Uribe: miseria y despotismo

Los próximos cuatro años serán de continuismo en materia económica, de despotismo en el terreno político y de una vulgar hipocresía en asuntos de ética

Por Francisco Cabrera

Por su pasado, por los cien puntos de su programa, por el talante de los personajes de su gabinete y por sus primeros actos de gobierno, Uribe Vélez les ha dejado saber a los colombianos que los próximos cuatro años serán de continuismo en materia económica, de despotismo en el terreno político y de una vulgar hipocresía en asuntos de ética. Anne Paterson, la embajadora del imperio, en el evento “Colombia a los ojos de Wall Street” planteó en público las tareas que la administración Bush le impuso en privado a Uribe en su reciente viaje a Washington: subir el porcentaje del PIB dedicado a seguridad, convocar a las reservas, extender el tiempo del servicio militar, reformar las leyes penales y la estructura judicial, reabrir el programa de interceptación aérea, y, por supuesto, comprometerse con el “mercado libre”.

El 7 de agosto Uribe presentó su antidemocrático proyecto de reforma política y de referendo, y en un acto de chantaje al legislativo condicionó la no revocatoria del Congreso a que le aprueben sin chistar todas las iniciativas oficiales. Al día siguiente, en Valledupar, comenzó a cumplir su viejo anhelo de crear una Convivir de un millón de colombianos. A la media noche del 11 de agosto, so pretexto de la lucha contra el terrorismo, echó mano del estado de conmoción interior, y a su amparo estableció un impuesto de 1,2 por ciento sobre el patrimonio de quienes declaran renta, con el fin de recaudar 2 billones de pesos que se destinarán al fortalecimiento de las fuerzas represivas. Las libertades ciudadanas quedaron suprimidas o restringidas. A la Corte Constitucional, que venía recibiendo los mandobles del ministro Fernando Londoño, se le advirtió que no se puede atrever a declarar inconstitucionales las medidas adoptadas. De remate, el 10 de septiembre Uribe expidió el decreto 2002 con el que se conceden facultades de policía judicial a las fuerzas armadas quienes en adelante pueden allanar y detener a su arbitrio.

La tiranía del Ejecutivo

El régimen autoritario que se inicia busca popularidad sobre la base de desprestigiar a los poderes legislativo y judicial. Las decisiones antinacionales y antipopulares que habrán de tomarse en el inmediato porvenir requieren concentrar todo el poder en el Ejecutivo. Uribe conoce los dividendos que produce atacar los privilegios del parlamento y por ello pretende implantar las medidas más lesivas mientras entretiene a la masa con el circo de la inminente decapitación del legislativo, como lo hiciera Gaviria con la apertura económica, según se jacta el mismo Rudolf Hommes [1]. En este caso la historia se repite como farsa. El proyecto de referendo ha sufrido una curiosa metamórfosis en las negociaciones con los parlamentarios: de Congreso unicameral de 150 curules y elección del Senado por circunscripción departamental, Uribe terminó aceptando una propuesta con Congreso bicameral de 129 representantes y con elección de 82 senadores por circunscripción nacional. De la tan cacareada «reforma política» sólo quedo el chantaje sobre la revocatoria. A cambio el gobierno pide que le permitan incluir como tema de consulta en el referendo la congelación de los gastos del Estado, una forma sibilina de encubrir su política de disminuirle la paga a los trabajadores.

Desde antes de asumir el cargo, la tendencia del nuevo mandatario a cazar todas las peleas a la vez en medio de los problemas de orden público y de una situación social explosiva, inquietó a sectores de la burguesía. Figura central de esta bronca es Fernando Londoño, ministro del Interior y de Justicia, un personaje con rabo de paja. Uribe quien, como Director de la Aeronáutica Civil, repartió licencias de funcionamiento a pistas de aterrizaje y a aeronaves de dudosa reputación [2], asegura que Londoño es el hombre indicado para sacar adelante su concepción del Estado, “sin corrupción y sin politiquería”. El individuo en cuyas manos quedarán el orden público, la reforma política, la reforma del Estado, la moral, es un picapleitos de oficio, célebre abogado de intereses torticeros de grandes consorcios en desmedro del propio Estado que ahora se le encomienda resguardar. El de Termo Río, el del Metro de Medellín, el de ICA contra el Distrito son apenas los ejemplos más sonados de litigios en los que el goloso abogado de marras logró desangrar al erario en cientos de miles de millones. Pero lo que mejor lo retrata son sus andanzas en el caso de Invercolsa.

Gato guardián del queso

Londoño fue durante cinco años el representante legal de Invercolsa, un holding que administra varias empresas distribuidoras de gas y en el que Ecopetrol era dueño del 52%. José Urbina Amorocho, magnate de la industria del gas, amigo y socio de Londoño poseía 30% de las acciones. En 1996, Ecopetrol puso en venta su participación, la cual, de acuerdo con la Ley de privatizaciones, debía ofrecerse preferencialmente a los trabajadores y al sector solidario. Presentándose engañosamente como ex-trabajador, Londoño compró el 20% de las acciones, con lo cual Urbina aseguró el control de la compañía. Los $9.000 millones que pagó por ellas los tomó en autopréstamo de las filiales colombiana y panameña del desfalcado Banco del Pacífico. En ese momento, Londoño era el presidente de la junta directiva de ese banco en Colombia y el respaldo que ofreció para el préstamo, fueron las mismas acciones por adquirir un apartamento y dos caballos: Danzig y Apolo [3].

Cuando Ecopetrol se enteró del resultado del martillo en la bolsa, demandó civilmente a Londoño por usurpar, a sabiendas, un derecho que no tenía pues nunca fue trabajador de Invercolsa. En medio del lío judicial, el hoy ministro del Interior y de Justicia alegó que su conducta había sido un gesto patriótico para que no se burlaran los derechos del sector solidario y no se le “regalara” la empresa a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cuál sector solidario, preguntamos? ¿Él, el abogado de las multinacionales? ¿Su amigote el magnate Urbina?. Uribe y su ministro parecen el diablo haciendo hostias.

Uribe, el postgraduado de Harvard, reconoce el estancamiento económico del país, el incremento del número de pobres y la concentración de la riqueza, pero no atina a encontrar ninguna relación entre esos fenómenos y la apertura que él mismo ha defendido con tanto empeño. Al contrario, a tono con el FMI, insiste en aplicarle al país una dosis mayor de la pócima letal que lo aniquila. Culpa de los males de la nación a la guerrilla, a la corrupción y al burocratismo del Estado. A partir de allí elaboró su programa. No se trata de cambiar de rumbo, sino de hacer los ajustes en materia de seguridad, macroeconomía y gestión pública para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, de donde, según él, se derivará la generación de empleo, el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza.

Miseria participativa

Su “Estado comunitario” profundizará la descentralización: los municipios deberán recaudar mayores recursos y asumir cargas crecientes, en particular en educación y salud. Acentuará la “participación”, para enmascarar la dictadura oligárquica con el espejismo de una “amplitud democrática”. La “comunidad participativa” sufragará los costos de la educación, la salud, la justicia, las guarderías, los pavimentos, los parques y cuanta obligación se pueda echar sobre sus espaldas. A cambio ejercerá el “control social” y la “veeduría ciudadana” para que los pillos de barrio y de vereda no se alcen con la plata de las obras y la gestión sea “transparente”. Dividirá el país en regiones autónomas producto de la unión de dos o más departamentos cuya misión será atraer el capital extranjero mediante toda clase de gabelas. Y para que el modelo sea perfecto, el gobierno nacional se dedicará a establecer nuevas y mayores alcabalas, se esmerará en el combate a los corruptos y ahorrará, de tal manera que pueda garantizar el cabal y oportuno pago de las obligaciones que el país ha contraído con los prestamistas.

“Sueño con un país democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades para todos. Con un país de propietarios, con una revolución de impulso a la pequeña y mediana empresa”, dice el “Manifiesto Democrático”, de Uribe. El fomento a las exportaciones es la otra pieza de su plan para reactivar la economía. He ahí sus trasnochadas recetas para resolver el problema del desarrollo económico y del desempleo. Esos puntos han estado en todos los programas de los candidatos a la presidencia desde cuando López Michelsen ofreció convertir a Colombia en “el Japón de Sudamérica”. Se trata de salidas no a nuestro estancamiento industrial sino al de la metrópoli norteamericana, pues le abren las puertas a la subcontratación internacional, es decir a que las multinacionales puedan obtener mano de obra barata mediante modalidades de explotación como las maquilas o los satélites. Está probado que por ese camino nunca alcanzaremos la prosperidad y que, al contrario, se apretarán aún más las ataduras neocoloniales de la nación frente a los Estados Unidos.

Capítulo aparte merece la bandera uribista de la “revolución educativa”: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e investigación científica. Aquí encontramos también continuismo puro y acatamiento de los dictados del FMI y el Banco Mundial. Como gobernador de Antioquia Uribe ensayó la ampliación de la cobertura aplicando el criterio del subsidio a la demanda que la ley 100 había puesto en marcha en la salud. Promovió cooperativas de padres de familia con las que el departamento realizaba convenios de traslado de recursos según el número de alumnos atendidos. En este sentido es el precursor de la política que comienza a generalizarse con la aplicación de la Ley 715 y las normas que la reglamentan. Para quien tenga dudas sobre la naturaleza de la “Revolución educativa”, el nombramiento de María Cecilia Vélez las despeja todas. Como secretaria de educación del Distrito, la nueva ministra acudió a todos los medios para privatizar la educación, desplegó campañas difamatorias contra el magisterio y se hizo campeona del ataque a la educación pública. Uribe promete crear 1.500.000 cupos a partir de planteles particulares, mientras miles de niños salidos de esos planteles, forzados por la crisis económica, tocan inútilmente las puertas de los colegios públicos. El gobierno del “corazón grande”, ansioso de deshacerse de la obligación esencial de financiar la enseñanza, pretende sobornar a maestros y dirigentes sindicales para que abandonen sus reivindicaciones y se dediquen a abrir colegillos.
La calidad de la educación y la investigación científica son el adorno de la retórica oficial en estos asuntos. Y a mayor retórica, menos recursos. Hablar en serio de calidad de la educación y de investigación científica va acompañado de aumentos en las partidas presupuestales para estos rubros. Aquí es a la inversa. Para que la formación de los esclavos modernos sea completa habrá un énfasis grande en la “educación en valores”, en la “ética”, en la “tolerancia con la diversidad”, en el “respeto a la ley”, en suma, en lo que el Banco Mundial llama “educación para la ciudadanía”, o lo que es lo mismo, enseñar para que se acepten resignadamente la opresión y la explotación.

Mano de hierro contra los trabajadores

El ponente de las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, con las que se envilecieron los salarios, se acabó la estabilidad en el empleo y la salud y pensiones de los colombianos se convirtieron en un jugoso filón para el capital especulativo, se ha rodeado de un selecto equipo de tecnócratas, célebres por sus aportes a la instauración en Colombia del nuevo modelo diseñado por el imperialismo para chuparle la sangre a las economías de los países pobres. Designó como ministro de Hacienda a Roberto Junguito, hombre de confianza del FMI. Su encargo inmediato será el trámite de otra reforma tributaria que extenderá el IVA a los artículos de primera necesidad y la “negociación” de la nueva agenda de imposiciones del Fondo Monetario. Como ministro que fundirá las carteras de Salud y Trabajo en una sola, Uribe nombró a Juan Luis Londoño, otro mimado de los organismos internacionales de crédito y con quien el hoy presidente tramitó ante el Congreso la nefasta ley 100 cuando aquel se desempeñaba como ministro de salud de Gaviria. Este otro Londoño anunció la congelación de salarios para los próximos dos años y presentó al Congreso los proyectos de reforma laboral y pensional con los que, entre otras medidas, se aumenta la jornada diurna de las 5 de la mañana a las 9 de la noche, se reduce el recargo por trabajo nocturno y horas extras y se elimina el de dominicales y festivos, se pone fin a los regímenes especiales, se aumentan las cotizaciones para pensión y la edad para ésta se sube a 62 años en los hombres y 57 en las mujeres. La andanada de regresivas disposiciones se adereza con el establecimiento de un subsidio al desempleo de $100.000, que saldrá de las cesantías de los asalariados y que, curiosamente, no se le entregará a los desempleados, sino a los empresarios por cada puesto de trabajo creado. Queda claro que Uribe tiene el corazón grande para los monopolios y el puño de hierro para los trabajadores.

Cuando De la Rúa llamó a Domingo Cavallo para que salvara del colapso la economía argentina, no se imaginó que con ello iniciaba el proceso que culminó con su derrocamiento en medio de gigantescas protestas. Para salvar del hundimiento la economía nacional Uribe ha llamado a su lado a los artífices de la apertura que sumió al país en la peor crisis de su historia. La república exige un cambio de rumbo que no se podrá embolatar bailando la danza de la lucha contra el terrorismo que se toca desde Washington. Los millones de colombianos desesperados por el desempleo, el hambre, la carestía en los servicios públicos y la miseria pronto comprenderán el engaño y pasarán a la ofensiva rescatando sus mejores tradiciones revolucionarias.

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Notas

 [1] El ex ministro de Gaviria y asesor de Uribe, en un artículo publicado en el diario El Tiempo escribió: “Montados sobre el entusiasmo público con el cambio y el deseo del Congreso de demostrar tardíamente que también podía trabajar, ante la inminencia de una revocatoria, Gaviria y sus colaboradores aprovecharon la ocasión y lograron que se aprobara la mayoría de las leyes que conformaron la espina dorsal de las reformas económicas conocidas como la Apertura durante la última legislatura de 1990, mientras el país y los grupos de presión estaban encantados y distraídos por la discusión y los eventos políticos. Aprovechar esa ventana de oportunidad, que pocos hubieran podido prever, fue posible porque el equipo de Gaviria llegó al gobierno con los proyectos de reforma entre el bolsillo y los tenía listos para presentárselos al Congreso en septiembre de 1990.” Hommes Rudolf. Cambios políticos. Intimidades de la apertura. El Tiempo, 27 de marzo de 1999.
 [2] Contreras Joseph, con la colaboración de Garavito Fernando. Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las Sombras). Editorial Oveja Negra. páginas 7 a 30.
 [3] El león herido. En la revista Semana, edición Nº 1054, julio 15 – 22 de 2002.