El pírrico incremento del salario mínimo: un nuevo descalabro para las masas.

El gobierno, el empresariado y las centrales sindicales CTC y CGT y la CDP, una de las organizaciones de pensionados, firmaron el 20 de diciembre un acuerdo para incrementar en 6 % el salario mínimo, la ínfima suma de $46.874, es decir, $1.500 diarios, aumento que, ni por asomo, apunta a superar el problema básico de la brecha entre el mínimo y el costo de la canasta familiar, cuyo costo, las cifras oficiales tasan en dos salarios mínimos. Esta situación no hubiera cambiado esencialmente si lo pactado hubiese sido el 7 %, porcentaje que, según informan los medios de comunicación, la CUT estuvo dispuesta a aceptar. Por ello, despiertan rechazo las declaraciones del presidente de la CGT sobre que su aspiración es la de lograr un incremento progresivo hasta alcanzar la canasta básica de productos y servicios, mientras que suscribe un pacto en contravía de ese supuesto objetivo. El acto de suscripción se prestó, además, para la más ignominiosa demagogia de Duque y de los integrantes del Consejo Gremial, voceros de los magnates, que al unísono alardearon sobre un incremento sin precedentes en décadas, y abundaron en elogios a la concertación y a la comunidad de intereses entre oprimidos y mandamases.

La firma de tan irrisorio incremento anuncia, además, lo que sucederá con la negociación de los trabajadores estatales, la cual, desde la expedición del decreto 160 de 2014, aceptado por las centrales, ha quedado ceñida, al igual que la fijación del mínimo legal, a los “principios” de estabilidad y sostenibilidad fiscal, es decir, a las exigencias de los organismos multilaterales como el FMI, la OCDE y las calificadoras de riesgo, que subordinan toda la política económica y social al pago cumplido de la deuda pública. Con el agravante de que el gobierno pretende descargar buena parte de la anunciada disminución del gasto sobre los hombros de los trabajadores del Estado, como está previsto en el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, junto con las reformas regresivas a la salud y las pensiones; aparte de la “decente” innovación del salario por horas que cacarea a diario la ministra de Trabajo, que tiende a abolir el mínimo y volver exiguos los pagos a la seguridad social. El gobierno no cejará en imponer estas medidas, más ahora que hubo de aplazar, debido a las contradicciones políticas y a la indignación causada entre vastos sectores sociales, su nefasto plan de generalizar el IVA a la canasta familiar.

 El movimiento Con las pensiones No y Salario Mínimo Digno, mediante comunicaciones públicas dirigidas al Comando Nacional Unitario, y en las deliberaciones de este organismo, llevadas a cabo durante noviembre y los primeros días de diciembre, planteó, por un lado, que la negociación del mínimo no podía seguirse tratando como un ejercicio “académico”, para convencer al Ejecutivo y a la patronal, ávida de plusvalía, de las bondades de subir el salario para “hacer sonar las cajas registradoras” y así apuntalar el desarrollo, antes que convocar a las masas a la lucha, como ha sido norma desde que nació la Comisión de Concertación de Políticas Sociales y Laborales, y, por otro, que tal negociación debería tener por eje alcanzar en un breve lapso que el mínimo se equipare al costo de la canasta familiar. Nuestro llamado despertó simpatías en diversos sectores; no obstante, la dirigencia confederal ni siquiera se avino a convocar un plantón frente a la sede de las deliberaciones. De tal forma que este nuevo descalabro impone una profunda rectificación. No es concertando sino luchando como se consiguen las reivindicaciones; no es repitiendo la muletilla de que “no hay condiciones” como pueden movilizarse las masas al combate; debe crearse conciencia de que las circunstancias adversas también cambian por la incidencia de una política consecuente que abarque planes sistemáticos para combatir cada vez más radicalmente todos y cada uno de los embates de los enemigos del pueblo. Hay que aprender del reciente movimiento estudiantil y, aún más, de los chalecos amarillos de Francia, quienes con la lucha en las calles y a pesar de la represión han conseguido: los primeros, aumento presupuestal por encima de la inflación, después de 25 años sin que ello ocurriera; y, los segundos, derrotar el aumento del precio de la gasolina y de los impuestos a las pensiones, y un aumento de 100 euros al salario mínimo, entre otras conquistas, debiendo incluso despejar el camino de la lucha apartando a ciertas cúpulas sindicales y políticas.