Lecciones del paro en la rama judicial. ¿Puede haber justicia en una sociedad de clases?

Los retrocesos en la justicia y la historia de una traición

Fabio Hernández, presidente de Asonal, habló con Concha Benavides sobre la situación de la justicia, la lucha que emprendieron para mejorar las condiciones de los trabajadores y la traición del pasado paro por parte de algunos dirigentes del Polo Democrático.

 L.d .V. ¿Qué es Asonal? 

F.H. Es la organización sindical de los trabajadores de la rama judicial.

LdV.  ¿Qué ha significado para la rama de la jurisprudencia colombiana la fusión de los ministerios del Interior y de Justicia?

F.H. Ha sido intrascendente, porque ese ministerio no funcionaba  antes, ni funciona ahora que tiene la doble característica, el Ejecutivo ha tenido desgreño con los problemas de los servidores de la Rama Judicial y con la administración de justicia.  L d V. El nuevo sistema acusatorio garantiza una verdadera objetividad y adecuada  atención a cualquier  proceso?

F.H. El sistema acusatorio desde el punto de vista teórico, es más avanzado que el inquisitivo, por garantizar un debido derecho de defensa y un debido proceso. Sus fundamentos son más avanzados, por eso es que hay que acogerlo. Esto no ha ocurrido, el solo sistema procesal no garantiza esos fundamentos se lleven a la práctica. En los Estados Unidos existe el sistema acusatorio anglosajón y con  todo y sus jueces de garantías y su sistema aparentemente democrático, sabemos que los latinos, los negros, los inmigrantes sufren las peores injusticias, son discriminados desde que pisan el umbral del Juzgado. Siempre hemos dicho que el problema está más allá del simple sistema procesal.

Aquí se improvisó, el anterior fiscal general de la Nación quiso aplicar al pie de la letra lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el propio Banco Mundial, que dio las primeras partidas, le indicaran. Hoy tenemos unos operadores judiciales haciendo grandes esfuerzos pero, eso no basta, tenemos ya insuficiencia de salas de audiencias, congestión en fiscalías y Juzgados, falta total de tecnología. La demanda de  justicia penal va creciendo y el aparato vuelve a ser insuficiente, ¿por qué razón? porque el problema tiene que atenderse no solo en la perspectiva de la represión por el perfeccionamiento del aparato judicial, sino de resolver la grave situación de injusticia social que  hay en el país, las contradicciones de clase, etc.

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Fabio Hernández, presidente Asonal

Aquí el Estado no toca problemas como el de salud, desempleo, que son generadores de conflicto y de configuración de conductas penales. Mientras  la fuente de generación de esas conductas siga sin tocarse, lo otro es un simple retoque para procesar a estas personas que han sido desplazadas del sistema mismo,  para mostrar una  apariencia de justicia. Aquí pueden  involucrase  problemas de personajes que han incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, contra el erario público, delitos graves, que afectan al conjunto de la sociedad, son delitos de cuello blanco.

Se requiere un sistema que tenga capacidad para personas sin recursos, para atender su defensa y puedan ser atendidas por el Estado a través de la Defensoría pública, que ha crecido pero, no  tiene la capacidad suficiente. En ocasiones el procesado está en desventaja por su precariedad frente a la Fiscalía que tiene más elementos para estructurar una acusación.

LdV. Se rumora de una reforma a la tutela de parte del gobierno, instrumento que  se ha convertido en defensa de los intereses de los colombianos, qué puede suceder al respecto?

F.H. Una de las pocas cosas positivas que tuvo la Constitución del 91 fue el de incorporar la acción pública de tutela, que no es la obra mágica para resolver los problemas, pero si ha servido para reclamar la protección a derechos fundamentales como la salud, la educación, lo pensional, ante la negativa persistente de las autoridades. Por esta razón, el gobierno esta interesado en mutilarla. La reformará en dos sentidos: primero para que no se pueda presentar frente a sentencias judiciales, lo cual es peligroso. Es natural que en sentencias judiciales se puedan presentar en el proceso o en la sentencia misma, vulneraciones a derechos fundamentales y solo el juez constitucional puede, luego del estudio respectivo establecer, si eso ocurrió o no. Tendremos violaciones a derechos fundamentales, en procesos indebidos, que ya no tengan agotados los recursos internos, ni la posibilidad de ser protegidos por vía de tutela.

Puede ocurrir que se procese a una persona penalmente  y por error o por cualquier otra razón, inclusive por dolo, se condene sin haberle dado la oportunidad de defenderse, afectando su derecho de defensa, por no aceptar las pruebas que la defensa quería presentar. En esas condiciones, se produce una sentencia, se apela, se agota ese recurso de segunda instancia, puede pasar que, también en esa nueva instancia se desconozca, se omita el estudio cabal de la situación y se confirme la sentencia de primera instancia. Ahí hay una violación de hecho, del derecho fundamental al debido proceso y al derecho de defensa. Ese ciudadano que quedó arrinconado, quizás injustamente con esa decisión no puede acudir a una instancia distinta, que sería la tutela para que el Juez Constitucional y la propia Corte revisen su caso y puedan  decir que efectivamente aquí hay una vulneración clara de este derecho y por consiguiente esa sentencia hay que declararla nula. Esto es un retroceso jurisprudencial y constitucional.

La segunda parte  de la reforma tiene que ver con eliminar la posibilidad de que por vía de tutela se puedan reclamar la protección de derechos de seguridad social, como la salud y las pensiones o lo que toque el presupuesto nacional. Hoy en día el 85% de las acciones de tutela que se presentan tienen que ver con seguridad social, salud y pensiones, en la que los ciudadanos han logrado la protección de su derecho. El gobierno ha venido manejando el argumento de que la salud no es un derecho fundamental, que el derecho fundamental es la vida, pero ahí hay una coneccidad que es inevitable, y no la pueden eludir. Esto deja a los ciudadanos en  una desprotección total.

LdV. ¿Ante la decisión del gobierno de reformar la tutela, qué se puede hacer?

F.H. Se requiere que la población colombiana tome conciencia de eso, adelantar un trabajo de denuncia hacía el Congreso, hay que meterle movilización popular. Es un hecho grave y antidemocrático que pone de presente como va a hacer este nuevo cuatrienio de Uribe, llevándose  las pocas conquistas democráticas que todavía existen.

LdV. ¿Puede haber una verdadera justicia en una sociedad de clases como la nuestra ? Si se habla de que ha aumentado el desempleo y la miseria, campea por doquier y se escucha que ”la ley es para los de ruana” y los robos graves contra la Nación, quedan en total impunidad.

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Rechazamos un trabajo que va más allá del horario normal de ocho horas diarias, para satisfacer la demanda congestionada de justicia

F.H. Para que halla una verdadera justicia tiene que haber primero justicia social, una estructura socio-económica distinta y mayores oportunidades para los colombianos en materia de empleo, salud, educación, etc. Frente a lo cual estamos muy lejos. Esto es un sueño de muchos colombianos. En la administración de Justicia,  y  los que nos reclamamos demócratas podemos mejorarla. Pero hay sectores llamados delincuentes de cuello blanco, para los cuales el aparato judicial debe permitir que se les investigue, procese y sancione de manera drástica porque permanentemente atentan contra la sociedad, casos como Foncolpuertos,  Dragacol, etc, merecen un funcionamiento judicial tecnificado y claro. Respecto a los derechos fundamentales de las personas creemos que también el aparato judicial puede cumplir un  papel  importante en abrir la celda democrática. Repito, no es solo con reformas al aparato judicial como se resuelve esto, sino que para que se reduzcan las conductas punibles se requiere una reforma a fondo de la sociedad y del Estado.

LdV.¿Qué razones los llevaron a realizar el paro de mayo?

F.H. Necesitábamos resolver dos problemas: uno el de la administración de justicia y el otro de sus servidores. Buscamos independencia del poder judicial, mientras el Ejecutivo y el Legislativo tengan ingerencia en el Judicial, no podrá haber una verdadera democracia, seguirá siendo más que imperfecta.

En el funcionamiento, el Sistema Penal Acusatorio que se implementó en el 2005 con recursos  del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Estado colombiano no se ha apersonado de esta situación,  lo que genera gran dependencia. Tenemos así un sistema acusatorio bastante precario que no responde a las necesidades de la población.El otro tema guarda relación con la provisión de cargos de concurso plasmado en la ley  estatutaria de la administración de justicia. Los concursos no tienen periodicidad así se producen los nombramientos sin cumplir requisitos, con todas las irregularidades que eso genera. Pedíamos que se estableciera la periodicidad y el respeto al sistema de cargo por concurso de méritos. En  relación con la dignificación del trabajador judicial pedíamos una compensación a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los empleados de menores ingresos. Le demostramos al gobierno que la pérdida del poder adquisitivo había sido ostensible. Un punto reivindicativo para jueces y fiscales era la exigencia  de convertir en salario, sin ningún condicionamiento una bonificación.

LdV.¿ Cuáles son las condiciones del trabajador, que ustedes rechazan?

F.H. Rechazamos un trabajo que va más allá del horario normal de ocho horas diarias, para satisfacer la demanda congestionada de justicia. No hay una remuneración adecuada, los trabajadores se han profesionalizado con su propio esfuerzo y no tienen oportunidad de mejoramiento personal.

LdV.¿ Cómo reaccionaron los trabajadores al llamado de paro que hizo Asonal? 

F.H. La respuesta fue contundente, superó las expectativas. La organización trabajó en hacer asambleas y reuniones. La justeza de lo que se estaba reclamando era tal, que logró involucrar a sectores, que son apáticos a la participación en estas actividades. Hay quienes aseguran que esta ha sido la más grande en la historia de las movilizaciones de la Rama Judicial. 

LdV. ¿Cuál era la situación de los trabajadores y de Asonal, previa al paro? 

F.H. Complicada, el gobierno no había admitido ninguna posibilidad de negociar, ni conversar sobre nuestras reclamaciones, sin embargo anunciamos el paro indefinido para el primero de marzo de este año. Ante este anuncio el gobierno implementó una mesa de negociación. El 28 de febrero se logró un acuerdo de tres puntos que permitió conjurar la iniciación del paro. Se pactó el respeto del derecho al trabajo de 572 trabajadores de la Fiscalía que debían salir este año. Este punto se cumplió, no van a salir 5.200 trabajadores que debían salir de aquí al 2008. Conquista que se debe resaltar porque se le atravesó a este modelo económico. Los otros puntos no se cumplieron, por lo que hubo necesidad de iniciar el paro el 11 de mayo.

LdV. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno frente a esta decisión de paro? 

F.H. El gobierno siempre tuvo una actitud hostil. El primer día de paro declaró ilegal el movimiento, se apoyó en el Consejo Superior de la Judicatura, para tratar de romperlo. La Sala administrativa y su presidente cumplieron un papel muy triste: en vez de ponerse al lado de sus trabajadores, corrieron a ponerse al servicio del gobierno en cabeza del ministro Sabas Pretelt. Se hizo una reunión con el presidente Uribe. El gobierno planteó despidos, descuentos a los participantes del paro, pero la fortaleza del mismo evitó que tales figuras se implementarán. Los trabajadores nunca se dejaron acorralar y respondieron con más fuerza cada vez, que se venía una amenaza.

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Pero el gobierno prefiere incrementar el conflicto armado y la estructura de la Seguridad Democrática para reprimir a la población, en vez de superar los problemas en delito que hay.

LdV. Ustedes exigían más presupuesto para la justicia y menos para la guerra. ¿Cómo explica esto?

F.H. Con todas las deficiencias la administración de justicia debe resolver por vías procesales y de manera civilizada los conflictos de los colombianos. Pero el gobierno prefiere incrementar el conflicto armado y la estructura de la Seguridad Democrática para reprimir a la población, en vez de superar los problemas en delito que hay.

LdV. ¿Cómo fue la solidaridad con el cese de actividades? 

F.H: Hubo presencia de organizaciones sindicales hermanas. Esa solidaridad expresada en asistir un día o dos a pronunciar un discurso y no proyectada a un plano más concreto, tiene que ser superada. Tuvimos que batallar solos durante 27 días, el acompañamiento sigue siendo muy débil, así un sector en conflicto puede ser golpeado más fácilmente. Una huelga es un pedazo de lucha de todos los trabajadores colombianos y esto debe convocar a una participación más decidida de los demás. Hacemos un auto- crítica a Asonal judicial y un llamado a todo el movimiento sindical. La misma Cut y Fenaltrase  tienen que revisar esto del apoyo. En la manifestación del 6 de junio brillaron por su ausencia.

LdV: ¿Qué lograron con el movimiento? 

F.H. Primero el reconocimiento prestacional de los trabajadores de menores ingresos y la eliminación de los condicionamientos de la bonificación para jueces y fiscales. Se hubiera podido conseguir más, porque el movimiento atravesaba por un momento brillante. La consulta que hicimos trabajador por trabajador ratificó la movilización. El gobierno venía retrocediendo, se mostró preocupado, buscó a través del amedrantamiento y del acuerdo, que esa manifestación del 6 de junio, no se realizara. El paro tiene un balance positivo en la medida que recupera la movilización de nuestro sector, enfrentamos la política de Uribe, pusimos de presente que en Colombia la administración de justicia opera en condiciones de olvido. Enfatizamos en la movilización de los trabajadores superando las vías jurídicas, que no son las preponderantes. Asonal se fortaleció.

LdV. ¿Por qué levantaron el paro?

F.H. El dos de junio el Ministro del Interior citó a reunión a la Comisión negociadora, ratificó sus amenazas. Esa noche tres de los negociadores: Esperanza Delgado, Luz marina Hache y Miguel Ardila, seguidores del Polo Democrático Alternativo, por encima de la decisión de los trabajadores, de la Junta directiva nacional y de los otros negociadores Humberto López y este servidor resolvieron firmar un acuerdo. Insistimos en que no lo hicieran, que eso era una entrega del movimiento, tuvimos que retirarnos, dejando claro por qué no firmábamos. Ellos anunciaron que el paro se levantaba  porque se había llegado a un acuerdo con el gobierno.

Esto causó desconcierto, muchos trabajadores levantaron el paro atendiendo esa orientación, teníamos dificultades en la mayor parte del país. Otros, cuando se enteraron de lo ocurrido manifestaron su intención de reiniciar el paro. El 6 de junio hicimos la marcha de la dignidad, para rechazar la posición del gobierno, el acuerdo suscrito y rodear de solidaridad a este servidor ante los ataques infames que hizo el presidente del Consejo Superior de la judicatura.

LdV.¿Qué actitud tomaron los trabajadores frente a estas personas?

F.H. Fue impresionante, en el complejo Judicial de Bogotá, en las asambleas hicieron presencia los tres aludidos negociadores, con el ánimo de explicar lo inexplicable, fueron abucheados, insultados, los trabajadores expresaron su total indignación. Estos tres delegados fueron sacados de allí por la policía, custodiados porque habían podido ser agredidos.Se causó mucho daño al movimiento, a veces pasan años para reconstruirlo. Las bases sintieron gran frustración, por eso los han acusado en todo el país de haber configurado una entrega. Alguien con una responsabilidad de estas, no se puede equivocar gratuitamente y si lo hace tiene que pagar los costos políticos y eso fue lo que los trabajadores cobraron, por eso han pedido su expulsión de la organización con miles de firmas. La asamblea de delegados  debe tomar la determinación de expulsarlos o no.

 

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