fracturando; las políticas que diseñaran para presentarse mañosamente como campeones de la democracia y el progreso están cayendo en el desprestigio. Los imperios en disputa necesitan afincar sus garras en los países bajo su control, como es el caso de Colombia, sometida a una injerencia asfixiante para que juegue su papel de peón en el forcejeo contra China y Rusia.

La propia política interna de los Estados Unidos es prueba de la decadencia de la oligarquía financiera que gobierna a esa nación. Pero gane Trump o Biden, la naturaleza explotadora y guerrerista del Tío Sam no cambiará: afianzará su espolio en Latinoamérica, la militarización del subcontinente y las políticas antidemocráticas.

El enfrentamiento entre potencias y entre sectores de las clases dominantes, aunque les impone mayores sacrificios a los pueblos, puede convertirse en un factor positivo para las batallas libertarias, siempre y cuando la clase obrera y los demás luchadores no se dejen utilizar por una de las fracciones en pugna. Saludamos los recientes avances de las luchas de los pueblos boliviano y chileno contra los gobiernos derechistas de Añez y Piñera, y hacemos votos porque sus propósitos antioligárquicos y antiimperialistas culminen con éxito. Debemos seguir el ejemplo de lucha dado por las masas de estos dos países hermanos.

La unidad y sus exigencias

No es difícil comprender que para enfrentar tales andanadas es necesario alcanzar la más amplia y sólida unidad del pueblo colombiano. Sindicatos, organizaciones de indígenas y de campesinos, negritudes y pueblos originarios, barriales, juveniles, de mujeres son los pilares de este gran frente común contra el gobierno ultraderechista de Duque, los banqueros y los oligopolios industriales, comerciales y agrarios. En esta vasta unidad también caben los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y agricultores que se decidan a luchar contra estos poderosos enemigos. No hay tiempo que perder.

Pero la unidad no se logra meramente gritando su nombre; es imperioso enfrentar a sus enemigos, especialmente a aquellos que pregonan ser sus defensores, pero la socavan de manera taimada, ya sea sembrando ilusiones en las promesas de los enemigos del pueblo, contemporizando con el gran capital, promoviendo las engañifas de la concertación en vez de la batalla. También debilitan la unidad quienes buscan beneficiarse políticamente a expensas de la lucha o proceden antidemocráticamente arrogándose el derecho de decidir por el conjunto sin siquiera consultar con las demás fuerzas comprometidas en la lucha. Más nefasto para los propósitos unitarios es el sumarse a la campaña del régimen, que calumnia a los jóvenes calificándolos de vándalos y otros apelativos que encajan mejor a las fuerzas represivas que a los luchadores y darles el visto bueno a los gobiernos para que repriman a los inconformes. En fin, los que se atreven a excluir de congresos y eventos en los que se trazan lineamientos y tareas a quienes discrepan de los dictados de ciertos “jefes”. Tampoco es aceptable que se dejen tiradas reivindicaciones como la de que el salario mínimo debe igualar el costo de la canasta familiar, para reemplazarla por un incremento irrisorio.

Las direcciones de las centrales obreras tienen que abandonar el camino de la concertación, la antidemocracia y la táctica de desgastar el movimiento en movilizaciones esporádicas, sin continuidad ni propósito de escalamiento enfocado en un paro indefinido que sea capaz de derrotar los planes reaccionarios del gobierno. La experiencia del 21 de noviembre, de otras jornadas posteriores y la del 21 de octubre pasado demuestran palmariamente que Duque y el gran capital no cederán ante manifestaciones por grandes que sean. Es necesario el paro general indefinido para alcanzar los objetivos propuestos.

El momento exige el mayor respaldo a la huelga justísima de los proletarios del Cerrejón, a la pelea de los trabajadores de la salud, a la minga indígena y a la valerosa juventud del pueblo colombiano, que ha jalonado las luchas recientes. Agreguemos también con claridad que también atentan contra la unidad aquellos sectores que preocupados únicamente por su capilla y celosos del posible avance de otros fomentan debates sectarios que distraen la atención de los problemas esenciales y valiosas reivindicaciones en lucha inmediata y el avance hacia un nuevo poder económico y político construido por el pueblo, confundiendo el carácter de las diferentes organizaciones que participan en la lucha de clases. Quizás de manera inconsciente, estas posiciones lesionan gravemente la cohesión de las fuerzas populares.

En consecuencia, el Encuentro Nacional de Emergencia le propone al pueblo colombiano los siguientes elementos de un programa mínimo y de criterios para la unidad que permitan forjar un enorme movimiento de masas que sea capaz de derrotar las nefastas políticas del imperialismo, el duqueuribismo, los banqueros y el resto de magnates.

Programa mínimo de unidad

  • Por la vida, cese del asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes.
  • Por la renuncia de la cúpula militar, policial, del Ministro de Defensa y el desmonte del ESMAD.
  • No al pago de la deuda externa.
  • Por renta básica universal y mínimo vital ya.
  • Salario mínimo que cubra el valor de la canasta familiar.
  • Por la derogatoria del decreto 1174 y contra cualquier intento de reforma laboral pensional y tributaria.
  • Abolir las EPS, las AFP, las ARL y desprivatizar la seguridad social.
  • Contra los proyectos de ley 010, 331 y el 245 que atentan contra la salud del pueblo y contra los trabajadores de la salud.
  • Por educación pública y gratuita, vamos por matrícula 0, y contra la alternancia y condiciones digitales para el acceso.
  • Contra la aplicación del artículo 242 del Plan Nacional de Desarrollo, PND que mediante el Sisbén 4 saca a más de 6 millones de familias del régimen subsidiado.
  • Que se declare emergencia por Violencia Basada en Género y se aumenten los recursos a programas de protección.
  • En defensa de los recursos naturales: No al fracking, la megaminería y al extractivismo.
  • Contra la privatización y por la defensa de las empresas públicas.
  • Por el respeto a la vida, el territorio y demás exigencias de la Minga Indígena.

Criterios de unidad

  • La gran unidad que se requiere debe ser para desarrollar las luchas contra las políticas del régimen, el gran capital y el neoliberalismo, no para apaciguarlas.
  • Defensa resuelta y consecuente del programa que se apruebe.
  • Abandonar la política de concertación, pues constituye un engaño y ya muchas reivindicaciones se han perdido en ella.
  • Trabajar por la realización de un gran paro nacional que de veras paralice la producción, el transporte, los servicios, las empresas públicas y privadas, que no se limite a una marcha y que tenga un carácter continuado.
  • Las decisiones se deben tomar de manera democrática. Todos los sectores tienen derecho a expresar sus opiniones.
  • En una eventual negociación con el régimen cualquier propuesta de acuerdo debe ser adreferéndum y dándoles prioridad a las decisiones asamblearias.
  • No excluir a ningún sector, movimiento, persona, territorio que desee participar consecuentemente en la lucha.
  • La unidad que se busca debe tener una gran amplitud, respetar la independencia y el carácter de cada organización, y deponer el sectarismo y la prepotencia, que le atraviesan palos a la rueda de la unidad popular. Que el avance de todos redunde en el avance de cada organización, y que el avance de cada organización fortalezca el movimiento unitario.
  • El movimiento no debe utilizarse como plataforma electoral de ningún partido o movimiento político, puesto que eso desalentaría la participación de quienes no pertenezcan a ese partido.
  • A la vez, se debe alentar la participación y respetar los derechos de todos aquellos que militen en partidos contrarios al régimen imperante.

 

¡Por la vida, los derechos, contra el terrorismo de estado y el paquetazo, paro general indefinido!

¡Por vida, pan, techo, salud, educación, trabajo, pensión y servicios públicos para todas y todos!

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