El Icetex sigue siendo la máxima expresión del neoliberalismo en la educación superior colombiana

Tomado: Universidad Nacional de Colombia

Desde la óptica neoliberal, el estudiante es considerado como un agente económico para el cual la educación superior es una inversión que debe asumir completamente, y si carece de recursos financieros debe acudir al endeudamiento, y el Icetex es el mejor ejemplo. La discusión sobre quién debe pagar la educación superior incorpora el debate sobre si el costo debería ser asumido primariamente por el Estado, o por el estudiante con sus propios recursos.

Se argumenta que la financiación pública garantiza una educación superior asequible o gratuita, permitiendo que estudiantes de diversas condiciones socioeconómicas accedan equitativamente a títulos universitarios o superiores sin restricciones financieras. La financiación pública es vista como un medio para promover la equidad social al reducir las disparidades educacionales y brindar oportunidades para las comunidades tradicionalmente marginalizadas o desaventajadas para que puedan salir de la postración económica, social y cultural.

En esta lógica, se debate la evaluación de los retornos económicos y sociales a la inversión pública. En el terreno de los beneficios públicos de la educación superior, se considera que estos son inconmensurables en comparación con los beneficios privados.

El debate también destaca que la financiación pública contribuye a forjar una fuerza laboral bien educada, competente y capaz, dotada de pensamiento crítico y de valores éticos y democráticos, que contribuirá a incrementar la productividad y la riqueza integral de la sociedad. Tal financiación conduciría a construir una sociedad más competitiva, solidaria y próspera.

Desde otra vertiente, se argumenta que los costos de la educación superior deben ser compartidos –en alguna medida justa– entre el Estado y los estudiantes. Quienes defienden este modelo precisan que aunque el financiamiento público es esencial, el estudiante debe asumir una porción razonable de los costos con el fin de promover un sentido de responsabilidad y rendición de cuentas.

No obstante, las comunidades víctimas de la pobreza son excluidas de la educación superior pública, por lo que quedan condenadas a asumir gravosas deudas o a la exclusión en el acceso. Desde la óptica neoliberal, el estudiante es considerado como un agente económico para el cual la educación superior es una inversión que debe asumir completamente, y si carece de recursos financieros debe acudir al endeudamiento, y el Icetex es el mejor ejemplo.

Matrícula Cero

Aunque durante el segundo semestre de 2021 y de 2022 se hicieron los primeros avances de la Política de Gratuidad en la Matrícula (Matrícula Cero) para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en el gobierno del presidente Iván Duque, ahora el presidente Gustavo Petro suscribió el decreto reglamentario de la Ley 2307 de 2023, el cual establece la gratuidad permanente para estudios de pregrado en universidades públicas. Esta iniciativa del Gobierno tendrá un costo acumulado de 17 billones de pesos en los próximos 10 años.

Presupuesto del Icetex

El presupuesto del Icetex para 2023 se desglosa de la siguiente manera:

  • Presupuesto de ingresos: 5.8 billones de pesos.
  • Presupuestos de gastos y de inversión: 5.64 billones de pesos.
  • Presupuesto de inversión: 5.04 billones de pesos.
  • Programa de créditos educativos: 4.94 billones de pesos.
  • Créditos reembolsables: 2.56 billones de pesos.
  • Créditos condonables: 2.37 billones de pesos.
  • Financiación contingente al ingreso: 12.712 millones de pesos

Las estadísticas del Icetex muestran que más del 92% de los recursos implicados en los créditos están dirigidos a las instituciones de educación superior (IES) privadas, a través del pago de matrículas. Más del 60% de los ingresos financieros de algunas IES privadas se explican por créditos del Icetex. Con base en el presupuesto del Icetex dedicado a financiar créditos de todos los tipos, más de 4,6 billones de pesos son transferidos a las IES privadas. Esta cifra es similar a la destinada a las 34 universidades públicas, 4,7 billones de pesos, sin incluir los recursos adicionales.

Los efectos de la deuda

Los altos niveles de deuda en que han incurrido más de 950.000 jóvenes colombianos –el 92% de ellos de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3– para pagar su educación superior han tenido severos efectos negativos tanto sobre los individuos como sobre la sociedad. Estos altos niveles de deuda han causado dolorosas tensiones financieras, ya que las cuotas consumen una porción sustancial del ingreso de los deudores, afectando la satisfacción de otras necesidades básicas. Las fallas para pagar a tiempo las cuotas de los préstamos han resultado en acciones legales y en reportes a las centrales de riesgo que arruinan la historia crediticia de los deudores.

Por otra parte, descargar sobre los hombros de los estudiantes o sus familias la obligación financiera de su educación ha suscitado una gran preocupación en muchos países, incluyendo a un amplio sector de los jóvenes colombianos y sus familias. La penosa deuda contraída por muchos estudiantes con el Icetex ha tenido consecuencias económicas y personales muy negativas.

Las altas deudas pueden presionar a los jóvenes a buscar carreras que les permitan recibir mayores ingresos, lo que limita su libre escogencia de profesiones, basada en consideraciones salariales. Las altas deudas causan que los individuos vean sus ingresos limitados para el ahorro, el consumo y las inversiones, lo que afecta su seguridad financiera, incluyendo sus planes de pensiones. Estas deudas causan estrés mental y emocional, lo que conduce a la ansiedad, la depresión y la disminución del sentido de bienestar, e incluso al suicidio. Los individuos con altas deudas pueden acumular menos salud a lo largo de su vida.

Los graduados con altos niveles de deuda tienden a buscar oportunidades laborales en el exterior, lo que conduce a fuga de cerebros y reducción de fuerza laboral calificada en servicios públicos básicos en el país. Las altas deudas conducen a disuadir a muchos jóvenes de acceder a la educación superior, lo que perpetúa las inequidades socioeconómicas asociadas con el desempleo y la informalidad laboral.

La inexequibilidad del interés a cargo de las IES

Para mitigar los efectos negativos de las altas deudas de los estudiantes se ha buscado la condonación de las deudas, la refinanciación, la financiación contingente al ingreso, o algunas reformas dirigidas a alivios financieros. La iniciativa del Gobierno nacional de aliviar los créditos de los deudores del Icetex, plasmada en el artículo 95 de la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022), se cayó en la Corte Constitucional. Esta medida impositiva establecía que los estudiantes deudores del Icetex solo pagarían el crédito más el IPC (índice de precios al consumidor), mientras que la diferencia entre el IPC y el valor acordado del crédito debería ser pagada por las IES.

La inexequibilidad de este artículo fue declarada en la sentencia proferida el 4 de octubre de 2023 por la Corte Constitucional. Se argumentó que este artículo no fue debatido de manera apropiada en las comisiones económicas del Congreso de la República, lo que se refiere como “vicios de forma” al no cumplir con todos los debates exigidos por la Constitución. La caída del artículo 95 implica que los créditos retornan a la tasa anterior, que era del IPC más 12%, además de la capitalización de los intereses. Esto implica que a partir de 2024 alrededor de 77.000 estudiantes dejarán de beneficiarse.

La Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos (Acupe) considera que después de un año y medio de los cambios anunciados para el Icetex por el actual gobierno, los jóvenes no han visto materializados estos cambios y, por el contrario, las cuotas y los planes de pago en el mediano y largo plazo se han hecho más onerosos sin que haya ocurrido la prometida condonación de todas las deudas.

Se espera que, en el evento de expedirse la Ley Estatutaria sobre el derecho fundamental a la educación, el Estado garantice la gratuidad y la universalidad en el acceso a la educación superior sin exclusiones.

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