La política de Uribe ha recortado las transferencias y promovido una educación para esclavos. Las normas de los últimos años han sido de azote para los maestros y de rebaja en la calidad de la enseñanza para los niños y jóvenes. Con la actual dirigencia sindical, comprometida con los alcaldes de turno en el Distrito y engolosinada con los negocios de las cooperativas del magisterio, entre ellos el de la salud, es imposible emprender la defensa de los intereses de los docentes y luchar por una educación pública que realmente contribuya al progreso de Colombia.
Lucha por financiación estatal, contra el recorte a las transferencias y contra la privatización de la educación
Los $17 billones que perdieron la educación y la salud con el Acto Legislativo del 2001, y los casi $50 billones que perderán con el recorte a las transferencias aprobado el año anterior, irán a parar a los bolsillos del capital financiero por la vía del pago del servicio de la deuda. Entre tanto, el gobierno se dedica a «focalizar los gastos en los más pobres», entrega porciones cada vez mayores del servicio educativo al sector privado, rebaja la calidad en el contenido de la enseñanza y somete al magisterio a un régimen laboral que elimina sus derechos, lo sobrecarga de trabajo y lo oprime.
Veamos, de manera resumida, algunas manifestaciones de esa política que ve la educación como un problema de costos y beneficios y que tiende a la privatización.
- La llamada «focalización de los recursos en los más pobres» lo que hace es encubrir el traspaso de enormes sumas del presupuesto al capital financiero, en detrimento de la educación y la salud para el conjunto del pueblo.
- Para el manejo de su economía en el sistema educativo, el gobierno estableció una base de costo por alumno que incluye infraestructura, nómina y administración, mediante la cual impuso las fusiones de establecimientos para reducir personal directivo, administrativo y docente, aumentó el número de alumnos por maestro, lo cual ha llevado al hacinamiento en las aulas, y está promoviendo la rotación de estudiantes para limitar el número de profesores.
- Se generalizó la modalidad de colegios por convenio. Sólo en Bogotá hay más de 200 planteles privados a los que se les trasladan cuantiosos fondos de la educación pública. De dientes para afuera las direcciones de ADE y Fecode hablan de luchar por la financiación estatal de la educación, pero el inadmisible desmonte del paro del año pasado contra el recorte a las transferencias, cuando la lucha de la comunidad educativa por esta sentida reivindicación se encontraba en pleno auge, dejó en evidencia que tales dirigentes pusieron sus intereses políticos y sus compromisos con la Administración Distrital por encima de los anhelos del magisterio, del estudiantado y del pueblo en general, por tanto, no son dignos de confianza en la pelea por esta bandera.
Contra la promoción automática que rebaja la calidad de la educación para los niños y pisotea la dignidad de los docentes
La promoción automática (Decreto 230 de 2002) es la manifestación más aberrante de la degradación de la calidad de la educación en el país. Su práctica durante 6 años ha causado una verdadera catástrofe en los colegios. Como la norma crea la idea de que ya no es importante si se aprende o no, el papel del maestro ha quedado en entredicho, su dignidad ha sido pisoteada y la indisciplina que se ha apoderado de los planteles instaura las peores condiciones para el aprendizaje. Junto a este problema hay otros no menos preocupantes
- Con las «competencias básicas» en lectura, escritura y matemáticas se está eliminando cualquier vestigio de educación integral, que combine las ciencias, las humanidades, el arte y la educación física.
- So pretexto de «articular la educación con el mundo productivo», se está entregando el control de los colegios a los monopolios quienes imponen su criterio sobre lo que consideran «competencias laborales» para el buen desempeño de los esclavos asalariados.
- Se enfatiza en unas «competencias ciudadanas» con el ánimo de cercenar en los niños y jóvenes la rebeldía y exaltar como «valores» la resignación y la obediencia. Todo esto se acompaña con teorías que hacen apología del pragmatismo, que abierta o soterradamente atacan la ciencia y el racionalismo y promueven el misticismo, la superstición.
- En aras de una supuesta «interdisciplinariedad», se reemplaza la enseñanza de las disciplinas científicas y del arte, por un discurso ideológico.
- Se mantiene el programa de «Escuela Nueva», recomendado por el Banco Mundial, que plantea que la primaria debe ofrecerse máximo con dos profesores. Francisco Cajiao, defensor de todas estas políticas desde las páginas de El Tiempo, fue llevado por Lucho Garzón y Abel Rodríguez a la Secretaría de Educación del Distrito y nombrado Subsecretario Académico; desde allí impulsó una reforma curricular que constituye un verdadero atentado contra la educación de los sectores populares. La colaboración de la ADE con el gobierno de la Capital, ha impedido una amplia denuncia de estas perniciosas orientaciones.
Hoy se atienden más estudiantes con menos profesores y éstos quedaron convertidos en toderos, abandonando las áreas propias de su especialidad dictando clases en campos ajenos a sus saberes.
Por la mejora de los servicios de salud, que se deterioran ante la indiferencia o complicidad de los directivos de ADE y Fecode
La dirección de Fecode concertó con el gobierno de Barco la Ley 91 de 1989, con la que se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FNPSM. Allí se aceptó que el servicio de salud para el gremio fuera prestado por clínicas privadas; esta grave entrega se hizo antes de que la Ley 100 estableciera el perverso sistema que mercantilizó la salud en el país. Con el paso del tiempo lo que se ha visto es una progresiva desaparición del régimen especial que cada vez se parece más a las condiciones de la Ley 100, con la consecuente desmejora de los servicios.
A esto se agregó que los sindicatos del magisterio, a través de las cooperativas, entraron al negocio de la salud y a contratar con el FNPSM, razón por la cual la posición sindical aboga más por las utilidades que por las dolencias del profesorado, como lo demuestra, por ejemplo, un reciente comunicado de la Federación en el que se reclama por las modificaciones hechas por el Ministerio y el Fondo a los términos para la contratación de los servicios: «Imponer 2 o más contratistas por región tirando por la borda los principios de la economía de escala, el punto de equilibrio para generarle profunda crisis a nuestro Modelo Especial de Salud» (El Espectador, abril 6 de 2008). ¿Qué se defiende aquí? ¿el interés del maestro o el del negociante? Y esto sucede cuando en todo el país se levanta un clamor para que la ley que propició el tráfico con la salud sea derogada y ese servicio, vital para el pueblo, sea asumido por el Estado. Mientras los sindicatos mantengan esta relación inaceptable con el mercado de la salud, no es posible esperar de ellos una defensa consecuente de los intereses magisteriales.
Contra la recarga laboral y el hacinamiento que agobian a los maestros
Los decretos reglamentarios de la Ley 715, el 1850, que modificó los horarios para reducir en un 20% el número de maestros, y el 3020, que modificó los parámetros de alumnos por docente y propició el hacinamiento en las aulas, dieron como resultado la atención de más estudiantes con menos profesores y éstos quedaron convertidos en toderos abandonando las áreas propias de su especialidad para dictar clases en campos muchas veces totalmente ajenos para ellos. En cualquier oficio a un fenómeno similar se le llama sobrecarga laboral. Pero, además, en los planteles se habla del mal de la «proyectitis», consistente en que el educador debe atender, a veces con tiempo extra no remunerado, un sinnúmero de proyectos provenientes de la Administración, relacionados con los temas más diversos. Y de remate, llenar planillas y papeleo que busca «medir la productividad», distrae a los profesores de su función de enseñar.
Por derechos iguales para todos los educadores, pues la política de concertación de los directivos de Fecode facilitó que los nuevos fueran despojados de todas las garantías. Con el nuevo Estatuto Docente (Decreto 1278) que se aplica sólo a los maestros nuevos, el magisterio quedó dividido. Para quienes ingresan a la carrera los ascensos se colmaron de cortapisas, con las respectivas consecuencias en materia salarial.
La estabilidad para todo el magisterio quedó hecha añicos por cuenta de las llamadas evaluaciones de desempeño. Basado en esa norma, los concursos sirvieron para que el gobierno despidiera, sin el reconocimiento de sus derechos, a cerca de 80.000 educadores provisionales. Es obligatorio aclarar que con la intermediación de los senadores Dussán y Avellaneda, Fecode concertó la Ley 715, bajo la promesa de que el nuevo Estatuto sería el fruto del consenso entre el gobierno y el sindicato; cuando vino la burla, la dirigencia no respondió planteando la batalla que las circunstancias exigían, y la mayor conquista de la lucha del magisterio se perdió sin pena ni gloria. ¿Qué garantías pueden tener los educadores de que esa dirección sindical, bajo la influencia de las mismas organizaciones políticas que permitieron el despojo y que lo ejecutan desde la Administración Distrital, prepare la lucha por un verdadero estatuto de la profesión y la libre consecuentemente hasta el final.
Todas las consideraciones anteriores son las que me llevan a pensar que el magisterio no podrá retomar la senda de lograr sus reivindicaciones, como antaño, basado en lo que puede hacer con sus propias fuerzas y por medio de la lucha decidida, si antes no se dota de una dirección que se halle desembarazada de esa mentalidad que deposita en la concertación con los gobiernos de turno, en los tejemanejes parlamentarios y en las astucias jurídicas, la suerte de los docentes colombianos. Y si antes no entiende la importancia de la independencia de las organizaciones de los trabajadores frente al Estado.
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