Sobre la reciente lucha indígena

La movilización fue auspiciada por dos sectores organizados: de un lado, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que agrupa a los pueblos nativos del suroccidente colombiano, el cual convocó la protesta bajo la enseña de Minga de Resistencia por el Territorio, la Dignidad y Cumplimiento de Acuerdos. Acción Comunitaria de los Pueblos Indígenas del Cauca en Derecho; y, por otro, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama, AICO, entre otras organizaciones integrantes de la Mesa Permanente de Concertación, que citaron a la Minga Nacional Indígena por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos.

El gobierno respondió a los justos reclamos militarizando campos y carreteras y enviando escuadrones de gorilas del ESMAD que, violando los protocolos y normas que los rigen, portaban armas prohibidas con las que atacaron ferozmente a los nativos en distintos puntos de la geografía nacional; hirieron a decenas, muchos de ellos graves, y no solo en las vías sino en veredas, cabildos y resguardos en donde los mingueros se concentraban. Debe señalarse que la jurisdicción indígena —estatuida legalmente— establece que sus autoridades tienen que ser consultadas para que personal de las Fuerzas Armadas pueda ingresar a sus territorios. No obstante, para justificar sus arbitrariedades, por ejemplo, el comandante de la Cuarta División de la Policía Nacional defendió el ataque a la minga del CRIC en su sitio de congregación pacífica, Monterilla, Resguardo de Caldono, territorio de Sa’th Tama Kiwe, con el infundio de que los mingueros preparaban artefectos para derribar aeronaves.

En otro sitio, en la comunidad Portachuelo, del resguardo Caño Momo Loma Piedra, en Caldas, el ESMAD se tomó viviendas y trapiches y desde allí arremetió con gases lacrimógenos; y a dos horas de este lugar de concentración fue asesinada la indígena embera Elvia Azucena Vargas. El comandante de la Policía del departamento amenazó con que cualquier indígena que saliera a la carretera sería apresado y puesto a disposición de la Fiscalía. En La Delfina, Valle del Cauca, resultaron heridos por el mismo escuadrón antidisturbios varios comuneros, y los uniformados dispararon directamente contra los manifestantes. Contrasta la brutalidad del régimen con la actitud generosa de las autoridades indígenas y su Guardia de los departamentos de Risaralda, Chocó y Quindío que, en Puerto Rico, Risaralda, el jueves 2 de noviembre, entregaron sanos y salvos y con todo su equipo, vehículos, armamento y munición a 17 agentes que habían retenido el día anterior cuando ingresaron agresivamente a sus territorios. De la misma manera lo hicieron en distintos sitios y en repetidas ocasiones.

Santos, el pacifista, les dio semejante tratamiento atrabiliario a sabiendas de que la indignación estaba de sobra justificada. Se trataba de que el Estado cumpliera una serie de acuerdos, muchos de ellos firmados hace décadas, y cuya suscripción fue el epílogo de otras tantas luchas en las que corrió a raudales la sangre nativa. La perfidia oficial ha sido tan grande que el Mandato del XV Congreso del CRIC, realizado en el resguardo Rioblanco, municipio caucano de Sotará, en el mes de junio del presente año, acató la orientación de las bases de no realizar más acuerdos con el gobierno sino movilizarse a exigir la satisfacción de los ya rubricados. En consecuencia con esta decisión, el CRIC, los días 18 y 19 de septiembre, decidió no acudir a un Consejo de Ministros que se venía preparando con su participación, si el gobierno no daba antes respuestas tangibles a dichos compromisos.

La decisión de efectuar la nueva minga también se basó en la agudizada violencia contra las comunidades en el Cauca. En octubre sucedieron, entre otros, los siguientes hechos: fue asesinado el gobernador del resguardo de Chinas, Óscar Ferney Tenorio Sunscue; el gobernador del resguardo de Belálcazar, Tierradentro, Hermes Pete Vivas, fue víctima de un  atentado a bala; el ESMAD, a sangre y fuego, pretendió desalojar el predio Agua Tibia-Coconuco, jurisdicción del municipio de Puracé, dedicado al turismo particular, que había sido tomado por los indígenas. En esta acción resultó muerta la periodista indígena María Efigenia Vásquez Astudillo por proyectiles en el corazón, disparados por “arma de fuego de carga múltiple”. En marzo, también había sido asesinado Javier Oteca Pilcue, miembro de la comunidad de López-Adentro, en Corinto, hecho atribuido a la seguridad privada del ingenio Incauca y perpetrado en inmediaciones de un puesto de control del Ejército y la Policía, en medio de la disputa con los teratenientes cañeros por los territorios ancestrales de las haciendas Miraflores, Quebrada Seca Uno, Quebrada Seca Dos, Granaditas, Alto Miraflores, García Arriba, entre otros. Todo, en medio de una pertinaz campaña de amenazas de muerte proferidas por grupos paramilitares y otros delincuentes, que los indígenas no vacilan en afirmar que actúan en connivencia con sectores gubernamentales y las administraciones de los grandes proyectos mineros y de otra naturaleza que se desarrollan en la región. Recientemente también han recibido amenazas contra su vida Aida Quilcué Vivas, consejera de derechos humanos; Feliciano Valencia, dirigente de los nasas del Norte del Cauca, y los líderes, también caucanos, Alveiro Camaño, Fabián Mulcué y Hermes Pete.

No teniendo precio todas y cada una de las vidas sacrificadas, es imprescindible resaltar la enorme pérdida sufrida por los indígenas y todos los colombianos humildes con la muerte, el 8 de octubre, de María Efigenia Vásquez Astudillo, de solo 31 años, madre de tres hijos, comunicadora desde hacía cuatro años de la estación radial Renacer Kokonuko, que transmite desde el muncipio de Puracé, en el resguardo de Coconuco, Cauca. En un video, de escasos 4 minutos, quedó un valioso testimonio, sencillo y preciso, sobre cómo María Efigenia veía la vida, su papel como mujer en la sociedad, y el que debían cumplir los medios de comunicación de su comunidad. En él menciona que su experiencia como periodista, organizadora y guardia indígena —lo fue durante tres años— le había enseñado a valorarse como mujer; a entender que su papel no se reducía a ser madre o ama de casa, sino que podía capacitarse, salir adelante en lo que le gustara y hacerlo excelentemente; a saber que los sueños pueden alcanzarse y que, para ella, nada mejor que hacerlo a través de un medio radial, ya que desde allí podía impulsar la reivindicación de su hermanos. Sin embargo, criticaba que muchas veces las emisoras de sus comunidades, por abarcar sintonía, se dejaban llevar por el camino fácil de solo programar música, olvidando el sentido de lucha y resistencia con el que los mayores las habían creado. Y con una profundidad, tan ausente en las llamadas “estrellas” de la radio y la televisión comerciales resumió así su punto de vista:

El mensaje para los comunicadores es: no nos sentemos detrás de un escritorio, detrás de un computador, de un micrófono a hacer radio, porque eso no es radio, radio es salir a investigar, conocer el ambiente en que vivimos, nuestro proceso organizativo. De esa manera somos comunicadores indígenas, si no, solamente vamos a ser programadores de música y no vamos a tener ningún conocimiento.

Volviendo a los motivos de la minga, veamos una muestra de los reiterados incumplimientos oficiales. En 1987, fueron acordadas unas reparaciones, entre ellas, entrega de tierras, construción de vías, puentes, escuelas y centros de salud, en compensación por los perjuicios causados a las parcelas y al ecosistema con la construcción de la represa La Salvajina, diseñada para generar energía y controlar inundaciones en el valle del río Cauca, de lo cual se beneficiaban en gran medida los ricachos de la caña de azúcar; sin embargo, estos intrigaron para no pagar ni un peso por valorización, sino que todo el costo se trasladara a los consumidores de energía eléctrica, como lo reconoció incluso José Fernando Isaza. Pero las obras nunca se hicieron o fueron dejadas a medias, y los campesinos, indígenas y comunidades negras han visto agravarse problemas como el del transporte y el derrumbe sistemático de sus sembradíos.

En 1991, el 16 de diciembre, en la hacienda El Nilo, ubicada en Caloto, al norte del Cauca, un grupo de indígenas fue citado, aparentemente para hablar sobre el predio que tenían en su poder hacía más de cuatro años; allí los “nuevos dueños” los emboscaron, y 21 nativos fueron asesinados. Al día siguiente, cinco mil de ellos volvieron a tomarse la finca, por lo que el gobierno de César Gaviria se comprometió, el 20 de diciembre del mismo año, a otorgarles cerca de 16.000 hectáreas, compromiso pactado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero los terrenos, todavía hoy, no han acabado de entregarse.

En 1999, a raíz de una emergencia social, económica y cultural decretada por los propios indígenas caucanos, el gobierno de Andrés Pastrana acordó plasmar en una norma los compromisos, incluidos los represados. Así, se expidió el decreto 982 de ese año, en el que, además, se creaba una comisión mixta para buscarles soluciones a los puntos de la emergencia. El CRIC tuvo que presionar durante años para que dicha comisión entrara a funcionar, lo cual sucedió apenas en 2012, trece años después de establecida, por lo que debieron negociarse algunos ajustes. Santos, el 20 de octubre, exasperó aún más a los 125 cabildos cuando, con el fin de disuadirlos de tomarse la carretera Panamericana, hizo unas modificaciones unilaterales y engañosas al decreto 982, en las que no aparecían los cambios convenidos.

En 2013, el CRIC y el resto del movimiento indígena, mediante la Minga Social, Indígena y Popular llegaron a acuerdos con el gobierno “sobre tierras y territorio, políticas económicas y agrarias”, derechos humanos, conflicto armado y paz, los cuales, también han sido incumplidos total o parcialmente.

Los pactos deshonrados por el régimen también tienen que ver, entre muchos otros, con disponer fondos para comprar predios; estatuir como autoridades ambientales a las comunidades en las zonas que conforman sus resguardos; expedir reglas sobre la vigencia legal de los títulos de los resguardos coloniales y republicanos, ampliar algunos de estos y construir otros nuevos; modificar la Ley 715 de 2001, en el sentido de destinar el 1 % de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, para los resguardos; cumplir los planes de salud, educación, incluida la superior, que contemplan aspectos de las tradiciones culturales de los pueblos originarios; ponerle fin a la impunidad de decenas de asesinatos, incluidos aquellos en los que ha habido comprobada responsabilidad del ESMAD; aplicar planes de salvaguarda de los pueblos Nasa, Esperara Siapidaara, Yanacona, Kokonuko, Totoró e Inga, cuyo cronograma de ejecución debe elaborar la comisión mixta, creada por el decreto 982; cumplir el faltante 50 % de los programas de siembra de arroz y cafés especiales, pactados en marzo de 2015; ejecutar los planes acordados para 2016 y 2017 de mejorar 6.000 viviendas, lo mismo que los de sustituir gradualmente los cultivos de coca, amapola y marihuana; apoyar el fortalecimiento de la Guardia Indígena.

Por su parte los integrantes de la otra Minga le presentaron al gobierno un pliego nacional, centrado también en la observancia de viejos compromisos sobre tierras, presupuesto, educación, salud, pactados en la Mesa Permanente de Concertación; algunos incluidos en el Plan de Desarrollo 2014-2018 y otros en el capítulo étnico del acuerdo de La Habana. Además, la exigencia de que cese la impunidad por los asesinatos de 37 miembros de sus pueblos, sacrificados en “tiempo de paz”.

Esta sintética enumeración muestra cuán falsos han sido los sucesivos gobiernos con estos pueblos, falsedad que seguramente volverá a verse a propósito de los nuevos pactos firmados, el 10 de noviembre, para levantar las mingas. Sabedores de con quién tratan, los indígenas decidieron mantenerse en “asamblea permanente” para, de ser necesario, retomar la lucha.

Es importante  detenerse un poco en la reivindicación que subyace a todas y que es la principal necesidad de estos pueblos: la tierra para trabajar. Sobre esto, la reacción se ha encargado de sembrar la idea falaz de que los indígenas, antes que desposeídos, son unos inmensos propietarios que dilapidan improductivamente sus fundos. Uno de los más reaccionarios portavoces de los terratenientes azucareros, el señor Mauricio Botero Caicedo, escribió recientemente en su columna de El Espectador:

Detrás de las declaraciones de los indígenas nasa se esconden cuatro “mitos urbanos”: el primer mito —que todo historiador serio niega— es que esas tierras le han pertenecido a la comunidad nasa; el segundo es que la política indígena es producir comida: al contrario, lo que hacen es picar y dejar descansar la tierra. El tercer mito es que no tienen dónde sembrar comida: de las 612.959 ha (sic) que hoy en día poseen los indígenas, 382.025 son aptas para actividades agropecuarias. Pero además poseen 161.175 ha. (sic) que son áreas erosionadas que podrían ser acondicionadas para hacerlas productivas. Las tierras aptas de los indígenas son un área mayor que el valle geográfico del río Cauca (238.204 ha). El cuarto mito es que la mitad de la tierra que poseen los indígenas es de conservación cuando el área ambiental (reserva forestal, páramos y parques) en poder de ellos sólo son 69.759 ha. Difundir mitos es lo que más contribuye a olvidar la historia.

Causa indignación que un ahíto burgués, baquiano en vivir de la explotación del trabajo ajeno y en planear defraudaciones como la de apropiarse de decenas de miles de hectáreas en la altillanura oriental del país para ensanchar Riopaila Castilla, uno de los mayores emporios azucareros del país, del cual es socio y miembro de la junta directiva, se atreva a denigrar de la laboriosidad de los aborígenes, quienes sin descanso trabajan los áridos terruños en los que los han confinado y hacen el milagro de sacarles cosecha tras cosecha (según el Instituto Geográfico Agustín Codazi, IGAC, menos del 3 % del departamento del Cauca tiene fertilidad alta; en tanto que la del 32 %, es baja, y la del 25 %, muy baja).

Es fácil desmentir las varias mentiras del señor Botero. De acuerdo con un estudio del Banco de la República, de 2007,ese departamento es el de mayor población indígena del país, alrededor de 250.000 personas, y el “segundo con la distribución de tierras más desigual”. Del total de los 1,2 millones de habitantes caucanos, el 21 % son indígenas, y, el 23 %, afrodescendientes, y entre los dos apenas poseen el 30 % de las tierras. Y aunque el ultramontano señor Botero sostenga que los aborígenes apenas pican la tierra para ponerla a descansar, hasta los propios analistas del banco central concluyen que “más del 90 % de la tierra que ha sido intervenida por el hombre tiene problemas de uso, en especial, por la sobreutilización.”

Esta es mayor donde pulula el minifundio, principalmente en el macizo, el centro y el norte del departamento donde se concentran el 65 % de los predios, por ejemplo, en Caloto, Balboa, Villa Rica, Bolívar y Rosas. Señalan también que la mayoría de las tierras del departamento no tienen vocación productiva y que el 36,41 % de los suelos deberían destinarse a “conservación”, y un 25,11 % a “producción y protección forestal.” Agregan que la sobreutilización resulta de que a los campesinos los agobia la pobreza, a lo que se les suma la baja fertilidad de los suelos y la falta de infraestructura —que por décadas han sido incapaces de construir los gobernantes y burgueses y terratenientes, tan emprendedores, y del mismo cuño de Botero, así como tampoco han sido capaces de promover la educación, por lo que allí existe uno de los mayores índices de analfabetismo de todo el país—.

El problema más grave es, pues, no que los nativos tengan muchas tierras, sino que carecen de ellas, mientras las mayores y más fértiles se concentran en unos pocos latifundistas. Fenómeno que, antes que decrecer, ha venido aumentando sistemáticamente (el coeficiente de Gini de concentración de tierras ha subido cerca de 10 puntos de 1973 en adelante, y se acerca a 0,9). Un funcionario del municipio de Cajibío, en 2012, describió con precisión lo que allí sucede:

En la zona atribuyen ese enfrentamiento [entre indígenas y terratenientes por la propiedad] a la necesidad de tierras de la población. De eso da fe John Wilmer Campo, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Cajibío. Cifras en mano explica que el promedio de tenencia local es de 1,4 hectáreas por familia. Y para ratificar la necesidad de tierra revela que tras un censo en 28 veredas se identificaron 894 familias campesinas sin tierras. “Si se tiene en cuenta que Cajibío tiene 135 veredas, nuestro cálculo es que pueden ser unas cinco mil familias sin un metro de tierra. Este pueblo es un polvorín por la disputa multiétnica por tierras”. 

Y Rubén Velásquez, máxima autoridad del Cabildo de Tacueyó, uno de los tres existentes en Toribío, dice, explicando el ya largo enfrentamiento que han tenido que librar para recuperar las tierras usurpadas que “tenemos hasta ocho personas trabajando una hectárea” y, agrega, que de las 47.000 que tiene Toribío el 70 % es forestal y del resto “viven” 4.500 familias (3 hectáreas por familia). La pavorosa realidad descrita por el señor Campo y por el líder indígena, puede dimensionarse, aún más, si se tiene en cuenta que la llamada Unidad Agrícola Familiar, UAF (área de terreno que debe producirle a una familia un ingreso equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales) en las zonas de mayor población indígena, que son, como ya se dijo, a su vez, las menos productivas, llega a ser de hasta 22 hectáreas, y, en otras, como la cafetera, está entre 7 y 8. La correspondiente a los municipios de mayoría negra está entre 42 y 57 hectáreas. Mientras tanto, la sola multinacional Smurfit-Kappa Cartón de Colombia, es dueña en el departamento de 22.000 hectáreas.

Y el ingenio Incauca, del magnate Carlos Ardila Lule, domina sobre 45.000 hectáreas, una cuarta parte de propiedad del ingenio y, las demás, de colonos (capitalistas proveedores de caña) atados de mil maneras a lo que diga el brazo cañero de grupo Ardila.

Como será de cruda la realidad de la carencia de tierras de las masas aborígenes, que un estudio del Banco Mundial señaló que el Cauca es el segundo departamento del país en concentración en cuanto al valor de la tierras —reafirmación de que las mejores están en manos de los ricos—, y, el cuarto, considerando la extensión. Paradójicamente en los municipios de más concentración, es decir, los que están en manos de los terratenientes es donde existe el mayor porcentaje de hectáreas incultas. De los 3.050.900 hectáreas del departamento censadas por el IGAC, 970.395 están bajo el sistema de propiedad colectiva: de las comunidades indígenas (636.395 has.) y de las afrodescendientes (334.000 has.). En el caso indígena, apenas 220.000 has. son medianamente productivas, la mayoría son de páramos o suelos marginales de la frontera agrícola del departamento. Y mientras que en este menos del 2 % de las tierras tienen vocación para el pastoreo extensivo, a esta actividad se dedican 925.000 has. Los propios analistas del Banco de la República afirmaron que para satisfacer las necesidades de la población, proyectadas hasta 2017, se requerirían al menos 2 millones de hectáreas.

A esta incontestable necesidad de tierra de los esquilmados descendientes de los antiguos habitantes es a lo que los voceros de los despojadores llaman “mito urbano”. Y los funcionarios del Estado, incapaces de ofrecer soluciones, pretenden ridiculizar la reivindicación como lo hizo el insulso director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, a quien le pareció el colmo de la gracia plantear que para cubrir esta necesidad había que “echarle segundo piso a la región”; y, haciendo gala de “originalidad”, el relamido presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira, complementó que para satisfacer la “expansión territorial”, que, desde luego, para él no es la solución, “sería necesario construirle tres pisos al Cauca”. Curiosamente, lo que no es la solución para los campesinos, de cualquier etnia o raza, sí lo es para los magnates de la caña, que no solo han expropiado a los indígenas, las más de las veces a la fuerza, sino que entran a saco con todas sus malas artes de caballeros de industria en los baldíos de la nación.

El señor Mira, el representante del gremio que posee cerca de 250.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar, como lo señalan sus propios informes, también se explaya en verba para esparcir la falacia de que los indígenas son los verdaderos acaparadores del suelo y que por lo tanto lo que necesitan son carreteras, proyectos productivos, comercialización, energía —lo cual tampoco les han dado nunca, excepto cuando los han ganado librando esforzadas luchas—; todo, todo…, menos tierra.

Pero, no son solo los capitalistas y sus representantes los que ponen el grito en el cielo contra la reivindicación indígena de tierra para trabajar. Paradójicamente, ¡quién lo creyera!, los otros paladines de los planteamientos del señor Botero Caicedo y del presidente de Asocaña, y en general de los grandes terratenientes de la agroindustria, son los muy radicales integrantes del grupillo que controla el Polo Demócratico Alternativo, especialmente su candidato presidencial, Jorge Robledo, quien desde hace varios años ha repetido una y otra vez que para los campesinos y los indígenas no es menester la tierra, pues tendrían que comérsela como las lombrices, debido a la amenaza de los tratados de libre comercio, la falta de precios de sustentación, de créditos baratos, de subsidios, etc (peligros y necesidades que hay que enfrentar, pero que se convierten en un contrasentido y en mera demagogia si no se plantean al lado de la lucha consecuente por la tierra).

Robledo recurrentemente cita debates o deja constancias o da declaraciones, a veces en coro con los abogados o portavoces de la oligarquía azucarera, para alertar al país y llamarlo a levantarse  contra dizque unas oscuras conspiraciones que se fraguan en los círculos del poder contra el desvalido doctor Ardila Lule y demás socios de Asocaña, a quienes, narra compungido, un día les abatanean con desconsideración y alevosía unas toneladas del mercado interno del azúcar y, al otro, el de unos litros de etanol. Con tan sentidas preocupaciones, al seis veces mejor parlamentario es del todo imposible pillarlo en el error, según su propia muletilla, de pedir la palabra para protestar por los crímenes contra los pueblos nativos y mucho menos para solidarizarse con su lucha contra los latifundistas. Con razón dicen los indígenas caucanos que “el mejor senador es la carretera Panamericana”.

En Notas Obreras respaldamos sin ambages la lucha indígena por la tierra y por sus demás reivindicaciones sociales, económicas y culturales; lucha que es la misma de los millones de campesinos pobres del país por confiscar los grandes latifundios para trabajarlos, y que deberá unirse indisolublemente a la de los cientos de miles de asalariados agrícolas por sus derechos democráticos de organización, movilización y huelga, y contra la explotación capitalista. Ahora que celebramos los 100 años de la gloriosa Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, no sobra recordar que fue la alianza de los proletarios del agro y los campesinos pobres la que aportó la fuerza decisiva para que Rusia saliera del atraso medieval. Fue la expropiación de la gran propiedad terrateniente lo que sentó las bases para posteriormente colectivizar la agricutura —y de eso sí que saben nuestros indígenas— e implantar el socialismo en el campo. Sin duda, así sucederá más temprano que tarde en nuestro país.