La violencia tiñe de sangre las protestas antigubernamentales en Colombia

Tomado: France 24

Asesinatos, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales, infiltración de agentes y de civiles armados. Estos y otros señalamientos se ciernen sobre la Fuerza Pública y las autoridades colombianas en el marco de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. En dos semanas de manifestaciones, Colombia lo ha visto todo.

‘La Flaca’ lleva 15 días manifestándose y 13 con una contusión en ambos muslos y magulladuras que se extienden por sus piernas. Las tiene desde el 30 de abril, cuando un agente del escuadrón antidisturbios Esmad le disparó por la espalda un proyectil de gas lacrimógeno. “Eso no se dispara a una persona, nosotros no tenemos armas, tenemos palos y piedras”, denuncia.

Había salido temprano a manifestar, como muchos otros jóvenes de la primera línea, para cortar el tráfico en el sector del Ancla en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas contra las políticas neoliberales del Gobierno colombiano. “Quiero un trabajo digno, educación para mis dos hijos”, dice ‘La Flaca’, ama de casa desempleada. Resalta que su lucha es pacífica y que no tiene otra opción que marchar, “todos estamos igual”, lamenta.

Le dispararon después de que ella misma le hubiera pedido al Esmad, de la Policía, que no los atacaran. “Les dije que estábamos en una marcha pacífica”. Sin embargo, horas después los agentes antidisturbios arremetieron contra los manifestantes y abruptamente empezaron a dispersar la concentración con gases lacrimógenos, lo que causó que varios de los presentes se desmayaran.

“Es un atropello desde cualquier punto”, dice, y asegura que las agresiones se han multiplicado con constantes disparos de armas de fuego. Las balas incluso han impactado fachadas y traspasado cristales.

De acuerdo con el recuento de la ONG local Temblores, en Colombia se cuentan ya 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública –la mayoría de estas muertes en Cali– en las protestas iniciadas el pasado 28 de abril. Esta entidad también reporta 2.110 casos de violencia policial contra manifestantes desde el primer día del paro.

“En el momento en que me cojan van a hacer ‘bellezas’ conmigo”

El uso de gases lacrimógenos, un arma química prohibida en 1993 en la Convención de Ginebra pero que sigue siendo usada por múltiples gobiernos, ha sido constante, por lo que muchos ancianos y niños han tenido que abandonar sus casas ahogados por los gases.

“Ayer nos atacaron a la misión médica, nos metieron la tanqueta, eran más de 150 personajes del Esmad y la Policía sacando ya con disparos a la comunidad. Hubo bastantes niños afectados, más de 60 personas con convulsiones”, denuncia ‘La Flaca’ a este medio. Asegura que ya la tienen “fichada” y tiene miedo de que la detengan, “en el momento en que me cojan van a hacer ‘bellezas’ conmigo”, asegura refiriéndose a posibles retaliaciones.

A pesar del temor, sigue marchando. Lo hace con la cara completamente cubierta. Ya tienen su teléfono, al que la han llamado desconocidos a amenazarla de muerte. En una ocasión dos agentes del Esmad la retuvieron contra una valla. Temió por su integridad. A las mujeres que detienen “las acosan, las tocan, las ultrajan”, comenta, asustada de convertirse en una víctima de violencia sexual.

Según Temblores, 16 mujeres han sufrido estos abusos por parte de agentes del Estado en lo que va de paro nacional y justo este 13 de mayo una menor de edad se suicidó después de denunciar tocamientos y abusos sexuales en una comisaría de la policía en la ciudad de Popayán.

‘La Flaca’ también cuenta que la situación se ha puesto peor en los últimos días, después de que el 9 de mayo civiles vestidos de blanco dispararan contra la Minga, formada por distintos pueblos indígenas de la región que llegaron para apoyar a los manifestantes y para garantizar que las protestas se realicen pacíficamente, así como para brindar un corredor humanitario de alimentos, combustible y otros bienes que escasean en la ciudad tras varios días de protesta.

Ataques a la Minga indígena evidencian la alta agresividad en las protestas

Jarol Txutenas, consejero de la Minga, fue testigo del ataque al colectivo. El domingo viajaba hacia Cali en un auto con la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, cuando hombres con camionetas blancas le cerraron el paso a él y sus compañeros. “Me decían ‘salga de esa camioneta que lo vamos a picar'”, lo hacían en represalia por los bloqueos ejercidos por los manifestantes y la comunidad indígena. Él pidió auxilio y llegaron varias chivas (camiones) con integrantes de la Minga, gracias a ello pudo escapar.

Sin embargo, al llegar a Cali, vio que unos hombres vestidos con camisetas blancas disparaban contra los miembros de la Minga, que empezaron a perseguir a los atacantes y estos aumentaron los disparos. En videos difundidos en redes sociales se ve a los atacantes refugiarse entre los policías, que lejos de proteger a los civiles desarmados, se abstuvieron de disparar y les dejaron escapar sin resistencia. Tras estos hechos, la Minga denuncia un “sicariato” en contra de la protesta pacífica.

“Anteriormente la táctica de la policía y del Esmad era atacar de frente, pero ahora la Fuerza Pública cambió de táctica y es usar camionetas, ellos vestirse de blanco o de civil, mostrarse como ciudadanos para hacer sus cometidos en contra de la protesta social. Es una situación muy grave de violación de los derechos humanos”, denuncia Jarol.

Seguir la protesta es arriesgar nuestra juventud para que los asesinen

Tras lo sucedido, la Minga decidió replegarse nuevamente a los territorios después de denunciar haber sido utilizada por el Gobierno, que solicitó días antes su presencia para crear el cordón humanitario que finalmente fue utilizado por el Ejército para introducir más uniformados en Cali, donde a pesar del constante llamado de la población a cesar las hostilidades, el Gobierno ha redoblado el número de militares.

En los ataques del domingo, condenados por diversas entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional, resultaron heridos 10 indígenas, varios de gravedad. Una de ellas es la joven lideresa de 23 años Daniela Soto, defensora de larga data de procesos feministas. Soto fue llevada al Hospital Valle de Lili, en Cali después de que una de las balas le atravesara el abdomen y la cadera.

La Minga abandonó Cali tras los hechos. “Seguir la protesta aquí, en la ciudad de Cali, es arriesgar nuestra juventud para que nos asesinen estos hombres llamados ‘camisetas blancas’ y no queremos arriesgar”, zanjó Jaron.

Lucas Villa, mártir de la violencia

En Pereira, en el occidente del país, murió el 11 de mayo Lucas Villa. Este estudiante de 37 años se manifestaba pacíficamente el pasado 5 de mayo cuando hombres armados dispararon ocho veces contra él.

En el ataque, los desconocidos dispararon desde una motocicleta en un plantón en que se encontraba. El caso conmocionó al país y generó revuelo internacional. Lucas, quien destacaba en las manifestaciones por su carácter alegre, se convirtió en un símbolo de las protestas, en las que con frecuencia se le veía cantando, bailando y explicando los motivos de la marcha. “La violencia no es el mensaje de Lucas”, dijo su padre a medios locales y aseguró que este tampoco era el camino para solucionar los problemas.

El mismo día de su muerte, la Policía dijo que el caso del estudiante era prioridad para la Fiscalía y que el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Policía se estaba encargando de las pesquisas sobre el ataque a Villa. Informó asimismo que la entidad ofrece una recompensa de 100 millones de pesos, unos 26.948 dólares. Desde entonces, poco se ha sabido sobre la investigación.

Algunos medios de comunicación nacionales han especulado con posibles nexos entre la muerte de Villa y el ataque de grupos armados a la manifestación por haber bloqueado sus operaciones -sin que esta hipótesis haya sido corroborada oficialmente-, para muchos ciudadanos el atentado contra el estudiante es el reflejo de un Estado que ha permitido y ha sido connivente con la operación de grupos paramilitares durante décadas.

Entre las principales críticas por la muerte de Villa están las dirigidas al alcalde de Pereira, quien días antes de su asesinato instó a “los miembros de la seguridad privada” a unir fuerzas con la Policía y el Ejército contra los “violentos”, en referencia a personas que habían protagonizado actos vandálicos en las manifestaciones, lo que para algunos fue interpretado como un llamado a la Justicia por mano propia o al accionar paramilitar.

Denuncian centros de tortura de la policía en Bogotá durante las protestas

Justamente en aras de evitar más muertes y de esclarecer actos violentos, el activista Juan Felipe Lozano, de tan solo 15 años, decidió dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Lo hace desde Bogotá, donde con la organización Creer Poder, que él mismo fundó, se dedica a reunir denuncias de abusos policiales en todo el país y a presentarlas ante entidades de derechos humanos, como Temblores, distintas oenegés y las autoridades.

Inició con esta labor a finales del 2020, después de que en la noche del 9 y 10 de septiembre, tras un operativo del Esmad, uniformados mataran a tres jóvenes del barrio Verbenal, en la periferia norte de Bogotá. Esa noche varios vecinos se habían reunido en un plantón ante el CAI (centro policial) del barrio para rechazar la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, quien murió la noche anterior después de que varios agentes lo detuvieran, lo golpearan y lo torturaran, lo que desató protestas en distintos puntos de la capital, que para el 10 de septiembre ya habían dejado diez muertes.

“La policía entró y ese día disparó contra las y los jóvenes que nos encontrábamos en esa velatón. Ese día tres personas, compañeros, amigos fueron asesinados. De ese día también salió un estudio que la Policía disparó 89 veces contra nosotros y también hubo bastantes heridos de bala”, denuncia Juan Felipe Lozano.

Él y otros vecinos han denunciado también que en el CAI de Verbenal se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Ese CAI viene siendo prácticamente un centro de torturas”, dice y explica que varios vecinos han denunciado haber sido torturados u obligados a someterse a abusos sexuales.

Ahora, desde el 28 de abril, reúne testimonios de abusos policiales en las protestas. Destaca múltiples denuncias en la estación del transporte Portal Américas, en el suroccidente de Bogotá, donde la Policía y agentes del Esmad estarían utilizando el espacio público para detener ilegalmente a manifestantes.

“Hay testimonios de personas que denuncian que adentro las torturaban, las golpeaban”. Denuncia además la presencia de civiles disparando desde autos particulares, desde los que además habrían subido a manifestantes a la fuerza, por lo que manifiesta preocupación por el aumento de las desapariciones durante las protestas, que según la Defensoría del Pueblo van en 168.

Desde el inicio de las protestas contra el presidente Iván Duque, que se remontan a finales de 2019, el reclamo para una reforma policial se ha hecho cada vez más latente. Entonces la muerte del joven Dilan Cruz por un disparo de un agente policial conmocionó al país. Sin embargo, el llamado a la reforma policial no ha hecho eco dentro del Gobierno, que si bien ha rechazado constantemente el “vandalismo” en las protestas, ha condenado de manera poco contundente la violencia policial hacia los manifestantes.

Además, a pesar de los constantes llamados de atención por parte de Naciones Unidas, Human Rights Watch y muchas otras ONG entidades pro derechos humanos, Duque y su Gobierno solamente han informado de la apertura de 65 investigaciones por conductas violentas por parte de la Policía en las protestas: “27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, ocho por homicidio y 19 por otras conductas”.

Esto preocupa a organizaciones como Temblores, que no solo acusa al Estado de minimizar drásticamente las cifras de abusos y señala que ni siquiera documenta casos por abusos sexuales, si no que además denuncia la sistematicidad con la que se han venido cometiendo las violaciones a derechos humanos en las últimas semanas.

Ahora, tras 15 días de manifestaciones y decenas de muertes atribuidas a la Policía y el ESMAD, el descontento contra el Gobierno no cesa y los llamados a acabar la violencia resuenan con fuerza desde Cali, Pereira, Bogotá y muchos otros territorios que han visto teñir de sangre sus reclamos.