¿Cuál revolución?

Recortes de recursos y personal en la educación pública, generosas dádivas a la privada, hacinamiento de alumnos, conculcación de derechos para profesores, trabajadores y estudiantes, negación de la ciencia y fuerte dosis en «valores» para que se acepte la esclavitud, esa es la mal llamada «revolución educativa» del gobierno uribista.

Con el voto traidor de Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, el Congreso acaba de aprobar el Plan de Desarrollo del gobierno de Uribe en el que se destaca la «Revolución educativa», que no es otra cosa que la continuación de los planes y programas promovidos por los gobiernos anteriores, ordenados e impuestos a América latina por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Estas reformas se expresan en directivas ministeriales, decretos reglamentarios y resoluciones del Icfes, el Icetex y las secretarías de educación, cuya denuncia ha sido objeto permanente de estas páginas, pues se trata de la reforma educativa más regresiva de todos los tiempos.

Cobertura, calidad y eficiencia, se plantean como los «indicadores» que permitirán medir los avances en la educación en el papel que se le asigna como «factor de desarrollo humano, social y económico» y como instrumento para la «construcción de equidad social». En cada uno de estos aspectos Uribe ha demostrado ser alumno aventajado del Banco Mundial. El Plan propone crear 1,5 millones de cupos. 800 mil por la vía de la «racionalización», es decir «hacer más con menos recursos», lo cual se inició en la administración anterior con la expedición del Acto Legislativo 01, la Ley 715 y las normas que la reglamentan.

Esto se ha puesto en marcha asignando más alumnos por maestro y mediante las fusiones y la nucleación de planteles. Ante el hacinamiento que tales medidas producen (en un aula hasta 50 y 60 alumnos), Uribe y su ministra han dicho cínicamente en los Consejos Comunales que la solución es aplicar «pedagogías de trabajo en grupo». Todos estos procedimientos representan una sobrecarga de trabajo, despidos y traslados arbitrarios para maestros y personal administrativo. El Plan plantea, además, crear otros 640 mil cupos mediante subsidios y contratación con el sector privado, programas que también vienen de atrás, son los famosos convenios y concesiones en donde se promueve el mercenarismo con la educación, todo ello adobado con la demagogia de que parte de los recursos vendrán del cierre de contralorías y personerías.

Los restantes 60 mil cupos se crearán en las zonas rurales con la ampliación de soluciones extremas, para pobres, como Escuela nueva, tan celebrada por el Banco Mundial, y con la educación a distancia. ¿Cuál revolución? Con medidas similares, en la universidad se propone crear 400 mil nuevos cupos. 100 mil por el sistema privatizador de créditos a estudiantes de escasos recursos; 70 mil con medidas de «mejoramiento de la gestión», como la propuesta por Marco Palacios de reducir el tiempo de las carreras; y 150 mil mediante el sistema de créditos académicos (nuevas unidades para medir los contenidos), y convenios con el SENA, que permiten presentar como carreras cualquier curso de capacitación laboral que dará el título de técnico o tecnólogo, es decir, es el traslado de este tipo de educación a la universidad. Los 80 mil cupos restantes surgen de gestiones para evitar la deserción, y no porque se creen realmente. ¿Cuál revolución?

El mejoramiento de la calidad se relaciona con el logro de «competencias básicas, profesionales, laborales y ciudadanas». El estudiante que termina la educación media debe saber leer y escribir y algo de matemáticas; el que sale de la universidad debe ser un «solucionador de problemas» según los requerimientos del mercado laboral; todos deben poseer los «valores cívicos» impuestos por la ideología dominante, que en Colombia corresponde a la de un país sometido por el imperialismo. Mediante estándares el Ministerio de Educación define en la básica y la media y para cada una de las carreras unas competencias que son medidas con evaluaciones periódicas Se trata de criterios pragmáticos que nada tienen que ver con la formación de hombres integrales ligados a la cultura universal, a la ciencia, al arte y al deporte. No. Se busca un nuevo tipo de esclavo, el de los tiempos de la globalización, fácilmente adaptable a las condiciones inestables del mercado laboral, resignado, sumiso, pero, eso sí, «participativo» y «solidario». Las evaluaciones y la acreditación, cargadas de ese sentido pragmático y de una marcada tendencia ideológica, deberán medir hasta donde el «producto» de las escuelas y universidades es pertinente, y con arreglo a ello, darán a cada institución un lugar en  el supermercado de la educación.

Las nuevas experiencias pedagógicas, con el argumento de que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, se basan en la nociva tendencia del constructivismo, que niega la importancia de transmitir los conocimientos previos de las ciencias y las artes y le da validez a toda suerte de ideas irracionales. Las «experiencias exitosas» que se promoverán, serán aquellas que mejor cumplan con las competencias definidas de antemano.

Para la universidad se plantea la creación de un observatorio laboral con el fin de hacer seguimiento al mercado laboral y a los egresados y difundir la información resultante para que contribuya a ajustar la pertinencia de los planes de estudio. ¿Cuál revolución? Finalmente, la eficiencia, significa adecuar a este proceso de descentralización y privatización, todo el aparato institucional, desde el Ministerio hasta los planteles, pasando por lo que les corresponde a departamentos y municipios. Se generalizarán el manejo gerencial de las instituciones y la asignación de recursos según planes de desempeño. El Icetex se convertirá en entidad financiera dedicada a los préstamos a estudiantes y el Icfes se dedicará a atender el sistema nacional de pruebas. ¿Cuál revolución?

Los personajes encargados de llevar a cabo estas reformas han probado en el pasado ser enemigos de la educación pública. Es el caso de la Ministra de Educación, Cecilia Vélez, y de Marco Palacios, puesto éste, en la rectoría de la Universidad Nacional contra la voluntad de estudiantes, profesores y trabajadores. Las recientes movilizaciones del estudiantado muestran que no los convencen las falacias del gobierno y preludian las gestas futuras, que serán inevitables cuando el pueblo decida reclamar una auténtica revolución educativa.