Uribe destruye patrimonio estatal y despide trabajadores

El gobierno de Álvaro Uribe, con base en la ley 790, mediante la cual el Congreso lo facultó para reestructurar la administración pública, tomó, entre otras, las siguientes medidas: liquidó Telecom y a sus 12 teleasociadas; atomizó el Seguro Social y ECOPETROL; liquidó Ferrovías y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales para darle paso al Instituto Nacional de Concesiones, Inco; eliminó el Incora, el Inat, el DRI y el Inpa y creó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder; se liquidaron Carbocol e Inurbe. Uribe destruye patrimonio estatal y despide trabajadores con las medidas en Telecom y ECOPETROL se dejaron definitivamente en manos de las trasnacionales los dos sectores estratégicos que atendían estas empresas. Para proceder así el gobierno intensificó la consabida alharaca sobre los costos de la mano de obra. Pero cada vez es más claro que los problemas principales en estas compañías derivaban de la política de favorecer a las multinacionales a su costa, por ejemplo en Telecom con  los contratos de joint venture, o en ECOPETROL con su marginamiento de las actividades claves de la industria petrolera.

El ISS se atomizó en siete Empresas Sociales del Estado, ESE; se pondrán en venta o se cerrarán sus clínicas y Centros de Atención Ambulatoria y saldrán por lo menos 4 mil trabajadores. En Cajanal y Caprecom los trabajadore pactaron la entrega de sus derechos, a cambio de mantener «abiertas» dichas entidades.
La creación del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, apunta a satisfacer la voracidad de los monopolios financieros y compañías contratistas internacionales que han hecho de las obras viales un jugoso negocio; mientras, por ejemplo, no habrá quien vele por lo poco que se hacía en mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos y la red vial terciaria del país.
No obstante que, según el propio gobierno, ya se han despedido 8.500 funcionarios y en total se han eliminado más de 13.400 cargos, hasta ahora se está empezando. Lo que resta se hará por facultades ordinarias, como las contempladas en la ley 489 de 1998. En la mira hay más de 300 entidades, entre ellas, el Sena al que se le piensa casi aniquilar. Ante este arrasamiento los grandes sindicatos y las centrales obreras cuando no colaboraron directamente lo hicieron con su pasividad. Urge una rectificación a fondo de este rumbo si se quiere que nuevamente los trabajadores eleven su moral y se apresten a defenderse del brío renovado que la falta de respuesta le ha insuflado a sus enemigos.

 

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