Santiago Castaño SalasEstudiante de Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la UNAL Juan Pablo Sandoval CastañoMagíster en Economía, Universidad De Picardie Jules Verne. Profesor e investigador del GSEID de la UNAL.
El decreto 558 del 15 de abril de 2020 sintetiza lo que han sido las políticas del presidente de la República, Iván Duque y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla en esta crisis: privatizar las ganancias del sector financiero y socializar sus pérdidas entre los colombianos, muchos de ellos hoy, debatiéndose entre el hambre, la vida o la muerte.
Este nuevo decreto1 propone principalmente dos cosas: disminuir el aporte de cotización del 16 % al 3 % y pasar directamente a Colpensiones, a 20 mil o más pensionados de las Administradoras de Fondo de Pensiones privadas (AFP) que se encuentran en modalidad de retiro programado. Dados los manejos financieros de estas administradoras y la coyuntura actual, ya no les alcanza el ahorro de estos afiliados, para pensionarlos ni siquiera con un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). De acuerdo con el decreto, el Estado a través de Colpensiones debe asumir entonces el faltante, y los cotizantes, conformarse con una pensión ínfima.
Con respecto a la disminución de la cotización para todos los afiliados, el 3 % se mantiene para cubrir los gastos administrativos (1,6 % aproximadamente) y los riesgos de invalidez (1,4 % aproximadamente) como indica la Ley 100 de 1993. Sin embargo, no resulta nada llamativo, que se vaya a cobrar un costo de administración sobre aportes que ni siquiera se van a capitalizar en la cuenta de ahorro individual del afiliado, y más, cuando existen otros mecanismos para el cobro del mismo como tomar un porcentaje de los rendimientos aportados a la cuenta individual para ese mes.
Igualmente, el aporte del 3 % se justifica para mantener los seguros provisionales de invalidez y muerte; pero esto resulta innecesario para la mayoría de cotizantes puesto que como lo indica la ley 100 en sus artículos 39 y 46, los afiliados que hayan cotizado más de 50 semanas en los últimos 3 años ya se encuentran asegurados. Así pues, cobrar este rubro es redundante dado que los afiliados con más de 50 semanas ya están asegurados y los de menos de 42 no van a lograr asegurarse en estas 8 semanas de mayo y junio.
En este sentido, se ha dicho que mantener el aporte servirá para sumar números de semanas cotizadas, sin embargo, esto solo es cierto para los cotizantes de 1 SMLV, para el resto, estas semanas no van a ser tenidas en cuenta.
Aumentar semanas solo sirve en el Régimen de Prima Media (Colpensiones), puesto que en el régimen privado (AFP) no importa el número de semanas cotizadas, sino el monto ahorrado al momento de liquidarse la pensión. Como tal, este aporte del 3 % no le servirá para nada al afiliado de una AFP, puesto que no está capitalizando a su cuenta de ahorro individual. Entonces, ¿por qué mantener esta renta de las administradoras en esta situación de emergencia? ¿Qué ponen las AFP al respecto?
El mencionado decreto indica que “los recursos existente en su ahorro pensional no son lo suficientes para seguir recibiendo un salario mínimo”, sin embargo, pasar los pensionados de las AFP en la modalidad de retiro programado a Colpensiones muestra su incapacidad para garantizar pensiones; de esta manera, queda en evidencia el sinsentido del régimen pensional privado, donde los operadores no asumen ningún riesgo y sí se apropian de cuotas de administración permanentes, costos ocultos e importantes utilidades.
De acuerdo con un derecho de petición de 2018 respondido por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS), la modalidad de retiro programado tenía un fondo de 20,9 billones de pesos con 77 mil pensionados, lo que implicaba pagos por 1,12 billones de pesos anuales. Esta entidad manifestó que “es un nivel de ahorro de grandes magnitudes que le permite tener al país tener un sistema sólido que, sí cuenta con los recursos para pagar las pensiones del futuro, que en su mayoría van a ser de pensionados en el RAIS”. Ahora resulta que, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no era tan sólido y que no van a responder por las pensiones de retiro programado.
Gracias a este decreto de emergencia, las AFP van a cobrar por administrar durante los siguientes meses, un aporte que no existe, y se van a curar en salud frente a las pensiones de 20 mil adultos mayores, que ahora pasarán a ser sostenidos por Colpensiones.
En este sentido, los dueños de las AFP, en medio de la peor crisis social y económica que enfrenta el país, siguen ganando y disminuyen sus riesgos, a costa de muchos afiliados y pensionados que, al contrario, han perdido gran parte de su ahorro, dadas las inversiones hechas por los expertos de estas mismas aseguradoras.
Resulta bastante surreal el negocio de las AFP, puesto que se nos vendió la idea de que el operador privado tendría incentivos para cuidar mejor el dinero de los cotizantes y hacerlo más rentable que el sistema público, en la medida que el aseguramiento privado preveía los incentivos para hacer un balance adecuado entre rentabilidad y riesgo. En efecto, los únicos que corren riesgo en este esquema son los afiliados, y que en caso de ni siquiera lograr pensiones de un salario mínimo, el Estado asume los platos rotos. Mientras tanto, las AFP siguen recibiendo incólumes su cuota de manejo, y siguen disfrutando sin preocupaciones de un negocio que ha tenido 9,9 billones de pesos en utilidades entre el 2000 y 2019. Queda claro que ellos se quedan con las ganancias y, en caso de problemas, usted y yo pagamos con los impuestos.
Este decreto viene sin ningún estudio de cuánto le costará este traspaso de pensionados a los colombianos desde los fondos privados al fondo público. Lo que se sabe con certeza, es que durante al menos 1150 semanas, las AFP cobraron 10 de cada 100 pesos a sus cotizantes (sin incluir costos ocultos) por administrar e invertir y se suponía que de la mejor manera, sus ahorros para pensión. Hoy resulta que dichos ahorros han perdido tanto valor, que no alcanza ni siquiera para pensionarles con 1 SMLV.
Se podría reparar que las AFP deberán trasladar los recursos que tienen ahorrados, tanto en dinero como en títulos a Colpensiones. Pero de la misma naturaleza del decreto se entiende que se van a trasladar unos activos que han perdido buena parte de su valor en la coyuntura actual. De esta manera, el Estado se queda con unos papeles desvalorizados y una cuenta por pagar de 20 mil pensiones.
Ante esta situación, cabe la pregunta: si las AFP no asumen ningún riesgo, y tampoco son capaces de pagar pensiones, ni siquiera de un salario mínimo, entonces ¿para qué mantener el régimen de ahorro individual? Si al final, la factura se pagará entre los contribuyentes ¿por qué se les permite a las AFP seguir manipulando más de 270 billones de pesos de ahorro pensional de los colombianos?
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