México: ríos muertos con tal de atraer inversión

Tomado: DW Made for Minds

La laxa regulación mexicana permite que empresas europeas se desentiendan de sus desechos tóxicos, que provocan enfermedad y muerte en la población local y ecocidio en sus ríos. ONGs alemanas presionan por un cambio.

“Nuestro río era bien limpiecito, cuando no teníamos que comer, íbamos a pescar, traíamos pescados grandes. Había muchos pescaditos, acocil, charalitos”, dice Crecenciano Méndez Reyes, habitante de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

“Era donde se reunían las mujeres, donde mi madre nos alimentaba. Aquí tomábamos agua, nos bañábamos, y se sacaba la arena para la construcción de las casas. Era vida y armonía. Ahora es un río muerto, ya nadie se quiere acercar”, dice por su parte Isabel Cano Flores, de la misma comunidad.

Los testimonios con los que comienza un documental difundido a principios de año titulado “Nos están matando. Agua, salud y medio ambiente en el Río Atoyac, Tlaxcala”, coinciden con lo que encontraron 30 observadores políticos de alto nivel durante un recorrido por seis estados de la República Mexicana. En el llamado “Toxi-Tour” participaron eurodiputados y representantes de organizaciones de la sociedad civil alemana y de otros países, entre ellos, el toxicólogo alemán Peter Clausing, de la organización Pestizid Aktions-Netzwerk.

“Nos reunimos con activistas y científicos en seis lugares particularmente afectados, nos enteramos de la problemática que vive la población, de la situación desde el punto de vista de la investigación científica, de la que están informadas las autoridades. Las de Jalisco, han guardado la información durante diez años en el cajón”, afirma Clausing en conversación con DW.

El investigador explica que visitaron los ríos. “El río Santiago estaba cubierto por una espuma de un metro y medio de alto, lo que hacía muy visible los daños existentes sin tener que hacer análisis químicos. Los científicos con los que nos reunimos los habían hecho ya, y constataron un incremento en el índice de enfermedades y muertes por cáncer, en estrecha relación con el asentamiento de complejos industriales en esas zonas, y sus desechos”, afirma.

¿Qué pasa en Tlaxcala?

Tres volcanes en las cercanías, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y el Matlalcuéyatl, convirtieron a esta región de aguas cristalinas y paisajes majestuosos en un destino turístico. El estado más pequeño de México es rico en historia y tradiciones, cuenta con ruinas mayas y ciudades coloniales. Pero el recorrido de los europeos fue para denunciar los destrozos que hacen sus empresas.

La organización mexicana de derechos humanos Centro Fray Julián Garcés, respaldada por la eclesiástica alemana Misereor, lleva más de 20 años años denunciando la dramática destrucción del medio ambiente en Tlaxcala. En la localidad situada a poco más de cien kilómetros al este de Ciudad de México, al igual que en el estado de México, Puebla y las inmediaciones de la misma capital, se encuentran los cuatro cinturones industriales más importantes del país.

Los pobladores de las comunidades de Puebla y Tlaxcala llevan dos décadas luchando por el saneamiento de la cuenca del Atoyac. “Hemos detectado enfermedades degenerativas; cáncer, insuficiencia renal, leucemia, padecimientos derivados de la interacción de los corredores industriales existentes en la zona”, dijo a DW, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés.

En la devastación medioambiental participa el gigante químico-farmacéutico Bayer con su filial Monsanto, Volkswagen y un ejército de proveedores de autopartes y suministros automotrices, empresas de industria textil, de cerámica. También se encuentra ahí un complejo petroquímico de la paraestatal Pemex, y una incineradora de residuos hospitalarios, entre cientos de empresas, 185 de ellas de capital alemán. “Todas estas empresas descargan sus residuos en el río Atoyac. Algunas, como Bayer, se conectan al drenaje municipal de Ixtacuixtla, con lo que traslada la responsabilidad de sus residuos a los ayuntamientos”, afirma la activista. Las autoridades locales no cuentan ni con los recursos ni la tecnología para eliminar de manera adecuada tóxicos que en Europa están prohibidos.

Con el agravante, según Méndez Serrano, de que la llegada de esas industrias y sus trabajadores ha atraído también a grupos criminales, desde bandas dedicadas a la trata de niñas y mujeres para la explotación sexual, hasta el robo de hidrocarburos.

¡Qué lindo es Jalisco!

La tierra del mariachi y del tequila, símbolos de la identidad mexicana, es también escenario del ecocidio fluvial que cometen numerosas empresas. Aquí el lugar del crimen es el río Santiago. “La farmacéutica suiza Ciba Geigy, (hoy Novartis), que estaba asentada aquí, es identificada por las comunidades como la que mató al río Santiago”, dice Alan Carmona, del colectivo Un salto de Vida.

Desde la década de los 90 la prensa mexicana reporta la pestilencia que emanaban las aguas del río. Los pobladores cerraban las ventanas de sus hogares para evitar respirar el aire contaminado. El río, las presas y sus afluentes siguen siendo el destino de descargas residuales de cientos de empresas y de poblaciones asentadas en la región. Particularmente afectada es la localidad de El Salto, a unos 25 kilómetros al sur de la capital del estado, Guadalajara.

“La mayoría de las empresas se encuentran en corredores industriales y comparten muchas veces una concesión de descarga de desechos. Unas 20 o 30 fábricas comparten un solo permiso. Algunas de ellas están asentadas dentro de zonas urbanas y descargan directamente a los drenajes públicos”, explica Carmona.

Los testimonios de los activistas mexicanos constatan lo que investigadores denuncian como una subordinación de la política mexicana en su inserción en la economía global, que subvalora la vida de los ríos y de las comunidades rurales que viven en sus riberas, con tal de atraer inversiones extranjeras.

Ejemplo de ello es la regulación actual, que no obliga a la industria asentada en el país a declarar las sustancias que desecha. “Cuando los niveles de contaminación alcanzaron el nivel más alto, en 2008, ninguna empresa quería verse vinculada, y dejaron de registrar sus contaminantes. Pero el registro es voluntario por lo que el Estado mexicano no puede hacer nada. Lo más preocupante es que para cerca de 10 mil concesiones de extracción y descarga en Jalisco, hay sólo 5 inspectores federales. Una investigadora afirmaba que para revisar esos registros los inspectores tardarían 150 años”.

Licencia de extracción y descarga, al mejor postor

El problema, según el experto, es que en México prevalece la lógica del mercado en el otorgamiento de concesiones para la extracción de agua y descargas de desechos. “Es una subasta. No se considera cuánto puede soportar el ecosistema. Tenemos el laboratorio más grande en América Latina de Monsanto, que está en la cuenca del río Santiago, sus campos de cultivo de experimentación descargan directamente a otro cuerpo de agua, que es la laguna de Cajijitlán, que registra una gran cantidad de sustancias tóxicas”.

Paralelamente a la permisividad hacia las empresas, hay una desregulación rampante que permite los abusos. “En México solamente hay una norma de descarga. En Europa, en Estados Unidos, e incluso en la India hay decenas de normativas para cada industria, para cada tipo de descarga. Aquí se utiliza la misma norma, que mide solamente 16 contaminantes para todas las industrias, para la química, para la actividad agropecuaria, para las descargas de desechos urbanos, y los niveles de contaminación permitidos son más elevados que los límites recomendados por Naciones Unidas. Hay sustancias que en Europa están prohibidas, como el benceno, el bisfenol, los talatos, que se ha comprobado que matan. En México ni se mencionan. Las industrias pueden estar envenenando a la población, pero no son culpables porque no es ilegal”.

Alan Carmona destaca que es necesario una regulación más estricta. Y demanda que en los tratados de libre comercio, México no ofrezca como ventaja competitiva el abrir las puertas a la inversión sin importar si contaminan ríos y envenenan gente, algo que no pueden hacer en sus países.

La sociedad civil alemana presiona 

Si México no está a la altura de sus socios europeos, estadounidenses y canadienses para defender sus recursos y su población, Alemania sí avanza en esa dirección. En discusión está una propuesta de Ley de Cadena de Suministro. Es el resultado de la lucha de la sociedad civil, de más de 80 organizaciones de derechos humanos y medioambientales, de sindicatos y actores de la iglesia, que pide al gobierno alemán que obligue a las empresas alemanas a asumir su responsabilidad en toda la cadena de suministro, desde la extracción de materias primas hasta el consumidor final, no solo en el interior del país, sino también en el extranjero.

Esta ley prevé que quienes la incumplan puedan ser llevados a los tribunales alemanes, demandados por daños medioambientales y por las poblaciones que resulten afectadas. Dicha ley obligaría también a observar estándares sociales, laborales y medioambientales a empresas que exporten sus productos a suelo germano.

“Espero que sea una ley robusta que pueda obligar a las empresas alemanas a asumir su responsabilidad por los daños que provocan con sus actividades en otros países, y que cambie también su actitud despreocupada ante sus proveedores”, afirma el toxicólogo Peter Clausing. La ley se discute actualmente entre los distintos ministerios alemanes, y en estas discusiones participa la sociedad civil. “Me parece realista que sea aprobada el próximo año”, afirma  Clausing.