¡No votar el referendo!

En las elecciones del 25 de octubre

* El pais se polarizo entre uribismo y sus opositores

* En su llamado a la abstención el Partido Liberar planteó que el referendo tiene <<beneficios aparentes y perjuicios ocultos>>

* Impedir que el gobierno obtenga los 6.100.000 votos que necesita para validar su engendro plebiscitario es la meta de la <<abtenención activa>>

Con la postura asumida por la dirección del Partido Liberal, de llamar a sus bases a la abstención activa contra el Referendo, el país quedó polarizado en dos bandos claramente definidos: por un lado quienes de una u otra forma cierran filas en torno al reino del «corazón grande y el pulso firme» y, por el otro,las fuerzas que en mayor o menor grado se le oponen. Para el gobierno no es fácil conseguir los 6.100.000 sufragios que necesita para validar su engendro plebiscitario. A la campaña por el sí, acaudillada por el propio Uribe, ha tenido que sumarle otra para vencer la abstención. El régimen ha enfilado todo el aparato oficial hacia ese fin, desde el Sisben y los subsidios de vivienda hasta el presupuesto y el Plan de Desarrollo; lo siguen toda la oligarquía, representada por el Consejo Gremial, que en su respaldo está gastando dineros a porrillo y ha puesto a funcionar a todo vapor la maquinaria de los medios de comunicación.

 Del otro lado, la campaña abstencionista ha cobrado más vigor. Para facilitar el accionar opositor, la inmensa mayoría de sectores que se oponen al propósito oficial tienen el acuerdo básico sobre que la única manera viable de enfrentar el plan uribista es llamar a no votar, ya que el voto por el no, aunque algunos lo defiendan con cierta inocencia, simplemente contribuye al logro del objetivo gubernamental.

Destaca la decisión del liberalismo liderado por la aguerrida senadora Piedad Córdoba. En la última Convención Nacional, una mayoría aplastante de delegados se había pronunciado a favor de no concurrir a las urnas. De nada valieron las presiones de los expresidentes Turbay y Samper para evitar que la nueva Dirección Liberal cumpliera ese mandato. La declaración publicada en El Tiempo, en cuya elaboración participaron connotados juristas y economistas, demuestra con sólidos argumentos que el Referendo tiene «beneficios aparentes y perjuicios ocultos».

La Corte Constitucional dejó intacta la esencia del Referendo. Pero, de seguro movida por la pretensión de aparecer independiente, en su fallo terminó por recortarle algunos de los elementos que facilitaban al gobierno acopiar carne de urna, pues golpeó la estructura organizativa de la campaña por el sí, al desmontar de un tajo a los 13 mil jefes de debate que Uribe se había propuesto tener mediante el expediente politíquero de prorrogarles el mandato a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, ¡en el referendo «contra la corrupción y la politiquería»! También lo complicó un tanto al negar la posibilidad de votar en bloque, ya que quienes se molesten en leerlo se demorarán su buena media hora en el cubículo electoral. Así se desbarató, en parte, la provocación altanera del ministro Londoño, según la cual, no se trataba de leer el texto, enrevesado e interminable, sino de votarlo. Conspira igualmente contra el plan de nuestro aprendiz de Fujimori, la orden de suprimir las introducciones a las preguntas, las cuales consistían en la curiosidad de ofrecerle al votante la llegada al paraíso, pero comprando un tiquete hacia el infierno.

Descontado lo anterior, se mantuvo el alma bifronte de la propuesta. Por una parte, el grueso paquete de determinaciones contra los asalariados ordenado por el Fondo Monetario Internacional, una especie de reforma laboral para los trabajadores públicos, que les suprime el régimen especial de pensiones a los maestros y otros empleados, y la congelación de sueldos y pensiones de quienes ganen de dos salarios mínimos en adelante, golpe rudo contra los empobrecidos funcionarios y pensionados que terminará por llevar más penurias a sus hogares, amén de los efectos recesivos que esto traerá sobre el conjunto de la economía. También extendió su visto bueno al cierre de las Contralorías, para abrirle paso a la privatización del llamado control fiscal.

De otra parte, está la andanada para reducir las cámaras legislativas y las disposiciones «clonadas» de la reforma política recientemente aprobada: el umbral, la cifra repartidora, además de la disminución en un 20% de las curules a proveer en el Congreso, lo que llena aún más de cicaterías el régimen electoral y hace cada vez más difícil la participación y el acceso a las corporaciones para los sectores disidentes o que no tengan vínculos con las multinacionales, los linces de las finanzas, los grandes magnates de los medios, la industria o el comercio, o con el abundoso favor estatal de la contratación. La decisión también le dio paso a la parte demagógica (la carnada) que pretende instituir por enésima vez lo ya establecido, normas existentes de antiguo, y que son letra muerta. Son las atinentes a las llamadas incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas y las referentes a los auxilios parlamentarios, que siempre se suprimen y siempre sobreviven, porque son el alma misma de la relación entre el ejecutivo y el legislativo en esta y todas las democracias burguesas que en el mundo han sido.

La bendición de la Corte a estos puntos presentados por Uribe y convertidos en Ley por el Congreso, bien puede servir como un curso acelerado sobre cómo los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no son más que las tres personas distintas de una misma y poderosa máquina de opresión de la minoría dominante, contra las inmensas mayorías subyugadas.

El gobierno ha escogido la fecha del 25 de octubre para celebrar la engañosa consulta, esto es, un día antes de las elecciones regionales y locales, con el fin de hacer simultáneamente las campañas por el referendo y las de sus validos. Así podrá controlar a éstos más fácilmente, recordándoles a diario que el favor oficial, que al fin de cuentas es el más grande poder electoral de la nación, sólo es viable si a la agitación por sus candidatos le suman la consecución de votantes por el plebiscito en torno a la figura presidencial.

Empero, como la falaz democracia participativa instalada en 1991 no podía preverlo todo, el requisito de que el referendo sólo tendrá validez si en él participan el 25% de los ciudadanos aptos para votar, esto es, más de 6 millones de sufragantes, le terminó por dar validez jurídica a la abstención, lo que ha permitido que crezca la audiencia en este sentido. Por ello Uribe no tiene el camino totalmente despejado, a pesar de que todo da trazas de que se trama un fraude descarado, no sólo por la tradicional coacción sobre los electores, sino porque el control absoluto que los amigos del gobierno tienen en muchas regiones del país puede permitir que se pongan en práctica subrepticiamente los mecanismos que personajes destacados del uribismo plantearon hace unos meses, como el de repartir previamente los tarjetones para que el ciudadano llegara con ellos marcados a las urnas.

A pesar de todo, el grito de batalla por la abstención sigue creciendo y la cúpula gobernante y su bienamado Salvador pueden terminar cosechando un fiasco del que no se recuperarán fácilmente.