El 15 de diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley 715, desarrollo del Acto legislativo 01. El gobierno de Pastrana coronaba de esa manera el más rudo golpe a la educación pública y a los derechos del magisterio y cumplía uno de los principales compromisos con el Fondo Monetario Internacional: reducir el gasto público para destinar mayores recursos al pago de la acrecida deuda externa. Entre uno y otro proyecto, el ambiente había cambiado drásticamente. Las vigorosas y frecuentes manifestaciones contra el 01 (o proyecto de acto legislativo 012) se habían convertido en marchas esporádicas y lánguidas, y el senador Dussán, cabeza de un importante sector de FECODE, había pasado de ser contradictor enérgico de los planes oficiales a ponente de ellos. Mientras tanto, sus seguidores pregonaban al unísono que la protesta masiva tenía que ser sólo un complemento de las negociaciones, en vez de ser éstas un instrumento de la lucha.
Hoy se discute si el gobierno impuso sus designios y o si, por obra y gracia de las gestiones del parlamentario de marras, la enseñanza pública quedó indemne.
Veamos los aspectos principales de la mencionada Ley, para que no quede duda acerca de qué ocurrió realmente. Ya, mediante el Acto Legislativo, se habían congelado los giros que la Nación debe hacer a las entidades territoriales, cuyo destino principal son la educación y la salud públicas. Con esa disposición ya el servicio educativo perdió alrededor de 9 billones, en el periodo comprendido hasta el año 2009. La Ley 715, de entrada, recortó al Sistema General de Participaciones Territoriales, SGP, otros 660 mil millones de pesos, entre aportes al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y «micos» colgados por los congresistas. Además, en comparación con lo que establecía la Ley 60, la parte de las transferencias nacionales destinada al gasto educativo se redujo en 1.5%, al pasar a 58.5 %.
Es indispensable que, mediante un esfuerzo unitario, sin sectarismos, se echen las bases de una federación distrital de consejos estudiantiles, para que estos, junto con los maestros y los padres de familia den al traste con las políticas antinacionales que están en marcha
Se impuso el pago por capitación, consistente en que el gobierno fija una suma por alumno, la llamada canasta educativa, y, con base en ella, “subsidia la demanda” al girar, con destino a los planteles, la cantidad resultante de multiplicar el costo percápita de dicha canasta por el número de alumnos del colegio. En realidad, al aumentar el número de matriculados disminuye la suma por alumno, pues el monto total girado para el SGP es fijo y debe dividirse por el número de educandos. Se abandona totalmente el criterio de que la educación es un servicio público cuya responsabilidad corresponde a la Nación. Esta “coordina”, “cofinancia” y “subsidia”, pero no se responsabiliza; los municipios y, en últimas los padres de familia tienen que asumir la carga.
Los montos con los que arranca el SGP agravan el déficit de cobertura, ya que el sólo incremento vegetativo de la población será mayor que el determinado para el SGP. Superar este déficit quedará a cargo de los departamentos y municipios, la mayoría de los cuales se halla en quiebra. Esta política desde luego incidirá en las remuneraciones y ascensos de los maestros, pues sus salarios y prestaciones hacen parte del mencionado costo percápita.
Con el subsidio a la demanda, el colegio empieza a funcionar como una empresa, ya que debe gestionar los recursos, conseguir otros y competir con los demás establecimientos de esta rama del comercio, la educativa. Los dineros públicos pueden ser girados a instituciones estatales o privadas, como las de convenio y concesión, con lo cual se abre camino a una privatización masiva de la enseñanza.
Los rectores, como jefes de personal, quedan con facultades, entre otras, para vetar a los educadores nombrados y definir quién debe o no capacitarse. A su vez, vivirán bajo la amenaza de la evaluación anual por parte de alcaldes y gobernadores.
Los maestros podrán se trasladados antojadizamente dentro de un mismo departamento y aun a cualquier parte del país, si se firma un convenio interdepartamental. Se establece la contratación temporal y se congela el escalafón cuando se estatuye que tendrá un límite de crecimiento del 1% del SGP, en los próximos siete años. Se impusieron una serie de trabas a los ascensos, a las homologáciones y, para completar, se facultó al gobierno para que en seis meses derogue el estatuto actual, fruto de memorables batallas de los educadores y fuerte barrera a los atropellos, y decrete, a su acomodo, un nuevo régimen de carrera docente. También desaparecen las juntas de escalafón y éste queda en manos de las alcaldías y gobernaciones.
A gran parte de los maestros con contratos temporales, cuya vinculación automática quedó establecida en el propio acto legislativo, se les burlará tal derecho, que se limitó a los vinculados por Órdenes de Prestación de Servicios, OPS.
A gran parte de los maestros con contratos temporales, cuya vinculación automática quedó establecida en el propio acto legislativo, se les burlará tal derecho, que se limitó a los vinculados por Órdenes de Prestación de Servicios, OP Como puede verse, para conjurar semejante atentado se requería, como lo dijimos en el número uno del Leonardo da Vinci: “La dirección…debe ponerse al frente, explicar amplíamente qué es lo que está en juego, alentar a los desanimados, orientar a quienes estén confundidos, y superar todas las dificultades”. Pero, en vez de esto, la pasividad se empezó a abrir paso, cuando en el Comité Ejecutivo de Fecode un sector se dedicó a sembrar el pesimismo y a divulgar la idea de que el “radicalismo” había impedido dejar en la reforma constitucional algunas «ventajas» que se habrían plasmado en un acta de acuerdos y desacuerdos. Cierto que las grandes protestas no lograron echar abajo el 012, pero jóvenes, niños, maestros y padres de familia entendieron que el régimen, obedeciendo intereses foráneos, quería despojarlos de las escuelas y de los hospitales. Cierto que el gobierno, en claro desafío a la opinión nacional y mediante la compra del Congreso, hizo aprobar esa reforma, pero a costa de desnudar su naturaleza antipopular y antinacional. A nuestro juicio, la lección de esa derrota consiste en que es necesario que la lucha sea más fuerte, movilice más y más sectores populares, profundice aún más la conciencia y desarrolle la organización de los maestros y consiga forjar una unidad más vasta. Que los trabajadores y todas las gentes comprendan que el problema de la educación es de todos. En eso se dieron grandes avances. Ese es un fruto demasiado importante. Pero hubo quienes lo despreciaron y prefirieron, en vez de fortalecer la lucha, buscar fórmulas mágicas y mesías. Sus propuestas encontraron eco en aquellos maestros que se ilusionaban con una receta que les prometía contener la política oficial, sin sufrir descuentos ni ninguna clase de riesgos. Los impulsores de esta táctica decían de ella que consistía en hacer “propuestas inteligentes para negociar”.
La táctica desmovilizadora tuvo el resultado que buscaban sus inventores. Prácticamente sin enfrentar ninguna resistencia, el gobierno obtuvo la aprobación de la Ley 715. El senador Dussán no solo la votó favorablemente, sino que sirvió de acucioso ponente. Dussán se ha lanzado a “demostrar” cómo impidió que se redujeran los recursos, que se coartara el derecho de huelga, cómo logró frenar la privatización, dejar casi indemne la carrera docente, derrotar la municipalización, mantener la estabilidad laboral y el escalafón, hacer impracticables los traslados, «enmarcar» las facultades extraordinarias al presidente en unos «criterios rigurosos” [1] . Es decir, que el íngrimo senador, provisto solo de su verba, logró infligirle tamaña paliza al gobierno. Lo que no cuadra es que Pastrana y su ministro Santos, reclamen también que el triunfo fue redondo para ellos, entre otras cosas, gracias a la laboriosidad del ex presidente de Fecode. Para continuar con estos éxitos compartidos con el gobierno, el senador llama a “trabajar con inteligencia y rebeldía, tener propuestas que superen la lucha contestataria y, ante todo actuar políticamente y ganar la representación con nuestros auténticos voceros” [2] .
Hoy, en todo el país el gobierno viene tomando represalias contra el magisterio, ha retenido los sueldos, no paga los salarios mucho menos las deudas. Es decir, que con la actitud “propositiva”, inteligente”, sólo se obtuvo garrote. Esto nos enseña que entre mayor debilidad muestre el magisterio, más implacable será el régimen.
En estas condiciones, por demás difíciles, debemos aprestarnos a librar la batalla contra la represión y el desconocimiento generalizado de nuestros derechos, lo que obliga a emprender una seria campaña de crítica contra las inconsecuencias y vacilaciones, y contra la pretensión de suplantar la lucha de los trabajadores por las componendas parlamentarias con el Ejecutivo. O como lo han puesto de moda las centrales obreras, que convocan movilizaciones con las cuales no se comprometen y que sólo sirven de ademán para hacer creer que están enarbolando las reivindicaciones, mientras que se dedican a concertar, con ministros obreros y no obreros, la entrega de viejas y esenciales conquistas, como ocurrió con la convención del Seguro Social. Estas “tácticas” a lo único que conducen es a la desmoralización y a la derrota. Si no se desechan, el gobierno también impondrá, sin que nadie le chiste, su reforma de nuestro régimen pensional, abolirá por decreto lo que queda del estatuto docente, y aplicará a rajatabla todas las demás disposiciones lesivas.
El equipo de Leonardo da Vinci reitera su posición respecto a la necesidad de adelantar una verdadera resistencia contra todas estas medidas, impulsando un trabajo con la comunidad educativa en cada localidad. Es indispensable que, mediante un esfuerzo unitario, sin sectarismos, se echen las bases de una Federación Distrital de consejos estudiantiles, para que éstos, junto con los maestros y los padres den al traste con las políticas antinacionales que están en marcha.
[1] Los planteamientos del senador Dussán se pueden consultar en su Mensaje al magisterio colombiano, boletín publicado a comienzos del presente año.
[2] resaltado en el original.
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