“La Revolución Educativa! de Uribe Vélez y el plan “Bogotá: una gran Escuela” de Luis Eduardo Garzón son as últimas expresiones de la reforma regresiva de la educación colombiana que inició, la Constitución de 1991 y se plasmó en la ley 115 de 1993. Desde entonces, un sin número de normas debilitan la enseñanza pública y fortalecen al sector privado, rebajan la calidad de la educación y acentúan su papel de soporte ideológico del régimen dominante y arrancan, una tras otra, las conquistas de los maestros a quienes se les desmejora su salario y se les somete a un régimen cada vez más opresivo. La crisis por la que atraviesan la ADE y Fecode se debe, en primer lugar, a su inconsecuencia para librar la batalla contra las políticas mencionadas y, en no pocos casos, a las abiertas traiciones que han cometido contra el profesorado y los intereses del pueblo como fruto de su política concertadora y, en segundo lugar, a un burocratismo crónico que aprovecha los cargos sindicales en beneficio propio, aleja a las direcciones de las angustias de las bases y niega la democracia sindical.
Tener claridad sobre a quién le sirve y que busca la política educativa del gobierno, y aprender de la experiencia de los últimos 15 años para saber cómo enfrentar los designios oficiales y reorientar el funcionamiento de los sindicatos, se han vuelto necesidades apremiantes.
Las organizaciones que nos hemos unido en torno a la candidatura de Rosa Cecilia Lemus a la junta directiva de la ADE, nos identificamos sobre tales aspectos.
Política educativa
Con el Acto Legislativo 01, la Ley 715, el Plan de desarrollo, se recortaron las trasferencias de la Nación a los departamentos, distritos y municipios, debilitando la educación pública: se fusionaron instituciones y hacinaron estudiantes para reducir costos; arrancaron sus conquistas de muchos años a los maestros, aumentaron su carga de trabajo y la edad para la pensión, redujeron sus salarios y los sometieron a un régimen opresivo; comenzó el desmonte de los colegios nocturnos y de los técnicos; se rejero a su mínima expresión los fondos del gobierno para los niveles de preescolar y universitario, y miles de maestros, directivos y personal administrativo se vieron obligados a renunciar a sus puestos.
Al tiempo que se debilita la educación pública, se fortalece la privada. La revolución educativa de la que habla el gobierno de Uribe, consiste en ampliar la cobertura en el nivel básico entregando en concesión los nuevos colegios construidos; pagar subsidios a instituciones privadas por la atención de estudiantes que no obtienen cupo en el sector oficial; fomentar los colegios cooperativos y comunitarios e inducir a los sindicatos de los docentes a que en lugar de luchar, entren a participar de estas modalidades de privatización practicando lo que llaman un sindicalismo empresarial.
Resulta curioso que entre más dinero se les quite a la educación pública, más se habla de elevar su calidad. Dentro de los lineamientos del Banco Mundial se entiende por calidad que con el menor costo el sistema educativo cumpla el propósito que el capitalismo espera de él, en esta era de globalización, eliminando cualquier vestigio de educación integral, de contenido realmente científico, reduciéndola a dar unas competencias básicas en la lectura, escritura y matemáticas, que según esa concepción, es lo que necesita el nuevo esclavo. Se habla de “articular la educación con el mundo productivo”, algo que resulta indispensable, pero que se convierte en un medio para que los monopolios se tomen la educación e impongan su criterio sobre lo que consideran “competencias laborales” para el buen desempeño de los esclavos asalariados: que sepan adaptarse a un mundo laboral inestable en el que los puestos de trabajo duran poco, que les permitan comunicarse, trabajar en grupo y ser polivalentes, según lo demandan las actuales modalidades de organización de las empresas.
Además, los empresarios podrán contar con abundante mano de obra disponible a la cual super explotar mediante el llamado “contrato de aprendizaje”. Es claro que para el imperialismo este esclavo asalariado no necesita una sólida formación universal que combine las ciencias, las humanidades el arte y la educación física, sino “competencias ciudadanas” para que son civismo acate las normas, sepa de convivencia y de resolución pacífica de conflictos, en suma, se trata de matar en los niños y jóvenes la rebeldía y exaltar como valores la resignación y la sumisión. Todo esto se adereza con teorías que hacen apología del pragmatismo, que abierta o soterradamente atacan la ciencia y el racionalismo y promueven el misticismo, la superstición.
En síntesis, la reforma educativa que se está adelantando es contraria al interés de la nación y de la inmensa mayoría del pueblo y corresponde a un plan para intensificar el saqueo de Colombia por los Estados Unidos. El resto de Latinoamérica se encuentra en una situación similar. La superpotencia del norte está creando un nuevo orden mundial en el que los vastos territorios de la América mestiza y atrasada serán un enorme mercado para sus productos y capitales y en los que sus multinacionales explotaran los recursos naturales y los servicios y establecerán talleres de ensamble para aprovechar, sobre todo, la mano de obra barata. El ALCA constituirá la culminación de esta política. Contra esa pretensión han comenzado a levantarse los pueblos.
(Apartes de la declaración presentada ante el II foro en defensa de la educación pública y firmada, entre otros por el PST y el periódico Leonardo Davinci.)
En el Distrito la política de la administración de Luis Eduardo Garzón y Abel Rodríguez, consignadas en el plan sectorial de educación 2004-2008, Bogotá: una gran escuela, no se aparta de los lineamientos de la Revolución educativa de Uribe. Para la muestra, un botón. En la página 38 del mencionado documento se lee: con la articulación del sector educativo oficial con los colegios en concesión, los colegios privados en convenio y el sector privado general, incluyendo el de educación superior, se aspira a avanzar hacia la conformación y fortalecimiento de un sistema público distrital de educación que, sobre la base de la libertad de enseñanza y la autonomía institucional, actué de forma mancomunada por garantizar el derecho a la educación a todos los habitantes de la ciudad ¿Cuál es la diferencia?
Los sindicatos del magisterio y la concertación
Los sucesos del mes de enero en los que el gobierno impuso por la fuerza la realización de los concursos, son el último capítulo de una larga cadena de hechos en los cuales el magisterio perdió, en una década, las conquistas de medio siglo de luchas. La única posibilidad de evitar el concurso era la exigencia del nombramiento en propiedad de los maestros provisionales y de OPS, mediante la realización del paro nacional indefinido que Fecode había programado para el mes de octubre de 2004 y que desmonto sin que para ello existiera justificación alguna. Ese paro era también el recurso que le quedaba a los maestro para impedir el desmonte del régimen especial de pensiones y la asimilación del sistema de salud a la ley 100.
Cada lucha que se ha dejado de dar y cada derecho concertado han concluido en un retroceso, en apatía. Un breve repaso nos permite concluir lo destroza que ha sido la práctica de la concertación por los sindicatos del magisterio:
- En 1989, la concertación de la ley 91 convirtió el sistema de salud del magisterio en pionero de la privatización de ese derecho en Colombia. Eliminó la pensión de gracia para los ingresados después de los 80 y la retroactividad de las cesantías para los que lo hicieron después de los 90.
- La constitución de 1991, marco jurídico de todas las reformas neoliberales que han producido en el país, incluyendo la política educativa, lleva la firma de Abel Rodríguez, elegido a la constituyente con el respaldo de Fecode.
- La ley 115 de 1993, base de la política educativa de los últimos 12 años, se concertó entere Fecode y el gobierno de Gaviria.
- En el 2001 Fecode respaldó el proceso de concertación de la ley 715 adelantando por el senador Jaime Dussan y al amparo de la nefasta ley se han expedido una seria de normas- que también se han pretendido concertar-, tales como el nuevo estatuto Docente y las relacionadas con la jornada escolar, la evaluación de docentes, traslado y concurso entre otras.
- En el 2003 los senadores Jaime Dussan y Luis Carlos Avellaneda, con el respaldo de Fecode, concertaron con Uribe el plan de desarrollo, nada más ni nada menos que la carta de navegación del actual gobierno.
Las negociaciones en torno al régimen pensional que adelantan los senadores Dussan y Avellaneda ene l congreso es el último capítulo de la concertación. Los regateos son sobre la fecha en las que perderá y hasta donde cobija a los maestros antiguos, pues se parte de que los nuevos, a partir del 2003, ya lo tienen perdido.
Al igual que las centrales obreras, Fecode trata de aparecer como si de verdad estuviera luchando contra el ALCA y el TLC. Al respecto es necesario precisar que tal oposición es una farsa sino se acompaña de una lucha consecuente en defensa de los intereses de los maestros y del resto de trabajadores colombianos. Si en lugar de defender los intereses se defienden los de la burguesía, si como fruto de la concertación se postra en el abatimiento a los maestros o a cualquier sector laborioso ¿Cómo van a participar activamente en la lucha contra el ALCA y el TLC?
En el Distrito todas las fuerzas políticas que tienen representación en la junta directiva han concluido a la ADE a colaborar abiertamente con la secretaria de educación, hasta el extremo de que algunos directivos están llamando a los maestros a donar sus días de descanso a compañas políticas de propaganda a la administración de Garzón, encubiertas como servicio a la comunidad.
Tales conductas constituyen una entrega de la independencia del sindicato frente al estado y desmovilizan al magisterio.
Junto a la concertación, el burocratismo es el otro mal que ha incubado en el seno de las organizaciones del profesorado. Las direcciones de ADE y Fecode, se caracterizan por lanzar altisonantes llamamientos a las grandes movilizaciones y jornadas, pero no se preocupan por prepararlas entre las bases. Los miles de afiliados no pasan de ser simples cotizantes y el sindicato una oficina de asesorías para resolver reclamaciones individuales que son tratadas como favores. Se ha perdido el sentido de la lucha colectiva por la defensa de los intereses de la educación pública y los educadores. Las bases no son consultadas y las asambleas se han cambiado por informes y órdenes a través de los programas de radio y televisión. La asamblea de delegados se ha transformado en un organismo de bolsillo, en el que se impide el debate y la toma de decisiones. A los maestros provisionales, vanguardia de la resistencia en el último año, se les ha negado su afiliación.
Por todo lo anterior se hace urgente un cambio de rumbo que ponga al frente de las organizaciones gremiales del magisterio una política consecuente y revolucionaria, que le infunda al profesorado y a la comunidad educativa confianza en la lucha como único camino para conquistar y defender sus derechos; que ponga al frente una dirección que tenga como estratégica un cambio radical de la sociedad actual.
Partido socialista de los Trabajadores
Periódico Leonardo da Vinci
Comité por la defensa del pensamiento de Francisco Mosquera.
Bogotá, febrero 14 de 2005
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