El país trabaja para el capital financiero

Una reforma tributaria cada año y medio

Un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en una aguda crítica al manejo de la economía del país, devela las fuerzas que llevan al gobierno a imponer cada año y medio una nueva reforma tributaria, y demuestra que son los trabajadores quienes terminan pagándolas. 

César A. Giraldo, profesor asociado, Facultad de Economía, Universidad Nacional de Colombia, es entrevistado por Fernando Vergara de la redacción de Leonardo Da Vinci.

LdV: Se anuncia una nueva reforma tributaria después de seis o siete en los últimos diez años. ¿Cómo se explica esta situación?

C. G.: Veamos la situación actual. Álvaro Uribe promulgó, al amparo de la conmoción interior, un impuesto del 1.2% sobre el patrimonio líquido y lo que se sabe es que espera recaudar unos recursos en los siguientes tres meses. Pero él tiene que preparar una reforma tributaria que le garantice financiamiento durante todo su gobierno, porque el pago de la deuda pública que en el año 2002 comprometió el 40% del presupuesto, puede llegar en el 2003 la mitad de los gastos. Hay que sumar 1.000 millones de dólares anuales (aproximadamente 2,6 billones de pesos) según la cifra que manejó Uribe en Estados Unidos, lo que significa un incremento para gastos militares de diez billones de pesos durante los cuatro años.

Cuando conoció su victoria, y se dirigió al país la misma noche de las elecciones, Uribe pidió dos cosas para salir de la encrucijada que estamos analizando: Primero, solicitó al Banco de la República reconsiderar su política, lo que implícitamente equivale a pedir recursos para financiar el presupuesto a través de la emisión monetaria y, segundo, que el FMI y la comunidad financiera internacional dieran un giro en su política frente a Colombia; de alguna manera, estaba sugiriendo una refinanciación, una renegociación de la deuda externa del país.

Al día siguiente, el representante de la Moody’s, una firma calificadora de riesgo, advirtió que el tema del Banco central es intocable, que si se modifica la conducta de no emitir moneda, ello implicaría revisar la posición de Colombia frente a la comunidad financiera internacional. Acto seguido, Álvaro Uribe nombró un equipo económico completamente ortodoxo, encabezado por Roberto Junquito, Alberto Carrasquilla y Rudolf Hommes, que va a mantener la autonomía del Banco central, descartando la financiación por la vía de la emisión.

En cuanto a la negociación con la banca internacional, ya el gobierno Pastrana fracasó en el intento de colocar en los mercados internacionales 300 millones de dólares en bonos a diez años para reemplazar los que estaban a un año y prolongar la deuda, siendo necesario que los fondos de pensiones colombianos y la banca nacional los compraran, debido a la crisis de Brasil, la caída de la bolsa de Nueva York, el deterioro de toda la situación financiera internacional.

No hay entonces espacio para el manejo de la deuda en el exterior. En cuanto a recortar el gasto público, el 90% del mismo está compuesto por cuatro rubros que son: -gastos en seguridad interna que, como ya vimos, están lejos de disminuir; -transferencias a los gobiernos locales, cuya reducción está definida con la reforma constitucional y la ley 715, sin que sea posible volverlas a tocar durante algunos años; -transferencias a la seguridad social, ya definidas en la ley 100, que eran el 3 % de los gastos, ahora son el 14% y tienden a subir; -finalmente, la intocable deuda pública. No hay, pues, posibilidades de ajuste por el lado fiscal. El aumentar los salarios superiores a 700.000 pesos en apenas un 1%, a pesar de estar 5 o 6 puntos por debajo de la inflación, resulta un ahorro insignificante.

Así las cosas, el gobierno no tiene otra salida que acudir a cobrar impuestos. De ahí surge la necesidad de la reforma tributaria cuyo eje es el impuesto al valor agregado, a los bienes no gravados, es decir, gravar los bienes de la canasta familiar, que tienen un impacto social muy grande, o gravar un bien como la cerveza que no paga IVA y afectando intereses de algún grupo económico.

El problema de las reformas tributarias

En Colombia, desde mediados de los ochenta prácticamente cada año y medio se está haciendo una reforma tributaria, desde la primera importante, la de Gaviria como ministro de Hacienda de Barco.

El Ejecutivo, frente a las necesidades fiscales, calcula cuánto necesita, diseña la reforma y la pasa al Congreso donde la “perforan” los grupos económicos que tienen representación. Hay que tener en cuenta dos cosas: según Colombia visible, el 80% de las campañas que dieron sus datos fueron financiadas por grupos económicos como Bavaria, Sarmiento Angulo, los grupos de Cali, Carvajal, Delima, Sindicato Antioqueño, Ardila Lule. El Ejecutivo también defiende intereses de los grupos económicos, pero tiene la necesidad de financiar el presupuesto. Hubo un caso que resulta muy sintomático: siendo Hommes ministro de Hacienda del gobierno Gaviria, detectó una evasión en el impuesto a la cerveza y se produjo un importante debate en el Congreso. Caracol se puso totalmente al servicio de la repetición del debate y Augusto López, presidente del grupo Bavaria desarrollo personalmente la labor de garantizar que los parlamentarios estarían a favor de la industria cervecera. Las reformas salen “perforadas” por los intereses de los grupos representados en el congreso que son los que cuentan con abogados y contadores capaces de aprovechar exenciones y elusiones facilitadas por los tecnicismos introducidos, mientras los asalariados simplemente ven como se les retiene parte de su salario sin recurso alguno; y como al pueblo nadie lo representa en el Congreso, se termina recurriendo al impuesto genérico que grava a la población que es el IVA.

Hay otro elemento importante: la base de los impuestos es el producto del país y si ese producto se debilita, los impuestos se caen. Si los empresarios empiezan a tener pérdidas, no declaran impuestos o no los pagan, prefieren pagar otras cosas. Las crisis, pues, afectan el recaudo. Asimismo, por la falta de legitimidad del estado la gente no está dispuesta a pagar impuestos. La gente dice: si el estado privatiza la salud y la educación, ¿para qué pagar impuestos? ¿Qué están haciendo con ellos? No es muy coherente privatizar y exigir más impuestos si uno tiene que pagar en el mercado el acceso a los bienes sociales. Si, como pasa en Europa, el estado proporciona salud, educación, seguro de desempleo, etc., no pagar impuestos resulta una práctica socialmente censurada. Como en Colombia el estado no da nada, salvo represión y pago de la deuda, entonces la gente tampoco se siente obligada con los tributos. Es por todo eso que las reformas no funcionan.

La reforma la paga el trabajo

Los recursos que necesita Uribe los paga el capital o los paga el trabajo. Si los pagara el capital, ello significaría subir la tasa del impuesto a la renta que es del 35% y es alta para América Latina en donde es un 20% en promedio. Ahora, si no se puede gravar el capital porque la tarifa ya es muy alta, sería necesario tocar exenciones, pero cada una de ellas afecta un interés económico que el congreso se resiste a afectar. Y es claro que también hay intereses extranjeros, de multinacionales, de gremios, de empresas de comunicaciones, telefónicas y otras. Además, la banca internacional, las firmas calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, piden que se eliminen impuestos como el de remesa de utilidades al exterior y el impuesto sobre rendimientos financieros de depósitos extranjeros. Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde se cobra impuesto de remesa de utilidades al exterior. Dicho impuesto era del 40% y ahora es del 7%. Esto lo condena el F.M.I. argumentando que es una tasa de cambio diferencial, es decir que quien remite las utilidades está pagando una tasa de cambio más alta y por lo tanto el país está violando las normas del Fondo. Es clarísimo que todas las reformas que se hacen están presionadas por la banca internacional para favorecer la inversión extranjera, sobre todo la financiera. Todo eso es muy difícil de documentar, pues uno tendría que estar en el congreso vigilando quién le dice qué a quién; estas son cosas secretas, no visibles; lo que uno puede saber es quien financia las campañas electorales y como le va en la reforma tributaria; de ahí sale la conclusión.

Colombia necesita generar una regulación que favorezca la expansión del mercado interno, el fortalecimiento del ingreso de los colombianos para que tengan capacidad de gasto, el fortalecimiento de las empresas y el control al capital financiero especulativo, y eso requiere un nuevo tipo de estado

Aquí no van a gravar ni las remesas de utilidades al exterior, ni los rendimientos financieros de las inversiones extranjeras, ni los dividendos, ni se va a tocar las exenciones que benefician a los grupos poderosos. Los aranceles no se van a aumentar, porque eso hace parte de las presiones de la banca internacional para la apertura económica. Solo queda entonces, gravar el trabajo bajo dos formas: impuesto sobre salarios e IVA. En la Misión de Ingresos Públicos se dijo que en Colombia las personas naturales no pagan impuestos, lo cual no es cierto porque una buena parte del impuesto sobre la renta se recauda a través de retenciones en la fuente sobre salarios, sobre honorarios y sobre servicios personales, y porque los aportes a seguridad social son el 23% sobre el salario y, aunque el patrón paga dos terceras partes, considera esto como parte del costo laboral y eso afecta el salario, lo disminuye. Lo mismo pasa con los aportes al Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar. La Misión dice que las empresas son las que pagan impuestos, cuando lo que ocurre es que actúan como agentes retenedores.

En este momento, los salarios pagan impuestos sobre el 70% de lo que pase de seis salarios mínimos y lo que se propone es aplicarlo al 100%, pero eso apenas produciría un 0,3 ó 0,4 del PIB. Lo que más da es aplicar el IVA a lo que no está gravado, como servicios personales (la costurera, el sastre, el zapatero, etc.), transporte público (el bus, la buseta) servicios públicos domiciliarios (luz, agua, gas) y los bienes de la canasta familiar. Eso sí produciría unos 3 ó 4 puntos del PIB. El IVA tendría que ser el eje de una reforma tributaria de largo plazo. Sería una reforma recesiva e inequitativa.

LdV: ¿Qué relación tiene la situación de Colombia con la del resto de América Latina y particularmente con la de Argentina, Uruguay y Brasil?

C.G.: Cuando se presentó la crisis de la deuda externa en 1982, Colombia no tuvo ni hiperinflación, ni déficit de la balanza de pagos, pues hubo un ajuste que hizo precisamente Roberto Junguito, quien era ministro de Hacienda del gobierno de Belisario Betancur. Pero hoy, Colombia tiene altos niveles de endeudamiento y está en el mismo torbellino de América Latina. La deuda externa privada y pública, suma 40.000 millones de dólares y la deuda pública total, externa e interna (compuesta por Títulos de Tesorería, deuda de los departamentos, de los municipios, etc.) vale 60.000 millones de dólares. Cuando Argentina estaba a punto de abandonar la convertibilidad, siendo todavía Cavallo ministro de Finanzas, su deuda era de 90.000 millones de dólares, pero el PIB era tres veces mayor que el de Colombia, aunque ha caído dramáticamente. El nivel de la deuda pública colombiana es más alto que el de Argentina. La diferencia es que, debido a la paridad peso-dólar que tenía Argentina, toda la deuda pública, era prácticamente externa por estar dolarizada. Aquí, un 40% de la deuda pública es externa y un 60% interna, pero el nivel de endeudamiento es muy alto.

Pero, además de eso, el gobierno de Uribe tiene un problema adicional que no tienen ni los argentinos, ni los uruguayos, ni los brasileros, ni los mexicanos, el costo de la guerra. En cierto sentido, Uribe tiene un dilema: o paga la deuda o paga la guerra. Uribe toco el tema en el Departamento de Estado norteamericano, y allá tienen clara esta situación. Lo que yo sospecho que va a pasar –sospecho, puesto que no trabajo en el gobierno de Uribe, ni puedo trabajar ahí– por lo que se ha publicado en la prensa es que va a haber un aumento de la exposición del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia; es decir, van a aumentar los préstamos a Colombia, lo que significa que al final del gobierno el endeudamiento será mayor. Uribe va a “comprar tiempo”, a firmar un acuerdo con el F.M.I. probablemente en diciembre, que es cuando se vence el acuerdo que está vigente para obtener otros recursos de respaldo y lo que va a hacer internamente es financiar la guerra con una reforma tributaria.

Ahora bien, todo esto se había presupuestado contando con que la crisis argentina no contagiaría al resto del continente, pero nos encontramos ahora con que la crisis argentina ha afectado a Uruguay y a Brasil, que en este momento tiene una fuga de capitales, una presión sobre la balanza de pagos, una devaluación del real que se atribuye a la probable victoria de Lula, quien, sin embargo, ha declarado que no va a tocar las utilidades de los inversionistas extranjeros ni a impedir su salida del Brasil. Pero Brasil tiene un nivel de deuda muy grande y el efecto argentino se ha transmitido a Uruguay y a Brasil. Cuando el Brasil entró en colapso, en Colombia el dólar se disparó, a pesar del triunfo de Uribe, y cuando el Fondo Monetario anunció el paquete de rescate de 35.000 millones de dólares a Brasil (el más grande hasta la fecha), el dólar volvió a caer en Brasil y en Colombia. Pero cuando se sabe que esos recursos no estarán disponibles instantáneamente, el dólar vuelve subir en los dos países. El comportamiento del dólar en Colombia depende de lo que ocurra en Brasil, cuya economía es la mitad de la economía de América Latina. Brasil es un país de 170 millones de habitantes, es media América Latina y su peso económico es muy grande. Para donde va Brasil, va Latinoamérica. En esas condiciones, uno entra en duda acerca de la si la viabilidad financiera de Colombia es sostenible. Se puede pensar que Estados Unidos no se va a quedar quieto frente, digamos, a una situación de crisis en Colombia que es un país geopolíticamente importante para ellos.

LdV: ¿Cuál es la salida de Colombia ante esta situación?

C.G.: Para responder esa pregunta, es necesario responder previamente otra: ¿cuáles son las causas de los males que padece Colombia? Porque el problema es que hay que hacer un diagnóstico para definir quienes son los “malos de la película” y quienes son “los buenos”, para proceder contra “los malos”, del lado de “los buenos”. Yo no creo que existan soluciones ni mágicas ni puntuales: aquí hay que replantear el modelo económico, y detrás del modelo económico se replantea el modelo político. La causa de la crisis es básicamente que América Latina y Colombia han adoptado unas reformas económicas que favorecen al capital financiero especulativo. Si uno mira la evolución de la economía latinoamericana desde el año setenta, ha sido una economía producida por dos burbujas financieras: una que se infló en los años 70 y estalló en 1982, luego de lo cual “nos ajustaron”. La otra se infló durante los años 90 y vino a estallar a comienzos del siglo XXI y otra vez estamos pagando el estallido. Es la lógica financiera la que está determinando el modelo de acumulación. Cualquier propuesta tiene que pasar por defender las fuerzas reales, materiales, el trabajo, la producción, la agricultura, la empresa productiva, la empresa industrial y, de alguna manera, generar una regulación que favorezca la expansión del mercado interno, el fortalecimiento del ingreso de los colombianos para que tengan capacidad de gasto, el fortalecimiento de las empresas y el control al capital financiero especulativo, y eso requiere un nuevo tipo de estado, un nuevo tipo de regulación, lo cual significa una construcción social, económica y política que es compleja.

Cabe preguntarse entonces ¿cuál es el actor social que va a hacer ese cambio? ¿Cuál es el proceso político a través del cual se va a hacer ese cambio? ¿Va a haber una unidad de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas democráticas?Son preguntas que se pueden plantear y responder desde un punto de vista académico, pero que en últimas deben tener expresión en los procesos políticos reales, materiales. Hay que definir con quién, cómo, cuándo dónde y por qué. La respuesta no es fácil.