¿Qué está pasando? Megaproyectos y terribles desastres ambientales

Al analizar los recientes desastres ambientales en megaproyectos de Colombia como el “inédito” caso de derrame del pozo 158 Lizama, la “desconcertante” caída del puente de Chirajará, y el “sorpresivo” taponamiento de los túneles en la hidroeléctrica Hidroituango, es posible identificar un punto en el que los tres sucesos coinciden: la manera como se adoptan las decisiones sobre los riesgos ambientales. Esto brinda una explicación más profunda sobre lo que realmente está sucediendo.

Según el estudio doctoral “Toma de decisiones por grandes organizaciones en condiciones de incertidumbre: estudio de las grandes hidroeléctricas en Colombia 2010-2020”, de la Universidad Nacional de Colombia (UN), la toma de decisiones basada en expertos utilizada por las promotoras de megaproyectos desconoce la gran incertidumbre que existe sobre el medioambiente y los impactos de su intervención en el mediano y largo plazo.

Este modelo de toma de decisiones consiste en que las promotoras –generalmente constructoras o financiadoras de las grandes obras– delegan en un reducido grupo de expertos (máximo 10) la responsabilidad de calcular los riesgos ambientales.

Para ejecutar los megaproyectos, las promotoras requieren de una licencia soportada en estudios de impacto ambiental. Entonces, las grandes compañías del país declaran sus estudios como “previsibles”, y para ello plantean escenarios en los que su capacidad de respuesta resuelve el reto ambiental que enfrentan. Sin embargo los hechos han venido mostrando todo lo contrario, porque el elemento común de los desastres en los megaproyectos mencionados ha sido justamente su “imprevisibilidad” y dificultad para reaccionar.

Bajo la mecánica de viabilizar sus megaproyectos, las promotoras encuentran de forma determinista (convicción de que la empresa tiene la capacidad de responder a cualquier situación ambiental) argumentos para llevarlos a cabo y por eso los impulsan durante todas las fases del proceso de licenciamiento ambiental.

Lamentablemente esta visión adoptada en general por las promotoras en Colombia –y presentada como el resultado de estudios ambientales multidisciplinarios que cuentan con medidas “claras” de compensación ambiental– no conduce a los resultados esperados y es la sociedad la que queda expuesta a estos desatinos.

Los hechos han venido mostrando todo lo contrario, porque el elemento común de los desastres en los megaproyectos mencionados ha sido justamente su “imprevisibilidad” y dificultad para reaccionar.

Si se cuantifica la magnitud de los recientes desastres en los megaproyectos en curso usando estimaciones gruesas, se obtiene que para el caso del pozo 158 Lizama de Ecopetrol –del que se derramaron 24.000 barriles de crudo–, las pérdidas serán de alrededor de 149.121 millones de pesos, solo en el proceso de limpieza, y sin incluir demandas judiciales.

El cálculo se hace tomando como referencia los costos asumidos por la British Petroleum (BP) en un hecho similar ocurrido en el golfo de México en 2010, cuyo proceso para determinar el costo real del derrame le tomó 10 años a la multinacional. Las medidas de mitigación ambiental en el pozo Lizama pueden tardar al menos cinco años.

En el caso del puente Chirajara (vía Bogotá-Villavicencio) –construido por la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes)– resulta suficiente saber que se tendrá que construir de nuevo, por lo que las pérdidas son de por lo menos 72.000 millones de pesos, equivalentes al costo de su construcción y que serán asumidos por las aseguradoras. Lo anterior, sin incluir la pérdida de nueve vidas humanas que dejó su desplome.

Por último, en el caso del taponamiento de los túneles del proyecto Hidroituango en Antioquia, a cargo del grupo EPM, las pérdidas se han estimado en al menos 400.000 millones de pesos, según la información que circula en los medios de comunicación.

Así, se observa que la visión “determinística” planteada en los estudios de impacto ambiental realizados en Colombia dista bastante de la realidad de los impactos generados por los grandes proyectos de ingeniería durante su ciclo de vida, tanto de construcción y operación como en su disposición final o desmantelamiento (como el caso del cierre del pozo Lizama).

Muchos de los expertos involucrados atribuyen los efectos de las grandes obras a situaciones “imprevisibles”, variable que discrepa de los estudios ambientales utilizados en los procesos de licenciamiento. Curiosamente, en estos procesos la “imprevisibilidad” no es suficiente para negar licencias ambientales a megaproyectos financiados por las promotoras.