Tomado: France 24
27 Noviembre del 2019
Con la muerte del joven de 18 años ya son cuatro los fallecidos durante las protestas que comenzaron el 21 de noviembre, algo que ha hecho que numerosas asociaciones denuncien violaciones contra los derechos humanos por parte de la policía. El desmonte del escuadrón antidisturbios es una de las exigencias de los líderes de la protesta.
El paro iniciado el 21 de noviembre en Colombia continúa prolongándose en unas jornadas que ya se catalogan de “históricas” por muchos sectores de la población, ya que se están produciendo en un país que no está acostumbrado a las grandes movilizaciones y que históricamente arrastra una fama que le cataloga de conservador.
El 21N comenzó como una jornada de protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque por diversos motivos sociales y económicos. La desigualdad es uno de los problemas endémicos de Colombia y se materializa de forma más explícita en la capital, Bogotá, con una división marcada en estratos, que hace por ejemplo que el norte sea muy rico y el sur de la ciudad extremadamente pobre.
Colectivos de trabajadores, estudiantes, indígenas y mujeres se unieron por el paro y la convocatoria tuvo un éxito sin precedentes y una demostración de manifestación cívica y pacífica, a pesar de los altercados puntuales. Pero desde entonces la actuación policial quedó en entredicho.
Durante el día 21 se denunciaron numerosos casos de violaciones contra los derechos de los manifestantes. Se hizo viral en redes sociales la brutal patada de un miembro del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a la cara de una manifestante en Bogotá. Pero fueron muchos más los casos que se sometieron a investigación.
Desde la organización Defender la Libertad, Lorena Medina aseguró a France 24 que desde que comenzaron las protestas estudiantiles “se han contabilizado 14 agresiones a órganos blandos, de las cuales tres de ellas han acabado con pérdidas de ojos”. Esta utilización indebida de armas no letales está penada por Naciones Unidas.
Uno de estos casos se registró en Bogotá, cuando un joven de 28 años fue presuntamente disparado con una pelota de goma en el ojo, provocando que este perdiese la visión de este órgano. Los hechos sucedieron en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de la capital colombiana.
Medina aseguró que “durante estos seis días de movilizaciones se han denunciado más de 400 casos en los que se ejercía un abuso de la autoridad por parte de la policía y los miembros del Esmad”.
En Cali, durante el toque de queda impuesto el día del paro nacional, un joven resultó gravemente herido al ser disparado, supuestamente por las fuerzas del ESMAD en la espalda. El hombre sigue hospitalizado con pronóstico grave.
Pero lo más complejo de las protestas gira en torno a los fallecimientos. Las tres primeras víctimas se registraron durante el mismo jueves 21 de noviembre en el departamento del Valle del Cauca. Dos jóvenes murieron al enfrentarse a la policía en Buenaventura y otro en la población de Candelaria, aunque todavía no se han esclarecido las causas.
La agresión a Dilan Cruz desembocó en un clamor contra el Esmad
Pero quizá el caso que ha mediatizado más los excesos de este cuerpo policial es el ataque al joven Dilan Cruz en el centro de Bogotá el pasado 23 de noviembre durante una manifestación pacífica. La noche anterior se decretó un toque de queda en la capital desde las 21:00 del día 22 de noviembre a las 6:00 del día siguiente, y la presencia de las fuerzas policiales y militares en las calles aun era notable.
Tal y como recogieron en redes sociales varias grabaciones, el estudiante fue disparado por un bote de gas en la cabeza, provocando un traumatismo craneoencefálico y una parada cardiorrespiratoria que hizo que se mantuviese en estado crítico durante dos días, hasta que la noche del 25 de noviembre falleció.
A partir de entonces, las reacciones se sucedieron. La redacción de France 24 intentó contactar con representantes de la policía colombiana, pero declinaron atender a la llamada. Sin embargo, su postura ha sido clara. Tal y como declaró el general Hoover Penilla “el ESMAD no sale a las calles a lastimar a nadie, sale a proteger a la ciudadanía y a los bienes materiales de la ciudad”.
Penilla, además resaltó los daños psicológicos que este caso ha podido causar sobre el agente que cometió el exceso. La situación empezó a ser investigada por la Procuraduría de Colombia por una supuesta violación por parte del Esmad del Artículo 73, que permite “la libre reunión y manifestación pública”. Pero para algunos colectivos es insuficiente.
Para la defensora de los Derechos Humanos y directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez, “las investigaciones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo van demasiado despacio y aunque se tenga claro que se producen en un contexto claro de guerra sucia por parte de los comandos policiales, no tendrán consecuencias reales y a gran escala”.
Medina cree que “la fuerza pública está extralimitándose al utilizar su fuerza de forma injustificada”, pero duda que eso “tenga repercusiones para la institución. Tan solo se apartará al policía que asesinó a Dilan Cruz o incluso se le sancionará, pero los modus operandi de la organización continuarán siendo los mismos en el futuro”.
Estas organizaciones han denunciado que en los artefactos que algunos de estos agentes lanzan “se han introducido objetos que, como si fuera metralla, sirven para causar más daños a las personas”, algo que, de nuevo, atentaría contra los Derechos Humanos. En el caso de Dilan Cruz aún está por ver cual es el pronunciamiento del médico forense y de la Fiscalía.
Organizaciones como Amnistía Internacional se declararon seriamente preocupadas por el aumento de la violencia en las intervenciones policiales y la puesta en marcha de estas prácticas ilegales. Ante esto solo cabe una pregunta.
¿El Esmad debe continuar, reformarse o desaparecer?
El general Hoover Penilla aseguró en rueda de prensa que “se debería probar a que el país estuviera sin el Esmad durante las manifestaciones” en referencia al supuesto caos que se produciría en las zonas de protesta. Sin embargo, Sánchez cree que sería “más positivo, dada la condición de órgano represor que tiene el Esmad desde su nacimiento”. Sánchez sostiene que el problema de las fuerzas policiales como el Esmad “es de base”.
“Aún actúan como fuerzas de guerra y no como fuerzas de paz. Durante el proceso de paz no se regularizó una nueva situación para las fuerzas policiales, ni se reformó nada en este sector. Por tanto, al desaparecer, en buena medida, el conflicto armado, el ‘nuevo enemigo’ son los movimientos sociales de Colombia”, reflexiona.
Lorena Medina suma a este problema el carácter militar del cuerpo. “Desde 1991, las fuerzas del orden pertenecen al Ministerio de Defensa y no al del Interior, es decir, se rigen por códigos militares y no civiles y actúan como militares. Se defienden como militares. Y cuando los militares se defienden, lo hacen como si el de enfrente fuera el enemigo, en este caso los manifestantes”.
Dilan Cruz no es la primera víctima mortal de este escuadrón antidisturbios. Desde 1994, ocho jóvenes estudiantes han fallecido por acciones policiales de este cuerpo. Los casos más emblemáticos fueron los de Nicolás Neira y Jhonny Silva en 2005. Sus familias aún siguen luchando, casi 15 años después, por obtener Justicia.
Es por esto que, desde algunos sectores de la sociedad colombiana, se esté planteando la disolución de este órgano de actuación. “El ESMAD está creado específicamente para atacar, no para disuadir. Las prácticas que ha llevado a cabo este cuerpo deben ser castigadas institucionalmente y no personalmente. Se debe disolver el ESMAD y crear un nuevo cuerpo de seguridad que sirva para disolver altercados, no para provocarlos”.
El papel de la policía y los militares durante el proceso de paz es seriamente cuestionado por organizaciones como Defender la Libertad, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Minga ya que se considera que estos cuerpos están perdiendo una oportunidad única de legitimarse como agente de la ley. Esta situación aún ha empeorado más desde el Gobierno de Duque, tal y como apunta Minga.
Algunas de estas organizaciones han pedido la dimisión de toda la cúpula policial y militar, así como de la ministra de Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez. Hace unas semanas hicieron lo mismo con el exministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, tras descubrirse que murieron 18 menores en un bombardeo del Ejército en San Vicente del Caguán.
Las protestas en Latinoamérica están provocando que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ponga los ojos en las actuaciones policiales de gobiernos como el chileno o el colombiano. Las protestas en Colombia continúan y el miércoles 27 está convocado otro paro nacional que será revisado con detenimiento por organismos internacionales y oenegés.
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